El Presupuesto

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28 de diciembre, 2020

Resulta difícil crear una imagen de anticipación del gasto corriente cuando en dos años de gestión de esta transición en turno lo que hemos visto es improvisación y adaptación de circunstancias ya establecidas para reacomodar partidas asignadas o cancelarlas. El afán de centralización no cede un ápice y confronta expectativas de la sociedad, todas creadas de tiempo atrás y en marcha. El tema de la corrupción no ha prosperado ni en su combate ni en la excusa itinerante y cansada como bandera y primicia de gestión. En relación al pasado, los culpables no hacen presencia; la mención de dos incidentes aislados ha sido olvidada y la credibilidad de ataque frontal a las causas que arrojó el eterno candidato, se nublaron en el mandato conferido.

La marcha misma de una centralización arrebatadora de presupuesto y ahorradora por supuesta consecuencia, ha asomado una inoperante premura por capturar una dispersión del recurso de la nación, para situarlo en pocas manos y haciendo de un derroche inusitado, un desorden previsto en la ausencia de bases controlables. A dos años de distancia, nunca existió modelo ni proyecto económico. El ahorro de 500 mil millones de pesos derivados de una presunta corrupción imperante, no hizo presencia. Desde el primer día se desvaneció y se incorporó a un modelo de austeridad republicana, para disfrazar un eufemismo caracterizado por recortes sin miramiento al orden presupuestal.

Pero el anuncio persiste, al menos en el discurso reiterativo del presidente, que ahora aloja más de un billón de ahorro, cuando las arcas de la hacienda pública muestran una precariedad jamás vista. De la dispersión, así llamado el fenómeno de la dádiva por el presidente, al ahorro de más de un billón de pesos, surge un mar de duda interpretativa en el uso del recurso público. Extraña circunstancia cubre una deuda que sobrepasa la mitad del producto cuando el ahorro debería solventarla. Extraña circunstancia nace de tres proyectos faraónicos que avanzan con dificultad, o no avanzan. Extraña circunstancia surge de la meta petrolera cuando esta transición ya hundió el patrimonio de la empresa insigne más de una vez para declararla insolvente.

Este gobierno perdió su capacidad de maniobra en solo dos años. Asomarse al presupuesto de la nación para 2021 no representa absolutamente nada, más allá del requisito constitucional de conformarlo. Como en los ejercicios anteriores, las partidas quedarán en la nebulosa y temida incertidumbre que tipifica el andar de esta auto denominada transformación que día con día sorprende con ocurrencias, cancelaciones o encuestas, para justificar los yerros acumulados de inicio, situación que rememora la catástrofe de estreno en la cancelación de la obra más relevante en el continente americano: Texcoco.

El sello de inicio marcado por la intemperancia y el capricho, trajo una disrupción en el orden del capital y la inversión. Vino la recesión a confirmar el modelo errado en la suposición del ahorro y captura de presupuesto, para redimir el mismo y dispersarlo como fórmula de bienestar. El desastre económico provocado por este pensamiento tan apartado de toda praxis en economía, ahora calcula dos o más generaciones para restituir el crecimiento o las bases del mismo. Recuperar el ritmo de la inversión nacional o la extranjera directa, muy aparte de la reinversión de utilidades, tal vez no se de en estos meses de espera hasta la recomposición del congreso y gubernaturas en el año que está por iniciar.

Resulta paradójico que la premura por acumular recursos, que ha lastimado orden institucional y bases de estructura de pensamiento cultural y científico, por mencionar algunas, tenga una confrontación con el dinero mismo, con su origen y con su utilidad real, la de crear más dinero, en la empresa. Al parecer el enemigo a vencer es la acumulación por la acumulación misma. Al parecer, también, es el empresario el protagonista de esta acumulación que se extiende, en el discurso imparable desde el poder en turno, a privilegios y abusos. A estos últimos, a su vez, habría que culparlos por la situación de pobreza histórica en la nación. Entonces, la cura radica en trasladar la acumulación para repartirla. Esa es la mira del presidente.

La paradoja mencionada se transforma en una creencia sin fundamento porque se piensa con extrema ligereza que el recurso al trasladarse, subsiste. El gasto público que transforma de origen el presupuesto para la marcha institucional del país, es una simple renta. Esa renta la aporta el agente económico, la empresa. La deuda pública es un instrumento de cobertura y espera mientras la renta llegue. La función monopólica, alguna vez importante en el medio mexicano, desapareció y con esa desaparición, los ingresos del Estado no serían suficientes para mantener un aparato de gobierno en funciones. El presidente quiere la autosuficiencia, en franco retroceso de la globalización.

