Colegios privados en crisis: el desplome económico de un gran ecosistema

7 de septiembre, 2020

Alejandra Ruiz Sanchez

Mucha tinta física y virtual se ha gastado los últimos días para hablar de diversos aspectos relacionados con la crisis educativa derivada de la pandemia por Covid-19 en el sector privado: Si funcionarán las clases online…Si los maestros están capacitados… si los colegios y las familias tienen la infraestructura adecuada… Si habrá repercusiones psicológicas… Interrogantes, todas, a las que podemos sumarles un sinfín de etcéteras.

Sin embargo, uno de los aspectos de los que menos se ha hecho mención, siendo por demás importante, es la manera en que la suspensión temporal de las clases presenciales afecta directa y gravemente a la economía de todos los giros y sectores que dependen del funcionamiento normal de los colegios privados.

Los datos duros

Según datos del INEGI, al momento de entregar los datos del censo de 2017, en México existían 43 801 escuelas privadas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), de las cuales 5218 se ubicaban en la CDMX y ofrecían trabajo remunerado a 59 113 docentes.

Con esta información, podemos hacernos una idea de la cantidad de familias mexicanas cuyo sustento proviene de la educación privada y, aunque cierto es que afortunadamente durante esta crisis podría decirse que el magisterio ha sido uno de los sectores “menos afectados”, las consecuencias para otros sectores, oficios y profesiones están siendo, por decir lo menos, desastrosas.

El “ecosistema económico” escolar

Aunque no lo parezca, la educación conforma un gran sector económico. Es toda una nueva “industria” que genera empleos y de la que dependen muchas otras actividades productivas.

Es difícil imaginar la cantidad de empleos y servicios que están ligados a las instituciones educativas, pero, solo por mencionar algunos, podemos encontrar:

Evidente es pues, que al paralizarse el movimiento normal del eslabón más importante en esta cadena, muchos de los demás elementos que la conforman se han visto afectados, especialmente porque una buena parte de ellos implican gastos que deben ser cubiertos directamente por los padres, sin intermediación de las escuelas, los cuales en este momento han sido recortados.

¿Y las colegiaturas?

No obstante y a pesar de lo anterior, justo es también mencionar que los colegios que han tenido la posibilidad de mantenerse a flote ofreciendo educación de calidad online, siguen teniendo la necesidad de cubrir todos los gastos que el personal e insumos necesitan para funcionar adecuadamente (además del mantenimiento de sus instalaciones), por ejemplo:

Nóminas (maestros, personal administrativo y de apoyo, etc.)
Mantenimiento
Limpieza
Jardinería
Impuestos y pagos fijos (predial, agua, luz, etc.)
Mantenimiento de servidores de internet
Plataformas educativas
Personal de seguridad
Telecomunicaciones
Material para limpieza y desinfección
Material para mantenimiento en general
Agua embotellada
Material de protección para empleados de guardia

Por lo anterior y al haber quedado muchas instituciones con la matrícula significativamente reducida, el pago puntual de las colegiaturas se ha convertido en un factor imperativo para poder sobrellevar la situación, conservar los empleos de la mayor cantidad posible de personas y, en el panorama más optimista, sobrevivir exitosamente a la crisis.

Solidaridad: nuestra mayor obligación como sociedad

Es innegable que las repercusiones económicas a corto y largo plazos serán graves, pero también lo es que los tiempos de adversidad exigen acciones valientes e inmediatas.

Por ello, es imperativo que hoy nos unamos como sociedad para paliar los males que nos aquejan, para ayudar a quienes menos tienen y para garantizar, con nuestro ejemplo, la formación de niños y jóvenes que crezcan sabiendo que en la solidaridad humana se encuentra la clave para poder resistir, evolucionar y trascender.

Comentarios

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El cambio del transitorio simplemente es una actualización de la ley bajo el precedente otorgado en el acuerdo A/043/2019¹ por parte de la Comisión reguladora del 16 de diciembre de 2019 al dejar sin efecto el acuerdo A/057/2018² emitido por la CRE que indicaba dentro de ésta que: “Pemex Transformación Industrial determinará, conforme a la metodología del Anexo I de esta resolución, el precio máximo de venta de primera mano y el correspondiente en las terminales de almacenamiento”. Tendría una asimetría en la parte de gasolina y diésel (petrolíferos). El acuerdo A/043/2019 estableció que la Comisión Reguladora de Energía determinó que agentes económicos distintos a Pemex Transformación Industrial abastecían con combustible distinto al provisto por esta empresa productiva del Estado (nacional o importado), al menos el 30% del suministro conjunto de gasolina y diésel del país; y Pemex Transformación Industrial podrá determinar libremente el precio máximo de venta de primera mano y de venta en las terminales de almacenamiento. Este precedente ha dado a la modificación del transitorio en la ley de hidrocarburos porque según se indica que al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios. Observaciones posibles del cambio:

