Entre las interrogantes económicas más serias que puede haber en la transición de un gobierno como la que atravesaremos este año, está la de la situación de las finanzas públicas del país. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), desplegó hace un par de días un análisis que conjunta la visión de diversos especialistas y organizaciones de la sociedad civil con respecto al tema.
El IMCO señala que el desempeño de las finanzas públicas en 2023 y lo previsto en el Paquete Económico 2024 no aseguran la estabilidad fiscal en el futuro. En primer lugar, en 2023, fue complicado alcanzar las metas de ingresos que el gobierno se planteaba. Al cierre del año 2023, los ingresos provenientes del cobro de impuestos sumaron 4.5 billones de pesos, pero la Secretaría de Hacienda estimó una recaudación de 4.6 billones de pesos, por lo que los ingresos tributarios quedaron por debajo de lo programado en 2.2% (103 mmdp).
La recaudación en diversos rubros ha alcanzado niveles históricos durante esta administración, en buena medida por la decisión del gobierno federal de no seguir postergando el cobro de impuestos a muchos de los grandes contribuyentes de este país, lo cual ha sido una decisión atinada, según apunta el consenso de los propios especialistas en el tema. Los ingresos tributarios tuvieron un incremento del 12.3% en 2023, incremento que abarcó poco más de 497 mil millones de pesos. Sin embargo, las metas de ingresos durante 2023 fueron menores porque los ingresos petroleros experimentaron una importante reducción.
La reducción de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) que el gobierno federal está obligado a cobrar a Pemex ocasionó faltantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El gobierno federal ha incurrido en resoluciones misceláneas en lo referente al DUC que se tomaron de manera discrecional, es decir, sin consultar al Congreso o planear mecanismos de compensación en las entidades federativas para prever la situación desafiante que representa tener menos ingresos en un ejercicio presupuestal a nivel local.
La situación de PEMEX es un riesgo financiero
Pemex ha recibido durante esta administración tan solo por transferencias del gobierno (enero de 2019 a septiembre de 2023) la impresionante cantidad de 993 mil millones de pesos. A esta exorbitante cifra se suma lo que PEMEX ha recibido a través de la reducción del DUC, nada menos que 457 mil millones de pesos.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, la paraestatal ha continuado mermando su situación patrimonial. El IMCO apunta que:
- Durante el sexenio del presidente Peña Nieto, por cada peso de activos, PEMEX tenía pasivos de 1 peso con 50 centavos.
- Durante este sexenio, al cierre del ejercicio 2022, por cada peso de activos, PEMEX tenía pasivos de 2 pesos.
El lado negativo de apoyar a PEMEX desde el gobierno por la vía de aportaciones de capital o estímulos fiscales, es que esto quita recursos públicos que deberían servir para rubros como la salud, el mantenimiento de las vías de comunicación, la educación o la seguridad pública.
Desde el gobierno, los señalamientos a lo riesgoso que se ve PEMEX hacia el futuro se centran en una supuesta falta de empatía o respeto por la empresa paraestatal y la autonomía energética del país, pero esa no es la cuestión, sino analizar los datos para en conjunto como sociedad, ver de qué manera se pueden mejorar las ideas y aminorar los riesgos.
Los indicadores de bienestar social resienten el apoyo a PEMEX
La merma en la recaudación con respecto a lo planeado el año pasado hizo que el gasto neto del sector público (8.1 billones de pesos), se quedara corto en 2.2% (180.8 mil millones de pesos) con respecto a lo que se programó.
No es que los recortes al gasto público sean un asunto poco frecuente, de hecho muchas veces son de gran utilidad para amortiguar eventos inesperados que pueden desestabilizar con fuerza el entorno macroeconómico.
Sin embargo, el análisis del IMCO hace hincapié en algo que a mi parecer es el punto más álgido de la cuestión (cito textual el comunicado):
1. “Las medidas de austeridad fueron aplicadas sin planeación entre las distintas dependencias y organismos públicos, y sin considerar las necesidades de la población ni las afectaciones que pudieran tener en la calidad de nuestra democracia”.