Una nueva etapa en la escena internacional asoma un rostro menos permisivo desde el norte con Biden. El pragmatismo de un orden de ideas con mayor congruencia que el de Trump, puede sacudir en forma positiva el equilibrio entre el ahorro y la inversión. Del ahorro, nuestra tasa de referencia y de la inversión, en la extranjera directa ya presente en la energía. Un frente de mayor responsabilidad con los socios del norte sería una oportunidad para descansar un tanto la proyección populista del concepto de la acumulación y el reparto y reordenar preceptos de valía en el capital necesario. 

El presupuesto merece análisis de expertos, convocatoria y apertura en los plazos, planeación y atención a programas y fideicomisos probados en el tiempo. La apuesta a la recomposición en 2021 alienta estos propósitos. Estos propósitos se tornan más serios cada día. 

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Se reporta el crecimiento económico, la inflación, y desempleo, entre otros. Son cifras que en México alcanzan niveles muy preocupantes por las políticas públicas del gobierno actual, agravadas por las condiciones del contexto internacional. Hoy nuestro país presenta un crecimiento económico históricamente bajo, inflación imparable, y un nivel de desempleo que no cede (una buena parte de las plazas están recuperando su ocupación en la informalidad o con salarios menores). Pero los datos macroeconómicos pueden ser bastante fríos. Si se aterriza su impacto en la economía real, o en la vida diaria de la población, las cifras suben de temperatura, y sus efectos alcanzan un tono de dramatismo. Es el caso, precisamente, de la inflación, un tema sensible. “Gasto” de la población, golpeado El INEGI publicó el dato de la inflación a julio que fue de 8.15% general anual, su nivel más alto desde el año 2000. Este nivel de inflación en el país golpea fuertemente el “gasto” de la mayoría de los mexicanos. Los alimentos de consumo popular en el país son los que más presionan las finanzas de los consumidores, es decir, el bolsillo de las familias mexicanas. Y es que en el caso de las mercancías alimenticias (principalmente alimentos y bebidas) el aumento fue de dos dígitos, 12.09%; en frutas y verduras fue de 16.16%; y, en productos pecuarios (como carne y leche) de 15.96%.  El precio promedio del kilogramo de la tortilla de maíz, base de la alimentación de la mayoría de la población, ha aumentado 11% en lo que va de 2022, en los expendios de tortilla a lo largo del país, según datos de la Secretaría de Economía. Actualmente, tiene un precio promedio de $20.84 pesos, pero tanto productores como especialistas señalan que, por el aumento en el precio de la tonelada de maíz y harina de maíz (y demás insumos), el precio pudiera elevarse hasta a $30 pesos por kilo, en algunas regiones del país (existe una mayor venta de tortillas de baja calidad principalmente en supermercados, donde el kilogramo cuesta entre $13 y $15 pesos). El elevado precio en alimentos ha obligado a cambiar los hábitos de consumo de la población más vulnerable del país, lo que afecta el nivel de nutrición y bienestar (el impacto real se observa en el deterioro de la alimentación). Al ver encarecidos los alimentos se opta por productos de menor calidad, pero más baratos, o de plano, hay algunos que se tienen que dejar de consumir. Enfoque en alimentación, menor gasto a salud y educación Según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), alrededor del 55% del gasto de las familias se destina a alimentos, bebidas y transporte en el país (se excluye al decil con ingresos más altos de la población, que tiene otro esquema de gastos).  Quienes cuentan con menores recursos dedican una mayor proporción del gasto al consumo de productos básicos, que son los que muestran mayores incrementos en precios, mientras que se ven obligados a destinar menor gasto en cuidados de la salud o educación, lo que conlleva un detrimento de calidad de vida y elimina posibilidades reales de prosperidad.  Cabe agregar que la FAO (organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura) concluyó en mayo pasado, después del “Diálogo sobre situación de los precios de los alimentos y de los insumos agrícolas, así como su impacto en los sistemas agroalimentarios de México” (“Diálogo”), que alrededor del 60% de los hogares en el país se encuentra en algún tipo de inseguridad alimentaria, es decir, 6 de cada 10 hogares en el país no tienen garantizada la alimentación, mientras que casi 47% reporta reducción en el gasto en alimentos, al ver minado su poder adquisitivo. Pobreza y desigualdad social El incremento en los precios de los bienes y servicios en el país afecta con mayor severidad a los hogares con menores niveles de ingresos (familias que perciben $3 mil 313 al mes, en promedio -según datos del IMCO-).    