Al ser la comisión reguladora de energía un órgano regulador en el mercado y no tener la protesta de cambiar la ley, se cierra la posibilidad de tener un retroceso legal, y la única forma es cambiar el texto del transitorio hoy día, pero se limita la posibilidad de este cambio en un futuro.
El precedente del cambio del acuerdo A/043 a la asimetría a las gasolina-diésel dejó la puerta abierta para aplicar a los Hidrocarburos y petroquímicos, pero en la realidad del mercado solo aplica en petrolíferos en forma directa. Respecto a los hidrocarburos (en la parte del crudo) recordemos que actualmente Pemex puede comercializar su propio hidrocarburo, y tiene a PMI. En 2020 la CNH asignó a esta filial internacional como la garante de la comercialización de crudo y gas de los contratos de exploración y extracción derivados de la reforma energética, y a donde la comercializador venderá los hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos que recibe el Estado como pago de los contratos de producción compartida. Aquí no aplica asimetría o preponderante, lo cual se indica al quitar en el transitorio que el único facultado para vender crudo es PEMEX y CNH por medio de su representante. ¿Pero un particular por qué no puede?
En la parte de PETROQUÍMICOS, debemos entender que actualmente hay un mercado donde privados realizan importación de diferentes derivados, y al ser un mercado no regulado es eliminado del transitorio en el entendido que PEMEX no cubre toda la demanda del país.
Respecto a la parte de petrolíferos cabe recordar que la CRE ha dejado sin efecto las regulaciones asimétricas en los siguientes productos: Gas Natural, Gas LP y Gasolina y Diésel; sin embargo, al continuar vigente el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos se pone de manifiesto que “continúan vigentes diversas medidas de regulación asimétrica que sujetan a Pemex a desventajas ante sus competidores, limitándola a la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la comercialización”.

