José Portillo en Crónica Vasca habla sobre el populismo autoritario en México:
“Deshacerse de una prensa que incomoda con su crítica, silenciar a una academia que no forma la identidad de rebaño que marca el canon dominante, o controlar un poder judicial que podría frenar buena parte de las medidas autoritarias del gobierno forman parte de esas prácticas. Todo ello se hace en nombre del pueblo (faltaría más) y preparando de antemano contundentes campañas contra la prensa díscola, la academia indisciplinada o los jueces que creen en la separación de poderes”.
Y añade: “Las razones por las que el fiscal general se empeña en tener a esos investigadores de alto nivel junto al Cártel de Jalisco, según se va sabiendo, son de lo más preocupantes. Todo apunta a una utilización espuria de la fiscalía para ventilar vendettas personales, tanto suyas como de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología María Elena Álvarez-Buylla. Entre las cuentas que están ajustando parecen figurar el enfrentamiento de esta última con otro organismo que no controlaba (ahora con un nuevo estatuto propio ya sí) u otras pendientes del propio fiscal con algunos de esos investigadores, que le negaron varias veces la máxima acreditación investigadora (ahora ya la tiene por decisión de la presente directora del organismo)”.
Portillo prosigue: “El autoritarismo no llega ya montado en un tanque sino a lomos del populismo. A este lo mismo le valen los inmigrantes o los homosexuales que los neoliberales o los del “anterior régimen” cuando se trata de señalar un enemigo con el que no se pretende debatir nada sino, al contrario, excluirlo del debate público. Para ello tanto sirve cerrar una universidad o un periódico, como amenazar con la cárcel a unos investigadores. Entre el poder y el partido del pueblo, nada: ese parece ser el lema del autoritarismo que va ganando terreno en México”.
Gabriela Ramos, subdirectora General de Ciencias Humanas y Sociales de la UNESCO, expresó en Ginebra (Suiza) su preocupación por la situación de los 31 científicos mexicanos acusados por la fiscalía federal de delincuencia organizada a la luz de la Recomendación sobre la Ciencia y la Investigación Científica adoptada por el organismo en 2017 de la que México es parte y signatario. Para Ramos “es primordial que se respeten los derechos humanos y el derecho de los científicos a hacer ciencia. Tener 31 científicos del calibre que tenemos en la lista, pues sí es preocupante porque al final del día puede vulnerar el espacio que promueve la UNESCO para que haya una investigación de calidad. Los científicos tienen que sentirse protegidos en su derecho y capacidad de ejercer esa profesión tan importante’’.
El FCCyT es una entidad del sistema nacional de ciencia y tecnología que existe desde 2002, como una asociación civil que sirve de enlace entre la comunidad académica y el gobierno federal para la difusión social de la actividad científica y participar en la discusión de la política nacional de ciencia y tecnología. Conforme a la Ley vigente, el FCCyT tiene derecho a recibir de Conacyt los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. Esta organización entró en conflicto con la titular del Conacyt desde diciembre de 2018 porque el “proyecto transformador” pretende suprimir los espacios formales de representación de la comunidad científica y centralizar las decisiones del sector en Conacyt y la presidencia de la república. Esta idea de rectoría del Estado sobre la producción científica y tecnológica, significa una supeditación absoluta a los objetivos de la denominada cuarta transformación.
Solo la Fiscalía General de la República podía iniciar una averiguación contra los atropellos de Álvarez-Buylla, pero resulta que el fiscal Gertz fue cooptado por esta mujer que le dio algo que siempre había codiciado. el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (una de las mayores distinciones académicas en México), después de haber sido rechazado ¡cinco veces! por las comisiones evaluadoras. De esto dio cuenta el escritor Guillermo Sheridan, quien denunció públicamente que el fiscal Gertz había plagiado una biografía de Guillermo Prieto copiada de las obras de Salvador Ortiz Vidales y Malcolm D. McLean.
El caso es que Gertz Manero agradeció a Alvarez-Buylla congelando el expediente en contra de ésta y agraviado ante la denuncia, procedió solicitar la detención preventiva por crimen organizado de 31 profesores que habían sido parte de Conacyt y del Foro Consultivo. El miércoles 22, el juez federal del Altiplano (que está acostumbrado a recibir expedientes de criminales de alto calibre) rechazó la solicitud del fiscal y afirmó que no había ningún delito que perseguir, pues, como señaló previamente la Suprema Corte, el Foro Consultivo había recibido financiamiento público de manera legítima, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente hasta 2019. Simultáneamente, el rector de la UNAM y numerosas organizaciones académicas públicas y privadas emitieron comunicados exigiendo el cese de la persecución a los 31 académicos y condenando el abuso de poder por parte de Conacyt y la Fiscalía. En los medios académicos y de investigación se cree que esto no es el fin y que Gertz Manero está esperando para reabrir la carpeta.
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