El presupuesto participativo como mecanismo que vincula y fortalece a la ciudadanía

El presupuesto participativo es un instrumento de política pública que transforma la cultura política, es decir, la relación entre las autoridades y la ciudadanía. 

23 de noviembre, 2021

El concepto de presupuesto participativo se creó en Porto Alegre (Brasil) a finales de los años ochenta, pues el partido que ganó las elecciones locales quería mostrar una nueva manera de gobernar. La idea era que la ciudadanía pudiera participar de forma más abierta con el gobierno, con el ánimo de tomar mejores decisiones. Dado el éxito del ejercicio, el presupuesto participativo se ha replicado en varios países de la región latinoamericana, pero también en Europa (París, Roma, Lisboa, Berlín, Sevilla, entre otras) y en naciones como Filipinas, Sudáfrica, Uganda, Indonesia, Kenya y Mozambique.

El cambio en la cultura política que produce el presupuesto participativo se debe fundamentalmente a que abre la puerta para que la ciudadanía opine y participe en la toma de decisiones que afectan el entorno inmediato en el que habita. Éste incide en las formas de relacionarse entre ciudadanos, pues fomenta la comunicación y la convivencia en un contexto de desconfianza y deterioro, debido principalmente a la inseguridad pública. 

En nuestro país, las primeras experiencias de presupuesto participativo se vivieron en el año 2000, y en la CDMX fue a partir del año 2001 que se implementó en algunas delegaciones. Actualmente, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que toda persona tiene el derecho, individual o colectivo, de intervenir en las decisiones públicas. En la Ciudad de México, para 2021 el presupuesto participativo representa el 3.5% del total del presupuesto asignado a las alcaldías y está destinado para proyectos propuestos y votados por la ciudadanía. Esto quiere decir que la ciudadanía sólo puede incidir en esa pequeña porción del presupuesto. Sin embargo, los efectos de esa incidencia se reflejan positivamente en distintos aspectos para la población. 

A diferencia de otras prácticas democráticas, el presupuesto participativo tiene la particularidad de que incorpora a la ciudadanía en las diferentes etapas del ciclo de la política (propuesta, aprobación, implementación, monitoreo y evaluación). A grandes rasgos, en un primer momento se crea una Asamblea Ciudadana para hacer un diagnóstico de las necesidades de la comunidad. Posteriormente, se hace una consulta en la que la ciudadanía vota por el mejor proyecto. Finalmente, se crea una Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas que reporta sobre los avances de los proyectos. Cabe resaltar que en la CDMX, éstos pueden relacionarse a obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito y actividades recreativas, deportivas o culturales.

Existen historias de éxito que contar en las que resaltan algunos elementos en común como reglas claras, una sociedad civil que se involucra y una autoridad local que genuinamente busca cooperar con la ciudadanía. 

Desafortunadamente, también existen desafíos en la aplicación del presupuesto participativo. Una de estas complejidades consiste en que este tipo de ejercicios todavía se encuentra vinculado a la voluntad política de los gobernantes en turno. Por otro lado, en muchas ocasiones se financian proyectos que son obligación de los gobiernos locales (alumbrado público, cámaras de videovigilancia, entre otros), cuando estos deberían formar parte de su programa de trabajo, sin necesidad de consultar a la ciudadanía. 

En la CDMX, quizá la principal problemática en torno al presupuesto participativo es la partidización que se ha dado de este instrumento, ya que en muchas ocasiones los ciudadanos que promueven y participan en este ejercicio, lo hacen más en su carácter de miembros de algún partido político que como ciudadanos independientes. No es extraño encontrar que los grupos políticos en las unidades habitacionales, los barrios, las colonias, etc., promuevan los proyectos que son afines a los intereses de los alcaldes en turno, o incluso de los legisladores. Por eso, sin duda, la gran asignatura pendiente del presupuesto participativo en CDMX es blindarlo contra la partidización que ha sufrido, hasta lograr convertirlo en un ejercicio plenamente ciudadano.     

No obstante estas complejidades, los beneficios que reciben año con año los vecinos de las colonias involucradas superan las desventajas. Y justamente, al hablar de los beneficios, no sólo se deben considerar las cuestiones materiales, como la aplicación de asfalto en ciertas vialidades, la instalación de luminarias, la habilitación de un módulo de juegos infantiles o de un sistema de videovigilancia en una determinada colonia. Como se mencionó al inicio, las ventajas van mucho más allá, pues el ejercicio también tiene el potencial de fortalecer a las comunidades y la convivencia, así como de reconstruir la confianza, el tejido social y la solidaridad entre la ciudadanía.