Aclarado estos puntos, el mercado tiene una amplia posibilidad de crecimiento al estar todos en igualdad “TEÓRICA”. Ahora la Secretaría de Energía, Economía, SAT y SHCP, en conjunto con los reguladores, deberán facilitar a las inversiones a que PEMEX no pueda obligar a un particular en condicionar la compra de Petrolíferas o Petroquímicas. La COFECE deberá ser la comisión que faculte esto al eliminar a la CRE de la regulación, pero la CRE deberá evolucionar su posicionamiento ante su espíritu de creación de garantizar un mercado equitativo que ayude al consumidor a tener acceso a energéticos limpios, baratos y en forma continua como reza en la Constitución. La nación debe velar por el interés del consumidor del mercado local. Esta modificación al transitorio abre una gran posibilidad de mejorar la entrada de divisas, ante la contracción de la exportación expresada por esta administración, y tomando el artículo 48 de la ley de hidrocarburos alguien puede pedir un permiso de exportación, y podría comercializarlo al permitir el libre mercado, siempre y cuando, como dice la modificación actual: “La enajenación que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, será considerada como comercialización en términos de lo establecido por la presente Ley y sus Reglamentos, por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no indebida discriminación previstos en la misma”. Una persona Moral podría poner en una propuesta al Estado, indicando que puede mejorar la venta de hidrocarburos fuera de México o dentro, y podría competir con PMI. La ley es clara, si el Estado da cuenta y orden a éste podría haber la comercialización. ¿La nación qué prefiere? PEMEX al no haber la asimetría y al estar libre de decisiones tendría que incrementar el porcentaje de utilización de las refinerías y obtener una mayor cantidad de petrolíferos de salida. El objetivo es no verse inmiscuido en una guerra comercial dentro del mercado mexicano al ponerse a la par con privados que pudieran importar en forma más barata y con mejor calidad los petrolíferos, ante los cambios que ha habido como el porcentaje de azufre en el combustóleo, la entrada en México de diésel de bajo azufre para el 2024 en su totalidad de venta dentro del mercado. Esto incrementa aún más la presión a PEMEX debido a que deberá tener en corto tiempo un volumen mayor de refinados y esto deberá estar en función de cuánto crudo disponible tiene para enviar a cada refinería a sabiendas que dejar de exportar desequilibraría a las divisas. El secreto para PEMEX debería ser aumentar los petrolíferos de salida, bajar los costos de operación de cada refinería y tener un mayor porcentaje de producto nacional que importado. Pero esto será factible que lo pueda realizar la empresa, con un presupuesto limitado de acuerdo con el plan de negocios presentado recientemente. La SENER deberá cambiar la política en la forma como dan los permisos actualmente, debido a que no hay una obligación de privados (personas morales o físicas) de comprar los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a la empresa productiva del Estado. Podrán realizar sus proyectos a conveniencia de cada una, a riesgo propio y con base en su estudio de mercado realizado. Si la SENER y los órganos reguladores limitan los permisos o actividad alguna que una empresa demuestre que puede tener, esto se antepone al nuevo transitorio” “Al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados”. Al limitar el mercado, se pondría a PEMEX en la antesala de volverse un preponderante de nuevo. De ahí la necesidad de quedar plasmada en la ley. En el hipotético caso que volviese a ser el dominante del mercado y tuviera de nuevo el 90% del mercado, ¿cómo aplicaría en el futuro? El mensaje para el mercado es que no podrá tener más del 30% de la industria de hidrocarburos empresas privadas, y es una nueva acotación, como en el sector eléctrico de 60/40. Entonces queda claro: el Mercado no puede ser limitado, si algún privado puede para su negocio importar o producir sus propias materias primas y/o sus transformaciones de éstas, no deberá ser limitado, y de igual forma aplicaría para cualquiera que importe, si cumple con la ley vigente. El cambio del transitorio décimo tercero se antepone ante los cambios que se pretende realizar en TÍTULO TERCERO de las demás Actividades de la Industria de Hidrocarburos Capítulo I De los Permisos, presentado en las últimas semanas. Resumen La CRE dio un presente de libre mercado en 2019 para hacer el cambio transitorio décimo tercero de la ley de hidrocarburos, dejando, en teoría, en igualdad a todos, y ahora depende de la voluntad de la SENER y los órganos reguladores no limitar la libre competencia. Pemex deberá fortalecer sus estrategias en los costos de operación en la parte de refinerías, y ampliar el margen de ganancia para poder reinvertir en el mantenimiento y actualización de refinerías para poder incrementar el volumen de salida de petrolíferos, y dejar de importar. Además el Estado debería considerar que un privado pueda presentar una propuesta que ayude a una mejor colocación del crudo, siempre que el Estado esté de acuerdo. El mercado abierto dependerá del volumen de producción nacional: a menor cobertura del mercado, se requerirá una mayor importación. 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A raíz de esto, ha revivido la propuesta de implementar un impuesto a la riqueza. Hasta 1990, 12 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contaban con un impuesto a la riqueza personal. Actualmente solo España, Suiza y Noruega cuentan con este impuesto. En América Latina y el Caribe (ALC), Argentina, Colombia y Uruguay lo implementan. Dicho impuesto, grava el patrimonio neto total de una persona, es decir, la base del impuesto debe incluir el total de activos (patrimonio bruto) y deducir las deudas de dicho individuo. Los activos financieros a considerar incluyen a los depósitos bancarios, bonos, acciones, etc.; y los activos físicos, a las propiedades, obras de arte, joyas, yates, jets privados, vehículos, etc. Es importante mencionar que se contemplan los activos que están dentro y fuera del país de residencia del individuo. En algunos países de ALC se ha propuesto la implementación de dicho impuesto, buscando una redistribución de los ingresos, bajo la premisa que es la región más desigual del mundo. Para ejemplificar lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que “el 10% más rico de la población de la región gana 22 veces más que el 10% más pobre, y que el 1% más rico de la población obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía.¹ En ese tenor, un estudio de Credit Suisse, detalla que el 1% más rico de la región posee el 41% de la riqueza total, y que el 10% más rico de la región concentra el 72% de la misma. Actualmente, la carga tributaria en la región se basa fuertemente en los impuestos al consumo. Sin embargo, los tratamientos preferenciales favorecen a los más ricos, existen altos niveles de evasión y baja recaudación del ISR personal. El BID menciona que para implementar el impuesto a la riqueza deben considerarse dos puntos: 1) conocer el total de activos que poseen las personas. El cual representa un reto para las administraciones tributarias, ya que es complicado conocer todos los activos con los que cuenta un individuo, por ejemplo, las obras de arte y joyas, así como los fideicomisos y los activos que tienen en el exterior; 2) conocer el valor real y presente de los activos, en especial de las piezas de arte y de las empresas. Desafortunadamente, la aplicación de este impuesto podría generar incentivos para invertir en activos exentos de este impuesto, o que son difíciles de detectar por las administraciones tributarias. Por ejemplo, en Cataluña, al reintroducir este impuesto, se incrementó la inversión en activos empresariales y residencias principales exentos del impuesto. Sin embargo, su aplicación no traerá buenos resultados si no se combate a la evasión o se diseña una planificación tributaria que evite su elusión. Muestra de ello es que en los países de la OECD con este impuesto, la recaudación promedio en 2018 representó solo un 1.8% de los ingresos totales de los gobiernos y en ALC fue de 0.25%. Por lo tanto, el BID propone que, adicional a un probable impuesto a la riqueza³, las administraciones tributarias deben mejorar su recaudación con los impuestos ya existentes. Por ejemplo el predial. Éste es un impuesto simple de administrar, lo que se requiere es modernizar los catastros y por consiguiente el valor de los inmuebles. Finalmente, en lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el BID detalla que para los individuos más ricos, el retorno sobre la riqueza suele ser la mayor parte de sus ingresos totales, dado que los ingresos por su trabajo representan una proporción baja de sus ingresos. 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