Los efectos de la 4T sobre el Bajío y sus empresas

Introducción: No es ninguna sorpresa mencionar las dificultades que están enfrentando los gobiernos de oposición en la actual administración para poderse oponer a la tendencia...

10 de diciembre, 2019

Xavier Ginebra Serrabou

Introducción:

No es ninguna sorpresa mencionar las dificultades que están enfrentando los gobiernos de oposición en la actual administración para poderse oponer a la tendencia centralizadora de la 4T y el presidente López Obrador, que ha mostrado, en el año que lleva haciendo gobierno que solo tiene ojos para tres ojos: El sureste, el petróleo y la austeridad republicana. Ni cabe señalar que este efecto se ha resentido de manera especial en los gobiernos de la alternancia, especialmente los gobiernos estatales. Nuestro resumen se inclinará a aquellos sectores que conocemos mejor y que son como “los estados” que jalan a la economía hacia adelante, las empresas del Bajío.

La importancia de la economía del Bajío:

El Bajío se ha constituido en el sector más dinámico de la economía mexicana, con un nivel elevado de exportaciones (solo Guanajuato exporta al año más de 20 mil millones de dólares), diversificación en sectores de amplia tecnología, se ha convertido en el hub logístico de las exportaciones mexicanas y cuenta con una infraestructura mexicana de primer nivel.

A ello han ayudado que a raíz del Tratado de Libre Comercio la inversión norteamericana, japonesa y alemana han despuntado en el área, convirtiéndose en el área de mayor número y de mayor contenido de las exportaciones, contando hasta con 8 plantas ensambladoras de diferentes marcas. Querétaro mismo se ha convertido en el único estado mexicano que ha creado empleo a pesar de la 4T, con alrededor de 20 mil empleos mensuales, más que la ciudad de México.

Sin embargo, el Bajío no es una isla en la República Mexicana, de hecho se encuentra inmerso en el centro geográfico del país, por lo que no puede pretender permanecer indiferente a lo que sucede en la esfera nacional. Por señalar un solo ejemplo, el crecimiento 0 -si no recesión- que ha prolongado la desaceleración económica al menos un año, ha tenido su efecto en el Bajío. Sólo Guanajuato decreció un 1% del PIB en el primer trimestre.

A lo anterior hay que incluir la ola de inseguridad que azota al país desde hace varias décadas, que se han multiplicado al menos un 30% desde que López Obrador asumió la presidencia sin que instrumentos como la Guardia Nacional estén logrando efectos disuasorios, a pesar de que no hay que dejar de olvidar los efectos nocivos en política de inseguridad que nos dejaron Calderón y muy especialmente Peña Nieto. Los gobiernos de oposición reciben además menos efectivos de las Fuerzas Armadas o de la propia Guardia Nacional para proteger a sus ciudadanos.

Por último, si bien la infraestructura del gobierno federal está disminuyendo a tasas mínimas en las últimas décadas, los estados de oposición han visto recortado los escasos proyectos que estaban estructurados para los gobiernos del Bajío que dependían del gobierno federal (con solo 1.5% del gasto en infraestructura del gobierno federal), lo que ha ocasionado bajas de hasta el 24% en el sector de la construcción en algunos estados.

Ante este panorama, ¿qué pueden hacer los gobiernos estatales, en especial los gobiernos del Bajío para disminuir el “efecto 4T” sobre sus economías?

Algunas características de la economía de Guanajuato:

El desarrollo del sector industrial moderno empieza propiamente con la Refinería de Salamanca de 1950, que se afirma con la construcción de una gran termoeléctrica en el mismo municipio varios años más adelante. Por supuesto, el corredor industrial ha sido el factor clave pues es allí donde se concentra más del 50% de la economía del estado. Se cuentan la del cuero y calzado en León; la alimentaria en Celaya, Cortázar e Irapuato, la metal-mecánica en Salamanca, y la del vestido en Irapuato.

En el ramo del textil y del vestido, Guanajuato ocupa una posición importante. En 1998 tuvo el séptimo lugar nacional el sector de tejidos de punta. En el año 2000 Guanajuato ocupó el cuarto lugar nacional por el número de empresas textiles, en su mayoría maquiladoras. Irapuato es el centro textil por excelencia.