Según el colectivo “México, cómo vamos”, al primer trimestre de 2022, el 38.8% de la población no puede adquirir la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar. Es decir, casi el 40% de los mexicanos se encuentra en condición de “pobreza laboral”, en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Los hogares en pobreza laboral solo logran alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales. Inflación y reduflación La 17a Encuesta de la ANPEC (Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes) señala que: “1) La percepción de la población es que la inflación continuará al alza por lo que resta del sexenio; 2) Se ha dado un cambio en los hábitos de consumo en las familias mexicanas al pasar a compras diarias de lo esencial, buscando una racionalización en su consumo. Se ha dejado de consumir productos por insolvencia, han abandonado marcas de su preferencia y tienden a hacer compras genéricas y a granel, y 3) Los proveedores han incrementado su portafolio de mercancías, incorporando presentaciones pequeñas. La reduflación encarece aún más el precio de los productos.” Los precios al productor registraron un aumento de 10.08% en julio. Algunas empresas y comercios del país han decidido reducir el tamaño y cantidad de sus productos para evitar encarecerlos, y ajustarlos al precio que la población puede pagar (reduflación); sin embargo, también pueden generar un deterioro en la calidad de los mismos. Es una práctica legal, siempre y cuando esté indicado en la envoltura o envase la cantidad que se está vendiendo. El más afectado es el consumidor, ya que recibe menor cantidad de producto por un precio igual o incluso hasta mayor. El efecto final es similar al de incrementos de precios: inhibe o limita el poder de compra de la población. Además, tiende a permanecer como práctica, aun cuando baja la inflación.  PACIC complementario, pero insuficiente El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (-PACIC-, acuerdo firmado el en mayo pasado entre el gobierno, productores, distribuidores y comerciantes), ha sido ineficaz para estabilizar los precios de los productos seleccionados de la canasta básica. De los 24 productos que componen al PACIC, 15 presentaron una inflación mayor al 10% anual durante julio (inclusive presentando aumentos del 30 al 60% anual -como el caso del huevo, la naranja, el aceite y la cebolla-), muy por arriba del 8.15% del índice general. La SHCP reportó, a principios de agosto, que el Gobierno ha destinado 574 mil 624 millones de pesos para tratar de contener el alza de precios a través del PACIC.  “Subir la guardia” Frente a la situación inflacionaria en el país, hay que “subir la guardia”.
  • Los Grupos de Agregados Agrícolas de las Embajadas en México y de la FAO, como resultado del “Diálogo” que se comentó anteriormente, establecieron el compromiso de trabajar con el gobierno mexicano frente a los retos actuales del alza de los precios de alimentos, enfocados en la “transformación hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes a cualquier perturbación”. Habrá que darle seguimiento y enfocar esfuerzos con productores del sector.
  • Por otra parte, además de la política monetaria implementada por el Banco de México de alza de tasas de interés, en cumplimiento de su mandato constitucional, es necesario revisar la política fiscal del gobierno federal. Frente a los limitados resultados obtenidos hasta esta fecha por el PACIC, habría que cuestionarse si habría que hacer una reasignación de recursos para posiblemente destinar un mayor porcentaje al apoyo a los productores de alimentos, y menos a combustibles (gasolina y electricidad), según haya una reducción en los precios del petróleo. Además de las medidas de producción, hay que reforzar las medidas de distribución (seguridad) establecidas en el Paquete.
  • Es fundamental impedir que la inflación se mantenga elevada en la parte “no subyacente” (que incluye a los productos agropecuarios y energéticos), que se ha mantenido fuera del objetivo, y que presiona o “jala”, a la parte “subyacente” (que son las partes que componen la inflación general, según lo define el INEGI). Al mismo tiempo se debe garantizar la salud de las finanzas públicas.
Los hogares más pobres, los más vulnerables, son quienes sufren los mayores estragos de la inflación. Es la parte de la población que se ve arrastrada a la indigencia, y la desnutrición. La inflación tiende a acentuar las tensiones sociales por el impacto desigual en la población, por lo que además de medidas fiscales y monetarias efectivas para contenerla, se deben implementar políticas que garanticen la cohesión social. Es necesario evitar que la inflación se convierta en una bomba de tiempo que detone una crisis social en el país." ["post_title"]=> string(63) "Inflación y reduflación: impacto en el gasto de la población" ["post_excerpt"]=> string(106) "Los hogares más pobres, los más vulnerables, son quienes sufren los mayores estragos de la inflación. 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El éxito de los migrantes de segunda generación

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Las historias de éxito de inmigrantes de segunda generación han sido parte de la historia de Estados Unidos durante mucho tiempo.

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