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Altán Redes, la empresa que ya es controlada por el Estado mexicano

El pasado 10 de junio de 2022, anunció Andrés Manuel López Obrador que el Estado mexicano es el nuevo socio mayoritario de Altán Redes y mencionó que con ello se garantiza internet gratuito para todos. En un...

15 de junio, 2022

José Luis Fernández Mazaira

En un comunicado, Altán Redes señaló que se mantiene como una Asociación Público-Privada, ejemplificando la importancia de la sinergia y cooperación entre el sector privado y el Gobierno de México, en temas estratégicos del país, como lo es la transformación del sector de telecomunicaciones.

Lo que es importante destacar es que Altán Redes concretó un acuerdo de financiamiento que le permite acceder a un crédito por 388.1 millones de dólares. Los recursos obtenidos son de un crédito DIP (Debtor in Possession, por sus siglas en inglés), que permiten a la empresa garantizar la continuidad y seguridad en sus operaciones. La banca mexicana de desarrollo le otorgó un crédito por 161 millones de dólares, es decir el 41% de los recursos, y el 59% restante proviene de la participación de los proveedores (166.6 millones de dólares) los accionistas (50.5 millones de dólares) y los clientes (10 millones de dólares).

La empresa informó que con el apoyo de todos los acreedores se avanza para presentar ante el Poder Judicial un acuerdo dentro del proceso de Concurso Mercantil, con el objetivo de fortalecer la viabilidad y continuidad de sus operaciones.

En este contexto es muy interesante la opinión de Irene Levy Mustri, presidenta de Observatel A.C., quien señaló en El Universal que el anuncio realizado por el presidente López Obrador del “rescate de Altán”, debe ser analizado de forma objetiva.

La especialista menciona varios puntos para entender los efectos de esta decisión del gobierno. Para empezar, Altán y la Red Compartida no son lo mismo, es decir, el hecho de que esta empresa que ganó la licitación del proyecto haya fracasado hasta el momento, no significa que esta política pública nacida con la reforma constitucional del año 2013 sea mala; de hecho, tiene varias ventajas y debe ser juzgada dentro del entorno histórico del sector de telecomunicaciones en México.

Por otra parte, la crónica del fracaso de Altán Redes se viene escribiendo desde hace al menos dos años. Pero este proyecto fue protegido con la creación de Promtel, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. En el contrato que Promtel tiene firmado con Altán Redes se establece un fideicomiso de mil millones de pesos, un fondo de reserva para la cobertura requerida y una garantía de cumplimiento de 5 mil millones de pesos, entre otros candados. La pregunta que se hace Irene Levy es: “¿dónde está todo eso, por qué no sabemos nada y por qué llegamos hasta el punto en que AMLO anuncia un “rescate” sin que antes se hayan activado los mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas?”

Por otra parte, la inyección de 166.6 millones de dólares que anunció el Gobierno de AMLO servirá quizás para evitar la quiebra de aquí a que termine el sexenio, pero no mucho más.

Por último, menciona la especialista, la necesidad de un plan realmente estratégico para la conectividad y la competencia, que incluya a CFE, Telecom y a la industria, no para que Altán Redes se salve, sino porque, en efecto, en este momento no se va a ningún lado y el costo de oportunidad para el país está siendo altísimo. El sector de telecomunicaciones requiere urgentemente rumbo.

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