El presidente fue contundente al dar uno de los pasos más en la línea de izquierda de los países latinoamericanos: se comprometió a que su gobierno no subcontratará a ningún trabajador en la modalidad outsourcing mientras el Congreso revisa su iniciativa.
Una posición arriesgada para las finanzas públicas porque es usuario de cientos de miles de trabajadores bajo este esquema de trabajo terciario.
Pero esta iniciativa, bien recibida por los trabajadores, fue rechazada por la mayoría de los empresarios, principalmente los agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, un empresario opositor al presidente López Obrador.
La Coparmex aseguró que la iniciativa del outsourcing violenta los acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones de patrones y es una amenaza al crecimiento y creación del empleo formal, estos últimos argumentos utilizados por los empresarios, por ejemplo, para evitar el aumento al salario mínimo desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari.
Carlos Salazar Lomelín recordó que durante 2019, el propio CCE y los organismos que lo conforman participaron en un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación y se estableció un diálogo directo con las autoridades correspondientes.
Sin embargo, los sindicatos mexicanos aseguran que esta iniciativa sí es en beneficio de los trabajadores y señalan que los empresarios buscan seguir en la comodidad fiscal.
“Siento que es más bien una manera de buscar la forma en seguir en la comodidad fiscal, me queda claro que lo importante es defender los derechos de los trabajadores”, mencionó Patricia Andrade de Petromex, sindicato alterno al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
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