El pasado 13 de noviembre de 2025, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió definitivamente diversos juicios de amparo y recursos promovidos por Elektra y TV Azteca, empresas pertenecientes a Grupo Salinas.
Estos asuntos impugnaban créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivados del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, e incluían disputas sobre la posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones y sobre la salida del régimen de consolidación fiscal.
La SCJN desechó las acciones legales de las empresas, confirmando las sentencias previas de tribunales colegiados que obligan a Elektra y TV Azteca a pagar al SAT.
Como resultado, Grupo Salinas deberá pagar un monto confirmado de aproximadamente 48,326 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT. Esta cantidad incluye no solo el ISR original, sino también las actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales mencionados.
Tras la resolución, Grupo Salinas anunció que acudirá a instancias internacionales para defender sus derechos, fundamentando su estrategia en denuncias de persecución política y reclamaciones de protección de derechos humanos, ante cobros que consideran dobles e injustos.
Expertos advierten que, si bien la vía internacional está abierta, las posibilidades de revertir la decisión son bajas. Un tribunal internacional tendría que identificar una violación clara a derechos humanos o tratados internacionales para anular la resolución del máximo tribunal soberano de México. Históricamente, los casos fiscales tan técnicos y complejos se consideran asuntos internos de soberanía nacional.
El Estado mexicano cuenta con precedentes donde ha defendido exitosamente sus determinaciones fiscales ante tribunales internacionales. Aunque México ha tenido victorias y derrotas en arbitrajes, los casos estrictamente fiscales tienden a favorecer al Estado.
Por ello, la opción más pragmática y rápida para Grupo Salinas es negociar directamente con la Secretaría de Hacienda para evitar que el SAT inicie procesos coactivos de cobro, como embargos, que resultarían costosos y afectarían la operación de las empresas.
La clave está en establecer un plan de pagos en parcialidades o buscar un acuerdo de liquidación que satisfaga a ambas partes. De hecho, el propio Ricardo Salinas Pliego ha manifestado públicamente su disposición a pagar y ha solicitado al SAT que precise la cifra final del adeudo.
En un escrito de dos páginas, publicado en la red social X tras la decisión del máximo tribunal hizo saber que el grupo sigue esperando la respuesta del SAT a sus “solicitudes para que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales”. Ahora, todo depende de las negociaciones para concretar un acuerdo.
Inflación se come el ingreso
La inflación alimentaria ya no es coyuntural. Es un riesgo estructural para el bienestar. Cuando casi cuatro de cada...
abril 23, 2026
La conveniencia de que el sector salud regule la economía
Los daños a la salud derivados de privilegiar la producción económica sin una visión a favor de la vida...
abril 15, 2026
Sheinbaum reescribe la ortodoxia energética de la 4T al amparo de la soberanía
Las mañaneras de la semana pasada dejaron claro que Sheinbaum está virando hacia el modelo que siguen la mayoría...
abril 15, 2026
LA CRISIS SILENCIOSA DE LOS GASOLINEROS
Mientras la atención pública se centra en los precios al consumidor, las políticas fiscales y la competencia entre marcas,...
abril 14, 2026