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SE ACABÓ el TIEMPO

16 de abril, 2021

Por razones de higiene mental, había dejado de escuchar las noticias y leer los periódicos; sin embargo, al final de la semana escuché unas declaraciones incompletas del presidente, por lo que decidí buscarlas y prestarles atención. Eran las mismas bravatas retadoras con ese tono grosero de quien se siente el dueño del patio. Estaba regañando a los médicos que aún están en espera de ser vacunados. “Tienen que esperar hasta que les toque”, les dijo en tono agresivo y burlón a quienes han estado esperando todo este año y han visto morir a por lo menos 2000 de sus compañeros y amigos víctimas de la infección del coronavirus. Es bien sabido el abuso del poder, la negligencia y la mala práctica con que este ciudadano ha ejercido la administración de los gastos destinados al combate de la pandemia y a la Salud Pública de los mexicanos en general. Al final, todavía, en una artera actitud intimidatoria, nos advierte que está listo para el pleito, que es a lo que está acostumbrado.

Es obvio que él no ha entendido que el reclamo de los médicos es una formalidad justa y legítima para conminarlo a rectificar la conveniencia de vacunar a todo el personal médico en estrecho contacto con los pacientes sospechosos o confirmados de estar infectados con el coronavirus. La petición de los médicos no es ninguna disposición autoritaria ni una ocurrencia malintencionada, sino un recordatorio oportuno aprovechando el reciente abastecimiento de vacunas que se están recibiendo casi a diario y que por razones logísticas deben aprovecharse a la mayor brevedad.

Para efectos de buena comunicación y documentación, se considera que dentro del término personal médico se incluyen a enfermeros, camilleros, ambulantes, médicos, personal de apoyo en la limpieza, el laboratorio, dentistas, mantenimiento y otros servicios anexos relacionados con el proyecto de la vacunación, adscritos a cualquier clínica, hospital o consultorio habilitado para los propósitos de la atención a los pacientes.

También será necesario recordarle que nuestra calidad de ciudadanos mexicanos nos concede el derecho a la salud y el bienestar social estipulados en la Constitución Política Mexicana que él juramentó durante su toma de posesión, ante millones de ciudadanos; luego no se ha violentado ninguna disposición, sino simplemente se reclama nuestro derecho, en forma ordenada y con una actitud propia y adecuada.

Según ha trascendido, la Secretaría de Salubridad no se ha manifestado y ha delegado el asunto a otras autoridades que carecen de la competencia profesional y los mecanismos para dictaminar una posible solución en un plazo perentorio. La respuesta obtenida es sinónimo de una manera que refleja la falta de interés y la voluntad política para la resolución de estos problemas. No es mi opinión ni mi inventiva Orwelliana, sino mi experiencia de dos años como observador de esta administración.

¿Qué hacer? es la pregunta importante en estos casos. El personal biomédico mexicano debía unir sus filas y formar un frente común con sus representantes acreditados y registrarse legalmente ante las instancias correspondientes. La Asociación u organismo acreditado debía encontrar la manera de demandar a las autoridades de la Secretaría de Salud ante las autoridades judiciales correspondientes. Aunque no soy abogado, es fácil enlistar la infinidad de cargos y acusaciones cometidos contra la ciudadanía. El caso más sobresaliente sin duda es la participación del Dr. López-Gatell como el arquitecto ejecutivo de una desastrosa estrategia contra el coronavirus. Su actuación profesional ha sido una serie de mentiras y una dolosa miseria e ineptitud que ha causado graves pérdidas materiales y humanas en el medio nacional. Su responsabilidad y su culpa son extremas porque supuestamente él recibió entrenamiento profesional óptimo en instituciones de alta calidad y en teoría adquirió los conocimientos y el adiestramiento para resolver problemas epidemiológicos de gran volumen. Simplemente, no tiene la misma disculpa que podría alegar nuestro presidente quien, sin duda, es responsable de malos manejos y de mala e inepta práctica profesional ya que está absolutamente incapacitado para emitir juicios y recomendaciones que afecten a grandes núcleos de población.

El tiempo de espera ya terminó. No es posible seguir engrosando listas de héroes que murieron en el cumplimiento de sus deberes, simplemente deseamos condiciones de trabajo justas y objetivas, dirigidas por verdaderos profesionales que nos garanticen estrategias dignas y resolutivas para todos. Sabemos y estamos conscientes de la impartición de la justicia en nuestro país y en nada me sorprendería que el poder político subyugara al judicial, pero aún existen recursos para lograr nuestros objetivos, acudiendo a las organizaciones internacionales.

Vivimos en un mundo artificioso donde todo debe ser rápido y espectacular, donde las comunicaciones ofrecen la oportunidad de presenciar hechos e incidentes instantáneos que nos permiten emitir un juicio o una opinión. Existen en el mundo algunas organizaciones que vigilan y reportan hechos e incidentes relacionados con la justicia y la salud y que periódicamente emiten reportes, videos y recomendaciones a todas partes. Estas organizaciones tienen personal diestro en los aspectos sanitarios más relevantes que aquejan a grandes poblaciones y también situaciones de abuso y violación de los derechos humanos. Son absolutamente neutrales y sus juicios y opiniones están revestidos de gran autoridad y beneficio y en consecuencia son sumamente respetados. Algunas de esas organizaciones son World Health Organization, Amnesty International, United Nations Security Council, Organización Panamericana de la Salud, International Committee of the Red Cross, Medicine Sans Frontieres, etc.

Todas ellas tienen sendos expedientes, estadísticas, reportes técnicos, documentales, videos, declaraciones técnicas, etc. de los incidentes que ocurren en cada país. Así, por ejemplo David Agren reportó que hubo 97632 trabajadores mexicanos de la salud infectados entre el 28 de febrero y el 23 de agosto1, los cuales se convirtieron en 1320 muertos en el balance final que se obtuvo el 3 de septiembre (de acuerdo con datos del Panamerican Health Organization). Es necesario rectificar esta cifra con un incremento de por lo menos el 30%, porque el Gobierno Mexicano proporcionó estos datos que después se descubrieron estaban subvalorados. Madeleine Penman, epidemióloga de Amnesty International reportó que varios países latinoamericanos utilizaron modelos estadísticos que siempre dieron números inferiores en el cálculo de los decesos¹. Asimismo, un alto miembro del Sindicato de Trabajadores de la Salud del IMSS describió las amenazas que sufrían los empleados médicos si alguien reportaba las carencias básicas de los equipos y artículos de emergencia. Señaló que varios médicos y enfermeras perdieron sus trabajos por haber denunciado las anomalías o por no presentarse a trabajar.

El objeto de referir estos relatos es dejar una constancia de las difíciles y accidentadas condiciones de trabajo y al mismo tiempo mostrar que hoy en día no hay secretos y que es posible documentar cualquier incidente.

El último recurso está representado por The International Criminal Court (ICC) con sede en The Hague (Países Bajos). Esta organización se especializa en llevar a juicio casos que, por diversas causas, no fueron resueltos en sus países de origen y que buscan justicia y equidad para la gran mayoría.

Las actuales circunstancias económicas, políticas y sociales que privan en México son difíciles. Realmente no veo posibilidades de negociación, sino por el contrario, una época turbulenta de disturbios y agresiones que nos podría conducir a un conflicto mayor y un aumento significativo en la violencia y la desunión. Hace años surgió un lema político, no recuerdo de quién, que decía: LA SOLUCIÓN SOMOS TODOS. Ahora más que nunca necesitamos llenarnos de solidaridad y buen juicio.

REFERENCIAS.