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Casinos investigados: la impunidad en su máxima expresión. ¿Y la nueva Ley de Juegos…?

La causa principal del desinterés de las autoridades por crear una verdadera Industria del Juego con Apuesta es su desconocimiento del tema y su negativa a escuchar a los especialistas.

14 de noviembre, 2025

Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Casinos investigados: la impunidad en su máxima expresión. ¿Y la nueva Ley de Juegos…?

En días pasados se informó que algunos casinos están siendo investigados por “lavado de dinero”. De acuerdo con el artículo del teacher Joaquín López-Dóriga, publicado el jueves 11, existen 500 “casinos y casas de juego”, y todos están bajo investigación por este grave delito. En esta liga se puede leer del asunto.

En otra nota que leí, solo 13 casinos fueron suspendidos, es decir, el 2.6%. Llama la atención que entre ellos aparezcan dos pertenecientes a empresas de Ricardo Salinas Pliego —quien se ha convertido en el enemigo favorito de la presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum—. Francamente dudo que las empresas de Salinas Pliego en este rubro estén involucradas en tales prácticas.

Todo este revuelo desnuda, una vez más, que esta importante actividad económica —generadora de muchos empleos, impuestos y derechos— sigue descuidada por la autoridad reguladora del país. Así lo hemos denunciado en incontables artículos a lo largo de muchos años, especialmente aquellos dedicados a la Industria Hípica de Carreras de Caballos, que continúa sin una regulación eficaz; no solo en el Hipódromo de las Américas, sino también en la gran cantidad de escenarios temporales —los llamados “carriles”— que operan con absoluta discrecionalidad. Asombrosa, incluso.

Este asunto lo hemos planteado, durante años, a numerosos servidores públicos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, así como a legisladores. Por ejemplo, cuando el diputado Ricardo Mejía Berdeja presidió la “Comisión Especial para Indagar el Otorgamiento de Permisos”, creada en 2014… ¿El resultado? Nada. Recientemente solicitamos una entrevista al diputado Ricardo Monreal Ávila —influyente personaje—, quien ni siquiera se dignó responder.

Como he señalado, la causa principal del desinterés de las autoridades por crear una verdadera Industria del Juego con Apuesta es el desconocimiento absoluto que tienen de la actividad y su negativa a escuchar a los especialistas. Claro: no les conviene. Así se reserva el espacio para que permisionarios y funcionarios siempre “lleguen a un acuerdo” en lo oscurito. Para rematar, recientemente aprobaron un aumento en los impuestos del 30 al 50 por ciento, medida que encarecerá las operaciones del mercado mexicano, llevará a las empresas más pequeñas a situaciones delicadas y ahuyentará inversiones en el país, de acuerdo a la nota que se puede leer en esta liga.

Y en el Hipódromo de las Américas, las cosas siguen de mal en peor. Un amigo me comentó que recientemente una “superfecta” —atinar a los cuatro primeros caballos— pagó más de 50 mil pesos cuando, según el chart de la carrera, el fondo total apostado era de solo 27 mil pesos… ¡Alguien está robando! Resulta evidente que el señor Ubal Ríos debe investigar. Claro: como no existe un interventor de la DGJyS, tal como lo exige la cláusula décimo novena del permiso original, la impunidad y la corrupción se exhiben en su máximo esplendor.

Volvemos a preguntar… ¿Y la Nueva Ley de Juegos? ¿Quién la va a redactar y aprobar? Pedimos, con todo respeto, auxilio a doña Claudia Sheinbaum Pardo. La Industria del Juego con Apuesta vale la pena regularla como Dios Manda.

Todos mis artículos publicados desde 2014 en el generoso portal https://www.ruizhealytimes.com pueden consultarse en la liga.

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Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Nació en el seno de una distinguida familia veracruzana. Estudió en la Facultad de Ingeniería UNAM y se graduó de ingeniero civil profesión que ejerció por varios años construyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en todas las facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción de hipódromos que no se lograron por la discrecionalidad de la Ley. Se define como un "luchador de causas aparentemente perdidas”.

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