La larga marcha española

Es un proceso de largo plazo destinado a generar productividad factorial como núcleo de la ventaja competitiva nacional La fiesta empezó con los Pactos de la Moncloa. El 25 de octubre de 1977 se firmaron tales Pactos...

7 de junio, 2023

Fernando Jeannot

Es un proceso de largo plazo destinado a generar productividad factorial como núcleo de la ventaja competitiva nacional

La fiesta empezó con los Pactos de la Moncloa. El 25 de octubre de 1977 se firmaron tales Pactos destinados a reorganizar la gobernanza pública y privada desde el franquismo al régimen monárquico-parlamentario.

La estanflación de los 1970 pegó duro en el desempleo disimulado durante el franquismo por la emigración a toda Europa, la cual retornó entonces a su país natal presionando marcadamente la demanda de trabajo y aunque la inflación corriente 1977 del 26% castigaba con inclemencia al poder de compra de los asalariados. La clase empresarial rentista se escandalizó ante la modernización institucional y, sobre todo, con la recuperación del poder de reivindicación de los trabajadores, porque había sido formada por el franquismo en el corporativismo de compadres y la política económica de Estado implementada exclusivamente para beneficio de los cazadores de rentas; pero no para los asalariados.

Se estableció el despido libre para un máximo del 5% de la plantilla, el derecho a la adhesión sindical; además de que se igualó al techo de los aumentos salariales con la inflación a valor presente, y se devaluó a la peseta para que flotara libremente en el mercado. Los acuerdos del Palacio de la Moncloa fueron aprobados por un Parlamento que consagró a la colaboración de clases necesaria para desarrollar la ventaja competitiva nacional.

Se enfrentó a la estanflación con el control monetario de la inflación, las devaluaciones de la peseta y la expansión del gasto público. Fruto de la destrucción creadora, las empresas que más quebraron fueron las menos tecnológicas y más mano de obra intensivas, particularmente en las actividades de carbón, siderurgia, productos metálicos, buques, textiles y confección, electrodomésticos y fertilizantes.

España trató de alcanzar al pelotón de cabecera europeo mediante una reorganización radical de las instituciones y las organizaciones. Las más importantes fueron la legalización de las centrales sindicales en 1977 y las primeras elecciones democráticas. Una nueva Constitución fue promulgada en 1978, la cual reconoció el derecho a demandar despido improcedente. Así, se echaron a andar políticas económicas dirigidas a frenar la espiral precios salarios, se agilizó la instrumentación de la misma, y se planteó la reconversión industrial.

La fiesta terminó cuando se perdió capacidad de generar PIB potencial. El renacimiento español fue envejeciendo, tal como lo muestra el gráfico anterior. Entre 1999 y 2002, cuando la verbena estaba en su apogeo, el PIB potencial español fue superior al de la OCDE pero, a partir de entonces, fue inferior y cada vez en mayor medida: si en 2003 la diferencia OCDE/España fue 225,551 MM de dólares EE.UU.; en 2022 fue 375,226. El desinfle español entrañó perder capacidad de generar productividad factorial.

El festejo había terminado: se disparó la deuda pública y se debilitó notoriamente la creación de empleos formales. Al estilo latinoamericano, se dualizó el mercado de trabajo en actividades formales e informales. La tasa de desempleo formal para 2023 se prevé en 12.2% de la población económicamente activa, dentro de un mercado de trabajo signado por el trabajo precario, el cual no solamente es un colchón de los despidos formales, sino también la variable de ajuste del mercado laboral en el decir de los neoclásicos siempre dedicados a crear neologismos que disfrazan a la realidad española del trabajo entrampado en la precariedad y sin posibilidad de pasar a la formalidad, por lo que cristalizan la desigualdad en el reparto del ingreso. No hay ningún ajuste, sino una vuelta de tuerca inequitativa.

El desarrollo de la ventaja competitiva nacional padece un desplazamiento demasiado prolongado. Peor aún y en 2020, la competitividad estructural se precipitó a su nivel más bajo desde 2014 para permanecer en el grupo de las economías más o menos estanflacionadas hasta 2023, mientras que sus vecinos europeos avanzan cada año en la ventaja competitiva, aunque estén lidiando con la estanflación occidental.

Comparada con el entorno europeo, la inversión en ID es insuficiente: en 2018 y como porcentaje del PIB, la española del 1.24% fue escaza con respecto a la alemana del 3.13%, del 2.2 en Francia, del 1.39 en Italia, del 1.36 en Portugal, del 1.18 en Grecia, y, sobre todo, del 2.12 en la Unión Europea.

España no es el peor de los mundos para vivir. El Índice de Progreso Social (Social Progress Index) calcula la extensión en la que los países satisfacen las necesidades sociales y medioambientales de sus ciudadanos. Tiene 54 indicadores agrupados en tres subconjuntos: necesidades humanas básicas, bienestar fundamental, y oportunidades de progreso. Este índice sigue los conceptos heterodoxos de Amarthya Sen y Douglass North. El SPI mide el bienestar de una sociedad observando los resultados sociales y medioambientales directamente, o sea, en forma separada de los factores económicos. Define al progreso social como “la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer las bases que permiten a los ciudadanos y las comunidades mejorar y sostener su calidad de vida, y crear las condiciones para que todos los individuos puedan alcanzar su verdadero potencial”. Con el liderazgo intelectual de Michael Porter y Scott Stern, se redactó una versión mejorada del mismo en 2015, la cual intenta superar al Índice de Desarrollo Humano demasiado concentrado en indicadores económicos. En 2023, España alcanzó 81.17 de 100 en el índice de progreso social; 91.09 en necesidades básicas; 76.79 en bienestar; y 75.62 en oportunidades.

En este escenario social, el entablado político acaba de conmoverse con bombos y platillos, porque Pedro Sánchez anunció un sorpresivo adelanto electoral que apuesta al “nada o doble”, en lugar de esperar el convite programado para diciembre 23 donde – según Pedro Sánchez – tendrá que apostar al “nada o nada”. Dijo Sánchez que quería clarificar (sic) si su gobierno sigue conservando la mayoría electoral lograda por el progreso social y la calidad de la vida reseñados en párrafos anteriores. Lo que queda claro sin lugar a dudas, es que Unidas Podemos ha perdido casi todo el capital electoral que tenía. ¿Habrá comenzado el principio del fin del populismo español?

El rezago español en la ventaja competitiva nacional, no ha logrado una larga marcha fructuosa para el desarrollo sustentable de los factores de la producción y, por esto, son vulnerables tanto su progreso social como su calidad de vida.