 

En octubre pasado, la Alianza para el Gobierno Abierto, Ollin, Borde Político, Accountability Lab y Ethos hicimos pública la intención de formar el primer Observatorio Ciudadano para el Presupuesto Participativo en México y convocamos a otros actores clave para unirse a la iniciativa de alcance nacional. El objetivo del Observatorio es ciudadanizar el presupuesto participativo, es decir, promover el involucramiento de los ciudadanos en torno a la toma de decisiones. Adicionalmente, el Observatorio también abrirá oportunidades de análisis para detectar las mejores prácticas y áreas de oportunidad en la materia. La convocatoria ya está abierta para aquellas organizaciones que gusten añadirse a esta iniciativa. 

1 Escamilla Cadena, Alberto. El presupuesto participativo en la Ciudad de México: modalidades y resultados. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652019000100167

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Comentarios
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Las razones son producto de un efecto global y se entiende en materia de intercambio con nuestro socio del norte en gran medida. Sabemos de la gran dependencia de nuestra actividad comercial con los Estados Unidos y también obedece a cierta lógica que las importaciones vengan acompañadas de cierta inflación que al integrarse a las cadenas productivas nacionales, tengan como resultado agregados de valor adicionales y repercutan en precios más elevados. La teoría monetaria en estricta ortodoxia, significaría un aumento en la tasa de referencia o base para desincentivar el crédito, reducir el circulante de moneda, reducir temporalmente la oferta de bienes y servicios y ajustar finalmente precios para cantidad en demanda. El equilibrio deseado no se ha presentado en nuestro entorno y existen diversas interpretaciones, todas derivadas de políticas económicas erróneas y que suman tres años. No se pretende con esta aseveración excluir la escena internacional que desde luego reúne gran parte del problema, pero las desviaciones del presupuesto de la nación a actividades no esenciales han causado un efecto devastador en la oferta; también se ha dislocado el consumo y lo detallaremos. La transición en turno no ha contemplado equilibrios presupuestales de incentivo en la producción. El simple descuido y abandono de programas en marcha, desde fideicomisos hasta reguladores regionales de asistencia simple como comedores comunitarios han provocado fallas que en el agregado nacional repercuten en forma gradual en la siembra, en la distribución y en la intermediación inevitable de cultivos tradicionales. Un breve repaso del Tratado signado en 1994 y la incorporación del capítulo agropecuario hasta 2004 nos reseñan las bondades de la apertura de la economía mexicana cuando la autosuficiencia pasó a la historia como un episodio trascendido y aprendido.  En este capítulo de la vida nacional no es menor la transición del autoconsumo a las uniones de productores, como tampoco es menor la consideración del despegue del paternalismo al campo mexicano cuando desde la semilla hasta la comercialización y el seguro agrícola se encontraba centralizado en la federación. No obstante, los programas de producción centraban su atención en áreas más trascendentales como la mecanización, la industria, la especialización y la exportación. Toda esta fase como producto de la apertura y el Tratado de Libre Comercio. Todo esto que se menciona tiene un abandono de tres años y las consecuencias afloran en medio de un rezago provocado por una pandemia y un fenómeno inflacionario global. Las consecuencias no serían tan graves si los factores del abasto se hubieran atendido a tiempo. Revertir una política de gasto en renglones improductivos como los proyectos de esta transición resulta imposible. Desafortunadamente, la visión de consumo del presidente en turno ha provocado una inserción en un ingreso sin sustento real en la dádiva y naturalmente una demanda no correspondida en la oferta de bienes y servicios derivados de una cadena que supera costos reales para competir en precios. Esto significa que el gasto público ingresa renta de agentes productivos y lo reinserta en sectores que no producen absolutamente nada.  De la visión del consumo del presidente podemos entonces dar un paso más adelante para equiparar otra visión equivocada: la autosuficiencia. Dejemos aparte la energética que nos está hundiendo, de momento. Concentremos nuestra atención en lo básico, el alimento: imagine el lector un campesino, posee diez hectáreas, le ofrecen un programa que se llama Sembrando Vida, le ofrecen una tala de su predio para integrarse al programa. Decide, entonces, talar la mitad de su haber y dedicar la otra mitad a auto consumo ante la falta de programas en los que ha participado por décadas, pero se encuentran interrumpidos o suspendidos. Tala, por decirlo de una manera sutil, devasta su propiedad. Lo visita un intermediario de Morena, le ofrece una especie de pensión mensual y le dota de un cultivo que desconoce. De esa pensión, el intermediario le resta su participación.  De ese proceso de corrupción, se deriva lo siguiente: el intermediario medra y se enriquece; el productor sacrificó una parte de su propiedad en aras de una dádiva insuficiente. El cultivo a nadie le importa, la devastación se sumó a 72,000 hectáreas en toda la nación pero el productor no lo sabe. 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La solución es la creatividad: los impuestos estatales que se estrenan en el 2022*

Las entidades estatales han planteado distintos caminos para cobrar nuevos impuestos, aprovechando, por ejemplo, los avances en las tecnologías o los retos...

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