2. “De los 10 Ramos Autónomos, siete cerraron 2023 con recortes en su gasto aprobado. El mayor recorte se dio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual erogó 1.6 mmdp, 11.3% (203 mdp) menos de lo aprobado”.
Es importante pormenorizar en algunos rubros que fueron afectados por los recortes al gasto público, pues inciden de manera más que directa en el bienestar general de la población mexicana.Por ejemplo, el gasto destinado al rubro de Salud, ascendió a 808 mil millones de pesos en 2023, el cual refleja una caída de 3.4% (28 mmdp) frente al ejercido en 2022. El IMCO enfatizó que los distintos sistemas del sector público federal dejaron de gastar en su conjunto 6.9% o 60 mmdp de los 868.1 mmdp aprobados para el año.
Se trata del mayor recorte al gasto en salud registrado ¡en los últimos 20 años!, tanto en porcentaje como en magnitud total.
Otro ejemplo es el de las entidades federativas, que fueron duramente castigadas presupuestalmente a pesar de que las necesidades y demandas de la población en varios estados se exacerbó.
Las participaciones federales, que juntas suman 1.1 billones de pesos, quedaron 5.9% por debajo de lo que se programó, ocasionando una merma en ese rubro de 71 mil 500 millones de pesos.
Últimos comentarios
México fue uno de los pocos países que durante la pandemia no elevó considerablemente su gasto para aliviar el malestar social y económico que este desafío representó.
A pesar de ello, el país cerró en 2023 con los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) en un nivel de 4.3% del PIB, representando 1.36 billones de pesos.
Conviene recordar dos cosas:
1. El propio gobierno fue incapaz de cumplir su meta, pues los RFSP quedaron 0.2 puntos del PIB por encima de lo que se planteó. La meta era alcanzar como máximo 4.1% del PIB.
2. En el cierre de la administración anterior, de Enrique Peña Nieto, los RFSP fueron 2.1% del PIB. Esto evidencia que la actual administración está forzando la estabilidad de las finanzas públicas. No es cosa menor elevar los requerimientos en 104% al término de 5 años.
Como consecuencia de todo lo anterior, en 2023 el servicio de la deuda representó nada menos que 3.3% del PIB (un nivel no visto desde la década de los noventa que tantas malas experiencias nos dejó), y rompiendo el techo del billón de pesos por primera vez en la historia.
Quienes calmadamente sostienen que el país no tiene un problema con la deuda pública, omiten hablar de la trayectoria que ha tenido esta en los últimos años y lo que significa si lo comparamos con algunos aspectos relevantes en el presupuesto. Por ejemplo, el IMCO destacó que el costo financiero de la deuda en 2023 representó el 97% de los ingresos petroleros del sector público.
De tal suerte, corregir el rumbo de las finanzas públicas en materia de endeudamiento requerirá que el país crezca a tasas mucho más aceleradas, lo que se antoja difícil cuando vemos el estado de la infraestructura que tenemos. Un ejemplo clarísimo son las carreteras, donde por proteger las inversiones y gastos en los proyectos emblema, el gobierno federal ha descuidado su mantenimiento, lo que a su vez repercute en la inseguridad de dichas vías de comunicación.
La pregunta natural es: ¿Cómo vamos a crecer y aprovechar ventajas futuras como en nearshoring con una infraestructura general tan precaria?
En conclusión, el panorama de las finanzas públicas del país es preocupante para quien gane las elecciones presidenciales este año, pues la futura presidenta recibirá una administración financieramente desgastada, con proyectos que seguirán acrecentando los pasivos del gobierno; proyectos de muy baja rentabilidad social y económica, dicho sea de paso.
X: @romero_hicks
Facebook: José Luis Romero Hicks
Referencias:
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