La Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT ha recaudado cifras históricas. Se han cobrado 191 151 millones de pesos de enero a septiembre de 2020, que en términos nominales representa 200% más respecto del mismo periodo de 2018. Sin embargo, según algunos especialistas se podrían estar violando los Derechos Humanos de algunos contribuyentes. Así, con fecha de 20 de octubre de 2020, la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés American Bar Association) envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, firmada por Patricia Lee Refo, presidenta de esta asociación.
La carta se envió con copia para Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal.
Los miembros de la ABA a menudo citan como una de las razones importantes para pertenecer a esta organización la defensa del Estado de Derecho. La mayoría de los esfuerzos de defensa de la ABA se centran en los Estados Unidos de América, pero también promueven el Estado de Derecho en el resto del mundo.
Hay tres situaciones que preocupan a la ABA y lo hacen saber en la carta:
- Varios altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han manifestado que los miembros de la abogacía son un obstáculo para los objetivos de transformación que tiene el gobierno mexicano.
- Funcionarios gubernamentales han pedido a las personas o entidades que se perciba que no han cumplido con sus obligaciones legales se abstengan de buscar representación legal y en su lugar se acerquen directamente a las agencias gubernamentales para corregir su situación.
- La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) inicia o amenaza con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria que perciban que se ha cometido.
Para la Asociación de Abogados de Estados Unidos, estos derechos están íntimamente ligados al derecho de los abogados, consultores y litigantes a ejercer la abogacía, brindar asesoría legal y representar a sus clientes frente a acciones gubernamentales.
Para la ABA estas acciones violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos, entre otros, por los artículos 14, 17 y 20, fracción B, inciso VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que México es parte.
Lo anterior concuerda con lo que señala en Reforma, el Dr. Héctor Herrera Ordóñez, Presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C., cuando dice que las autoridades piden a los contribuyentes que renuncien a su asesoría legal. Así, los pagadores de impuestos tienen que negociar directamente con el SAT.
Se focalizan en grandes contribuyentes que el SAT supone que tienen prácticas fiscales agresivas para intimidar a las empresas a realizar prácticas de autocorrección y de esta manera evitar ir a los tribunales.
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