El poder ha seducido a los hombres desde los tiempos más remotos
Nicolás Maquiavelo
Después de una larga carrera por la presidencia de la República en 2018, se concreta el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, logrado con amplía legitimidad y legalidad teniendo como bandera “primero los pobres”, gobierno austero, la lucha contra la corrupción y los privilegios, crear empleos, crecimiento del PIB del 6% o 4%, atraer inversiones y disminuir la inseguridad, cambiar el modelo neoliberal de los gobiernos del pasado por uno de bienestar y felicidad a las familias de México, todo ello respaldado por un movimiento denominado “Cuarta Transformación”.
Los datos en materia de pobreza no son alentadores. El CONEVAL señaló que podría incrementarse la pobreza por ingresos entre 7.2% y 7.9%, afectando directamente a la población en situación de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020.
Otros datos, proporcionados por BBVA Research indican que a causa de la pandemia se sumarían entre 12 a 16.4 millones de personas a condiciones de pobreza en México, dependiendo si el PIB cae 7 o 12%, respectivamente.
La austeridad, que es un instrumento de política económica neoliberal, es otra de las banderas que en estos 18 meses ha implementado el gobierno de México, donde los ahorros no han tenido reglas claras para su aplicación, lo cual hace que su destino sea discrecional, afectando principalmente al empleo, al crecimiento económico y a las inversiones del país; además, con esta justificación se pretende vulnerar derechos laborales como el salario y el aguinaldo.
En el combate a la corrupción, hasta hoy no ha mostrado una disminución. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 indica que la tasa se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019; asimismo, la tasa de incidencia pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017, a 30 mil 456 en 2019.
El costo de la corrupción en 2019 para las y los mexicanos fue 12 770 millones de pesos, es decir, 3822 pesos por persona. En este sentido, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que hasta el mes de abril de 2020, el 77.2% de los contratos del gobierno han sido por adjudicación directa, pero, esta cifra alcanza el 82.5% entre las instituciones que no están atendiendo a la pandemia del COVID-19.
El desempleo no mejoró con respecto a 2019. El INEGI refirió que en el primer trimestre de 2020 fue de 2 millones de personas. Cabe señalar que esta última medición se realizó con datos previos al confinamiento por el COVID-19.
Ya con los estragos de la pandemia se perdieron alrededor de 555 mil empleos formales en el país, por lo que, el CONEVAL alertó que la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3% a 45.8% en el segundo trimestre del 2020. Por su parte, el Banco de México ha mencionado que la tasa de desempleo podría superar el 10.7% en 2020, lo que podría ser la mayor caída desde 1932, cuando cayó 14.8%.
En este sentido, el INEGI en la Primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) abril de 2020, indica que 12 millones de personas económicamente activas perdieron su trabajo por la cuarentena, los cuales, no tienen percepción de ingresos de por medio y no tienen certeza si mantendrán el vínculo laboral.
Al igual, el PIB no mejoró con base a lo reportado en 2019; el INEGI indicó que el PIB en el primer trimestre de 2020, es decir, antes de la cuarentena fue de -1.6%; al respecto, el Banco de México estimó en su informe trimestral (enero-marzo) de 2020, que la economía podría tener una contracción de 4.6% hasta 8.8%. Mientras, el Fondo Monetario Internacional proyecta un 6.6% de caída del PIB en México durante 2020, esto llevaría a México a ser el tercer país en América Latina con mayor recesión económica, solo por detrás de Belice y Venezuela.
Las inversiones fijas también han venido a la baja, datos del INEGI indican que en 2019 cayó 4.9% debido al desplome en los rubros de la construcción, maquinaria y equipo; también señala que en enero de 2020 nuevamente tuvo una caída de 8.8 %.
Estimaciones de los bancos de inversión JP Morgan y Morgan Stanley, proyectan que México podría perder el grado de inversión antes del año 2022, debido a que el actual Gobierno de México ha minado el crecimiento económico afectando severamente los negocios, por lo que puede perder su grado de inversión, presentando una salida de capitales de alrededor de 44 millones de dólares.