El sector industrial ocupa un sitio muy importante, ya que en el 2000 participó casi con el 47% del mismo. Dentro del sector terciario, el rubro de transportes y ocupaciones ocupa a más de 45,000 trabajadores. Sin embargo, la PYME sigue representando el 99.8% de la economía.

En Guanajuato, la estructura productiva y las condiciones del campesinado se han transformado: especialmente a través del cultivo del sorgo. Guanajuato cuenta con muchas empresas extranjeras dedicadas a la producción de hortalizas para el mercado externo. Sin embargo, este sector ya para el 2000 estaba dando señales de saturación.

La del calzado es una de las industrias tradicionales de Guanajuato. Es distintiva de la vida económica de León desde 1930. Sólo 5% de las empresas del estado han logrado incursionar en los mercados de exportación.

La industria de la química y petroquímica se concentra en la región de Salamanca, en torno a la refinería mencionda, donde operan distintos productores de Pemex. El estado cuenta con una poderosa industria agroindustrial, y desde la firma del TLCAN, en la proveeduría de autopartes y manufactura de automóviles, que representa el 17% del PIB estatal y el primer mercado de exportación.[1]

Señales de peligro.

A raíz de la caída del mercado norteamericano en un 0.8% en el último trimestre en el sector automotriz, sector que acapara las inversiones más importantes del estado, el gobierno local busca lograr la transición a la industria 4.0 y hacia las industrias de alto valor agregado, pero la brecha de los estudiantes de licenciatura y posgrado, en buena medida no cubren tales expectativas. Es necesario promover la educación dual empresa-universidad, como algunos personajes están pretendiendo. Pero el auténtico flajelo del estado es la explosión de la inseguridad en zonas como Celaya, Silao e Irapuato, sin que el estado haya podido disminuir tales efectos.

Los retos del estado:

Camargo (2004) expresa la necesidad de la existencia de un Sistema Nacional de Coordinación con un nuevo enfoque en lo relativo a las transferencias gubernamentales, en su forma de participaciones federales como medida compensatoria, lo mismo que los fondos ya existentes y otros modelos que se constituyan una acción complementaria de planes y programas económicos, políticos, administradores y sociales que cada orden de gobierno desarrolló en forma individual o conjunta, este sistema nacional de coordinación debe incluir también materias en gasto público y su correspondiente control.

Así tenemos que la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece en su capítulo I la mecánica mediante la cual la Federación, los Estados, municipios y la Ciudad de México se distribuyen las participaciones federales que les corresponden.

Además se establece en el artículo primero que la SHCP celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema de coordinación Fiscal que establece dicha ley. Se menciona además que las entidades participarán en el total de los impuestos federales y en las otras señales que establezca la Ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen.

En el artículo 2, la Ley establece que el Sistema General de Participaciones se constituirá con un 20% de la recaudación federal en un ejercicio. Además la propia ley contempla una serie de fórmulas con un sinnúmero de factores que se toman en cuenta para la distribución de los recursos federales tanto al Estado, la Ciudad de México y los municipios.

Por otra parte, la forma o procedimiento de distribución de los estados federales que entrega la Federación a los Estados, Ciudad de México y municipios se encuentra regulado en el capítulo V de la ley en comento y sus artículos 25 establece que con independencia de los capítulos anteriores, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las Haciendas Públicas de los Estados, la Ciudad de México y los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos -lo que resta soberanía a los Estados- que para cada tipo de participación establece la ley, para los fondos siguientes.

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud -en proceso de reforma-;
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social -muy baja en este sexenio-;
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México;
Fondo de Aportaciones Múltiples;
Fondo de Aportaciones para la educación Tecnológica y de Adultos y
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México y
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.[2]

Se observa un poca soberanía financiera de los Estados, sin la cual las demás no son más que mera cosmética.

Heidi Jane Smith examina la relación entre descentralización y el desarrollo de los municipios en México. El federalismo mexicano está lleno de grandes desequilibrios verticales, con un gran endeudamiento y con algunos esfuerzos en la descentralización de sus funciones -al menos hasta López Obrador- de los estados hasta los municipios. Dicha autora sostiene que la autonomía financiera y de toma de decisiones afecta positivamente el desarrollo local.

