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Costos

10 de mayo, 2021

De la confirmación de la Auditoría Superior de la Federación, que el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco se ratifica en 331 mil millones de pesos, se derivan una serie de conclusiones en cuanto al manejo de la economía por esta transición que ya acumula prácticamente la mitad de su encargo. Una auditoría revela el cruce inevitable del empleo de cualquier ingreso en las arcas públicas; esto incluye naturalmente la deuda como recurso fresco, la liquidación de conceptos que alguna vez reunieron partidas presupuestales y cualquier otro desvío de gasto programado que no haya reunido su destino como presupuesto de gasto corriente.

Esta última parte es muy importante porque esta transición instaló desde su inicio una suplantación de partidas presupuestales por una eufemística suposición de cambio más eficiente en muchos casos; en otros, simplemente desapareció programas asistenciales en marcha pretextando mayor eficiencia en su cobertura y ésta jamás llegó a los beneficiarios. Se utilizó una salida que nunca operó en la llamada intermediación, aludiendo a la intermediación como vicio y proceso de corrupción. Entonces, se centralizó la operación de programas y hasta este momento no existe un padrón confiable en la utilización selectiva del recurso.

La auditoría de cualquier ente económico siempre mostrará la ruta del egreso y siempre mostrará el tiempo y circunstancia de aplicación del mismo: esto naturalmente subraya la eficiencia y control del gasto corriente cuando de la administración de la cuenta pública se trate. En la administración pública el ingreso puede ser programado, con base en experiencias anteriores de ejercicios pasados; de igual modo el presupuesto de egresos se presupone y es deber del Congreso aprobar y vigilar su aplicación. Lo más importante es destacar el término gasto que es el adecuado para representar en la ética gubernamental toda disposición del tesoro nacional.

El énfasis en el gasto corriente se hace por respeto a la norma que rige la aplicación de recursos a la vía correcta que corresponde al principio inalterable en economía de distribución de recursos. Toda desviación de la norma puede convertirse en un costo. Se remarca esta diferencia porque la concepción de gasto en la vida pública es un flujo de satisfactores y servicios y puede ser medido. El costo es simplemente una pérdida de recursos porque no cubrió satisfacción alguna.

El afán de esta transición en un ahorro inexistente, llamado austeridad y todavía adjetivado como republicano, consistió en suplir funciones en marcha, centralizar decisiones de reparto de recursos, delinear selectividad regional en esa dispersión y concentrar el recurso para una discreción que desvió el concepto de gasto y lo desperdició convirtiéndolo en costo irrecuperable. Esta constante dañó el mercado interno, desequilibró la demanda y el resultado en fecha reciente es la pérdida del control de una variable significativa en la inflación. La dispersión del recurso nunca consideró la cadena productiva; el descuido de esta fase de reacción a toda productividad estancó la producción y la sumió en una recesión del producto.

El camino de los costos se fue agravando conforme el dispendio consolidaba dos acepciones: el reparto sin control ni padrón y la construcción de obra alterna aeroportuaria, obra adicional en una refinería y un tren en la selva. Estos últimos conceptos han recibido infinita cobertura y crítica de especialistas; se han convertido en una simbología que anticipa improvisación y capricho. Resulta imposible evadir su alusión en tanto añadan a la cadena de desperdicio de recursos y costos para la nación. Con estas obras se abandonó todo concepto de gasto y de inversión pública en esta transición. La visión de inversión no puede considerarse por la utilización del presupuesto nacional que no es para eso y por la incertidumbre en el retorno de esos cuantiosos montos empleados.

Seguimos la ruta de los costos y situamos la deuda como recurso violado en su precepto primordial. La deuda pública en teoría debe ser etiquetada por el delicado destino para el que se contrata; esto significa que en todo momento debe resolver situaciones de fondo. La deuda aporta a la infraestructura carretera, portuaria, hidráulica, como ejemplo de desarrollo, pero jamás se adiciona al gasto; la deuda no es complemento del gasto corriente porque invade en forma automática la función del ingreso. La deuda coadyuva al desarrollo y si no lo hace se convierte en carga adicional del gasto en el servicio de la deuda misma.

Esta transición ha hecho un uso indebido de la deuda, no ha creado infraestructura. Si se piensa que Santa Lucía es creación de infraestructura, no podría serlo porque simplemente se concibió como una situación alterna a un espacio aéreo en operación y a otro espacio despojado de toda actividad conjunta en Texcoco, de modo que ni Santa Lucía ni la refinería ni el tren son infraestructura porque no obedecen a la demanda de agentes productivos. Los pasos son esenciales en este orden: se crea demanda de infraestructura, se resuelve en planes conjuntamente con sector privado, se desarrollan planes a largo plazo y entonces se afianza la capitalización con endeudamiento para que la operación recaiga en manos privadas,

Los pasos mencionados y la intervención del sector empresarial en todo momento, son la garantía de cualquier empresa gubernamental. Esta transición ha aislado sus proyectos del escrutinio de expertos, de guía de especialistas, de preceptos de inversión, de fondos de capitalización y de perspectivas de desarrollo, ignorando toda secuencia regional. Todas las acciones que ha emprendido esta transición de gobierno, todas sin excepción, porque la disciplina fiscal corresponde a un terreno de acción diferente, todas se han traducido en costos para la nación y muchos de ellos generacionales. La Auditoría Superior de la Federación nos revela esta circunstancia con el error de inicio de esta gestión transitoria, con un costo infame.

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