En materia de inseguridad, lamentablemente 2019 fue el año más violento en mucho tiempo, superando a los sexenios pasados con más de 35 000 homicidios dolosos, por lo que, a fínales de ese año, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI 2019, refirió que el 72.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su Ciudad era inseguro.
Datos de la Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que en el primer trimestre de 2020 hubo 964 homicidios de mujeres en el país; sumándose a las de 7 mil 313 homicidios dolosos en el país, que da un promedio diario de 80 asesinatos. Al respecto, el INEGI señaló que en el primer trimestre de 2020, el 73.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.
Consideraciones
Los datos anteriores muestran una vulnerabilidad social, económica e institucional que disminuye la capacidad del Estado para proporcionar bienestar y justicia social a la población, lo cual, está mostrando hasta hoy: pobreza, corrupción, desempleo, falta de crecimiento económico, falta de inversión e incremento de la inseguridad, convirtiéndose en un problema estructural.
Estas debilidades estructurales son rasgos de gobiernos nacional-populistas, ya que, la legitimidad democrática es utilizada para combatir solo en el discurso y simuladamente a los enemigos del desarrollo, del empleo y crecimiento del país.
En este sentido, la construcción narrativa del Gobierno de México para defender las causas de la población ha excluido a otros sectores, por lo que, genera desigualdad, además constantemente no le agradan los controles y contrapesos que puedan objetar o disentir alguna decisión o dato.
Asimismo, se construye diariamente una dignidad e identidad nacional selectiva, excluyente y desigual, que llama al resentimiento constantemente, dividiendo a la sociedad, culpa a los demás, centraliza decisiones denostando a la oposición política, mostrando un modelo con rasgos autoritarios de gobernabilidad y gobernanza como en el PRI hegemónico, contrario a los valores democráticos del respeto, la solidaridad, la tolerancia, la inclusión y el pluralismo.
En este escenario, durante 18 meses, el actual Gobierno de México ha cambiado instituciones, presupuestos y modificado el marco jurídico con su mayoría absoluta para establecer la Cuarta Trasformación, pero hasta hoy, los resultados muestran que el Estado mexicano podría tener rasgos más totalitarios que democráticos, con base a lo siguiente.
Se construye e impulsa un entramado jurídico con la finalidad de afianzarse y centralizar el poder;
- se afianza a una persona con la finalidad de tener un poder ilimitado;
- se simula y manipula la ley y presupuesto;
- se impulsa un movimiento social, con la finalidad de tratar adoctrinar a toda la sociedad;
- se impulsan medidas contra la corrupción, pero es selectiva;
- se simula la aplicación de la ley para ir restringiendo derechos y libertades;
- se intenta utilizar propaganda para el control social, como la cartilla moral, la importancia del alma y la felicidad; y
- se utiliza al Ejército con base en la ley para tareas de seguridad pública.
Lo anterior, aleja a México de una dignidad e identidad nacional democrática, que en palabras de Francis Fukuyama debe tener los siguientes elementos: seguridad física, calidad en el gobierno, desarrollo económico, confianza y democracia liberal.
Recordemos que nuestra historia política nos mostró que acumular facultades, centralizar decisiones, no aceptar críticas, manejar la ley y el presupuesto para intereses personales o de grupo, conlleva al hartazgo, descontento y crisis social.
Por ello, es muy importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación siga conservando su independencia, los medios de comunicación sean objetivos, los Órganos Constitucionales Autónomos sigan actuando independientes, que el Congreso de la Unión sean un real contrapeso y no solo una oficialía de partes del Ejecutivo Federal y que la sociedad siga participando activamente en las decisiones públicas.
Aún hay tiempo de encontrar una reconciliación política y social que una a las y los mexicanos, con la finalidad de enfrentar los cambios económicos que se están gestando a nivel mundial. Para ello, sigue siendo el reto del actual gobierno construir acuerdos democráticos evitando rasgos totalitarios, ya que esto proyectará certidumbre y confianza, sobre todo si su población viene de procesos de gobernabilidad poco estables.
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