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Del conflicto de interés a la pérdida real

Especular con el patrimonio de una petrolera desgastada en pérdidas de operación, desgastada en imagen y sin proyecto, en esta ocasión pone en riesgo la credibilidad de toda una nación.

21 de febrero, 2022

Manuel Torres Rivera

Los escándalos de la vida pública nacional son irreversibles; se repiten una y otra vez en la historia. Se asimilan en la sociedad como mal irredento, se arrebatan en la perversidad y en la morbosidad del abuso, se contemplan en el desvelo de la secrecía y se consumen en el fervor popular. Unos son anecdóticos por intrascendentes, otros se definen en el escarnio y la gran mayoría dañan con severidad el entorno social. El juicio tal vez sea contra la conducta humana, tal vez lo sea contra ese principio inalterable de la ética y la conciencia, pero más allá de lo conductual, existe la contraposición a la estructura formativa de un gobierno que por obligación correspondida al mandato, se reserve el privilegio de alterar disposición de facultades a su alcance por el simple hecho de tenerla.

No es menor el uso de prerrogativas desde el poder o del poder ampliado, si se entiende este a la cobertura de allegados al poder. La punibilidad del abuso puede tener interpretaciones diversas de acuerdo a la disposición del recurso material o de la tangencia con la que el abuso se disfraza, esto es, influencia, que puede ser expresada como coerción. El simple hecho de suministrar prebendas es coerción; la prebenda es una función de selección sin ofrecer alternativas, entonces si esta es definida o dirigida a alguien o algo en particular, debe interpretarse de origen como un acto punible.

Si abundamos en las prerrogativas mencionadas, no nos sería difícil interpretar las concesiones otorgadas de este gobierno en turno, que ha transitado por tres años, como un acto ilícito al otorgar sin licitación y sin concurso más del 80% de estas. Aún suponiendo que las concesiones fueran realizadas satisfactoriamente y con verdadera transparencia, el ilícito persiste en el otorgamiento de recursos públicos sin competencia. La ruptura de preceptos de ley en forma continua no necesariamente añaden a la credibilidad de un gobierno que del franco quebranto de las leyes y las disposiciones gubernamentales hace una rutina.

Esa rutina está instalada desde hace tres años y si alguien se sorprende, pues constituiría una verdadera sorpresa. Si los abusos desde el poder no son contestados o si la contestación no trasciende, la forma de gobierno es incorrecta. El verdadero problema de esta aseveración es que con el tiempo los vicios del poder se mezclan con la aceptación de una sociedad que en forma literal traduce la fórmula del abuso de prerrogativas ajenas a su entorno en un beneficio derivado en una porción mínima denominada dádiva. Esto significa que la opción del convencimiento de mayorías arrastra y sepulta el origen del recurso y también apuesta a su permanencia.

Esta secuencia de captura de mayorías, anula todo precepto de rigidez de la interpretación de la legalidad; al desvirtuarse el precepto legal, se instala una costumbre que adquiere la fuerza virtual que una supuesta mayoría en la población acepta y disculpa. Esta es la apuesta del populismo. La denomino apuesta con la responsabilidad de mi interpretación, porque desafía el tiempo. Cuba desafió al tiempo y fracasó, Venezuela desafió al tiempo y fracasó. Al desafiar el tiempo, se desafía la permanencia y esta se encuentra sujeta a la captura emocional y retentiva en la dádiva.

Retomemos el concepto del tiempo; imponer una revocación de mandato y provocar una confusión en la ratificación del mismo, es otro desafío al tiempo. El período sexenal de esta transición ya quedó cifrado en un fracaso anunciado, pero la perspectiva de ese fracaso se convierte en franco disimulo del fondo para sustentar la forma en el discurso triunfalista y arrollador. El análisis serio y contundente de las cifras poco ha logrado por la sencilla razón de radicar su blanco de ataque en una recepción calificada. Pero, esa recepción es minoría ante el avasallador discurso popular.

Entonces viene la denuncia y logra cierto avance; vienen los descubrimientos de fortunas ocultas, bienes logrados desde los rincones de la sustracción del erario. Y de ello se conforma un reto desde la esquina del acusador y la otra esquina que domina el espacio público. Se logra poco, se logra la atención y la alarma, pero dejan la amarga sustancia de la impotencia y la afrenta de la burla y la sorna delante de un micrófono.

Entonces aparece la verdadera afrenta tanto añorada: la denuncia de familia, la del presidente. Hace daño irreparable, lo hace. Ahora es tiempo de revisar qué audita la sociedad misma en ese repaso pendiente que dejó un aeropuerto cancelado y un costo de 465 000 millones; ahora se revierte esa decisión infame en la cancelación de una cervecera, de la supresión de reservas y fideicomisos y programas en marcha. Ahora la sociedad compite con ventaja, porque surge el fantasma que acechaba la credibilidad de un gobierno sustentado en papel de fragilidad. Llega el conflicto de intereses que pone en peligro una soberanía extraviada en el aval de la deuda.

La sociedad se entera de que la soberanía no se encuentra en un templete y ante un micrófono; se entera de que un discurso contemplativo en la redención de pobreza y valores se diluye en un soborno. Pero, otra vez, no es el simple conflicto de intereses perniciosos a la nación, es el juego del recurso público. Especular con el patrimonio de una petrolera desgastada en pérdidas de operación, desgastada en imagen y sin proyecto, en esta ocasión pone en riesgo la credibilidad de toda una nación ante un conflicto de interés de trascendencia. Esta es pérdida de gobierno y es real.

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