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Del Poder Económico

23 de noviembre, 2020

Dar una interpretación de “utilidad” a una política pública que confunde asunción con doctrina, es una forma incorrecta de estricta función de análisis como de mensaje, en una difusión que asevera un resultado que no existe. La asunción a la que hizo referencia el presidente al G20, asume un modelo probado en materia económica y no hay tal. El escudo de la pandemia se diluye ante la concepción de una austeridad calificada o adjetivada como republicana, cuando resultó en un ejercicio de recorte presupuestal sin ahorro; el gasto corriente se destinó a programas clientelares y obras que después de dos años de gestión, no muestran avance tangible.

La utilidad mencionada, en la exposición del presidente, vino a sustituir una etapa neoliberal, dando a entender que todo efecto pasado en la administración pública de la nación lo fue. La aseveración es falsa por el simple hecho de que no existe una definición estricta de un proceso que reduce el tamaño del Estado para liberar recursos y destinarlos con mayor acierto a tareas productivas. El liberalismo en todo caso podría calificar como doctrina por haber cambiado el pensamiento económico de las naciones.

De aquella acepción de la Escuela de Chicago a finales de la década de los años ochenta y principio de los noventa a estos días, la doctrina, si alguna vez lo fue, transformó la adopción de bloques comerciales en economías abiertas, llamadas ahora simple y llanamente economías de mercado. México, habría que recordarle al presidente, suscribió un Tratado de Libre Comercio en 1994 con las dos potencias del norte, tratado emblemático en su tiempo, vigente al día de hoy. De este modo, la aseveración de abandono de una circunscripción neoliberal, en el contexto que utilizó el presidente, es falsa.

La derivación de un señalamiento al G20 en el sentido de arropar una función centralista y estimular un pensamiento contrario al orden económico mundial para la reactivación de las economías, plantea, desde el punto de vista del presidente, una base piramidal que a todas luces es improcedente por constituir un desafío a la inversión como estímulo primordial de activación de las cadenas productivas y el empleo. “Primero los pobres” no es una premisa que respete los órdenes de la inversión; la base que supuestamente robustece el consumo, no es más que la dádiva implementada en dos años de gestión, proceso que ha interrumpido las cadenas de producción para insertar el empleo que generan los agentes económicos, tarea que no corresponde al gobierno.

El fracaso de esta gestión es evidente, como evidente es la renuencia al cambio de rumbo y corrección de la ruta económica. Una situación que gravita en el análisis y en la preocupación del futuro mediato es destino de inversiones y planes de expansión de los sectores productivos. Nos induce a pensar en un tema que tiene que ver con poder económico. No es igual la concentración de recursos por la vía temporal a la facultad, si así quisiéramos verlo, con el poder de doblegar la economía o la marcha de la misma.

El terreno del poder es en sí delicado, pero el poder económico lo es aún más. En la medida en que la división de poderes se diluye, la concentración de poder crece por regla natural. Si el poder de centralización se acentúa, se presenta un fenómeno que no necesariamente refleja un poder absoluto. Podrá existir un control de presupuesto y por consiguiente de gasto, pero todo esto cae en terreno finito. La razón es simple: la función de Estado descansa en un mecanismo que llamamos recaudación y la recaudación es tarea de creación, tarea que corresponde al agente económico. Sin la creación de utilidades o de efectivo no existe recaudación.

De lo anteriormente expresado, podemos concluir que la creación de utilidades es una función dinámica y la recaudación es estática. Señalar las diferencias es de vital importancia para negar toda prerrogativa empresarial al Estado. Los gobiernos no deben traspasar la frontera de su pasividad recaudatoria. Esto no significa que un gobierno progresista no se convierta en una función dinámica para acompañar proyectos que demanda la inversión productiva: la empresa. Esto justifica la infraestructura.

En alguna época, los monopolios de Estado u oligopolios distanciaron las metas del crecimiento económico por la ausencia de competencia. En ocasiones, también, el control de un bien pudo traer consecuencias que agravaron las imperfecciones naturales de la actividad monopólica; el caso de Venezuela es representativo. El modelo basado en la mono exportación creó un círculo de concentración de poder en un gobierno que a la postre se transformó en dictadura. Las condiciones de la inversión privada se encontraban anuladas de origen y no representaban más allá del 19% del Producto.

El caso de México es totalmente distinto. La inversión privada captura casi el 87% del Producto. Como ejemplo, podemos destacar la Alianza Federalista que incluye 10 gobiernos que podrían separarse del Pacto Fiscal. Estos diez estados reúnen casi el 40% del Producto. En estos días, en una nación como la nuestra y en la mayoría de las naciones del orbe, podríamos concluir que el poder económico no reúne prerrogativas de control absoluto. El dispendio de esta administración en turno, desde luego, es alarmante, pero sin la reactivación del capital y con la pirámide que propone el presidente, que invierte el orden de recuperación de las economías progresistas, especialmente las del G20, toda captura de recursos tiene vida finita.

Por otro lado, los ingresos del Estado por el Estado mismo, prácticamente están anulados y asfixiados por un modelo erróneo de concepción de autosuficiencia. Esta transición se encuentra en medio de la incapacidad para atender el contrato social y la deuda, figura abstracta que lleva acumulados dos billones en dos años, ante un enunciado de no contratarla como si las cifras pudieran ocultarse. Esta transición se encuentra muy lejos del poder económico. Y fuera de realidad en metas de recomposición de la economía.

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