Siempre ha sido una mala tentación de los gobiernos regular precios ante el fracaso para crear condiciones de mercado que equilibren una adecuada oferta-demanda.
La amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador para competir de manera desleal contra gaseros y posteriormente el intento de control de precios a través de la Comisión Reguladora de Energía está provocando una rebelión que puede tener repercusiones en otros sectores de energía como el gasolinero.
Esta vez iniciaron más de ocho mil piperos de gas en el Estado de México pero amenaza con extenderse a otros estados de la república.
La razón del porqué los gaseros de la CDMX y Edomex entraron a paro se debe a que el precio de 11.52 pesos por litro en la capital es apenas el precio de operación de las plantas de distribución. Las pipas, socios comerciales de las plantas como comisionistas y no empleados se quedan sin margen de ganancia a los comisionistas.
Los comisionistas afectados son alrededor de 16 mil personas que están relacionadas en la entrega final del producto. Con ese precio no se tienen ni 100 pesos de utilidad al día, por ello las plantas, al no tener garantías laborales, comenzarán a cerrar.
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, afirmó que con la publicación de los precios máximos en la comercialización de gas LP o doméstico, además de tener una competencia justa, se evitará que los gaseros “se pasen de rosca” ya que se les retirará la concesión si no cumplen. Anunció que pronto se contará con la aplicación para dispositivos móviles “Gas LP Justo” en la que se podrán hacer comparativos y denuncias.
Sheffield Padilla indicó que se estableció un precio máximo para cada una de las 145 regiones o los municipios que la conforman y ningún permisionario podrá comercializarlo por encima de lo estipulado por la CRE. El funcionario afirmó que en las alcaldías de Iztapalapa y Azcapotzalco es donde más se presentan los abusos en la venta de Gas LP en cilindros, “donde hay alteraciones en el mercado”.
En este mismo tema se encuentran los precios de garantía que en realidad son controles de precios con otro nombre. En ese caso, el gobierno establece un precio que pagará a pequeños productores a través de Segalmex, un organismo que intenta nacer de Liconsa y Diconsa.
Esos precios gubernamentales ya fracasaron. Los productores se quejan de que no se les está pagando el precio prometido y algunos de ellos de que simplemente no les reciben el grano.
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