Ibarra Salazar y Santos González buscan determinar la influencia del entorno político sobre la carga de la deuda de los gobiernos subnacionales. En lo particular, investigan si la confluencia política con el presidente de la República y con el Congreso local, entre otras variables, se asocian con la carga de la deuda de los Estados. Los autores sugieren que el diseño de políticas tendientes a mejorar el desempeño financiero de los estados debe tomar en cuenta el diseño fiscal y el marco fiscal de la deuda. El empleo y manejos adecuados de la deuda deberán estar a la altura de las mejoras y compromisos concretos de la disciplina de los gobiernos locales.[3]

Otra vez se muestra la necesidad de incrementar la autonomía fiscal de los estados y municipios.

Para mejorar el Sistema de Coordinación Fiscal no es posible la propuesta de incrementar las participaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, porque con ello no se prevé un aumento de los ingresos propios de las entidades federativas, sino únicamente se busca un incremento de la dependencia económica sobre recursos federales, lo que representa la falta de desarrollo regional que está a expensas de las entregas de dinero que la Federación hace a los gobiernos locales.

De entrada es observable que efectivamente como apunta Serna de la Garza el incremento de participaciones sin dar facultades tributarias de gestión y administración a las entidades federativas, sólo llevaría a agravar la situación y que los Gobiernos locales dependieran mayormente de los recursos económicos que la Federación les proporcione.

En cambio, el fincar su desarrollo en su tributación local nos llevaría a que los gobiernos locales de las entidades federativas y sus municipios dependieran y establecieran sus propias políticas económicas y proyectos de desarrollo basados en recursos económicos locales y provenientes de sus ámbitos territoriales, lo equivale a una independencia política, lo que es igual a gobiernos más democráticos, por supuesto con ello se pretende que se pierda la coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno Local -lo que nosotros pondríamos inclusive en un objeto de duda, para ver si a Guanajuato le conviene salirse del pacto fiscal- , sino únicamente disminuir lo que marca la dependencia económica y que también se tienda a que el desarrollo nacional sea uniforme en todo el país y no solo en las regiones con mayor actividad económica donde el criterio de la participación sea basado en ese elemento de la Ley Fiscal.[4]

Rubén Torres y Barceló señalan algunas ideas originales para que la seguridad del federalismo pueda ser útil para frenar el totalitarismo centralista.[5]

Conclusiones:

A los estados del Bajío no se les vislumbran momentos fáciles con motivo de la 4T: menor presupuesto, disminución de facultades, control central. Sin embargo, estimamos que deben buscar margen de maniobra dentro del régimen federal que estatuye la Constitución para poder ejercer su política económica que les ha dado buenos resultados, aunque se frene un poco en el mediano plazo, en beneficio de su población al margen de que el Bajío para la 4T no forme parte de México, lo cual quedó en claro en su ausencia en el Plan Nacional de Desarrollo. Al final, la 4T es un fenómeno más, y no hay nada que exista para siempre.

[1] BLANCO, Mónica, PARRA, Amqa y RUIZ MEDRANO, Ethelia, Guanajuato, tercera edición, Colegio de México y FCE, México, 2011, pp. 236 y 237

[2] C AMARGO GONZÁLEZ, Ismael, Grandes temas de federalismo fiscal, México, 2013, Flores Editor y Distribuidor, pp. 266 y 267.

[3] MENDOZA VELÁZQUEZ, Alfonso (coordinador), Los incentivos perversos del federalismo mexicano, la necesidad de un nuevo modelo, Fondo de Cultura Económica, México, 2018, p. 15.

[4] LÓPEZ CASTRO, Martín Ariel, Federalismo fiscal, actualidad y futuro, Porrúa, México, 2012, p. 84 y 85.

[5] TORRES ESTRADA, Pedro Rubén y BARCELÓ ROJAS, La reforma del Estado, experiencia mexicana y comparada en las entidades federativas, Porrúa, México, 2008, pp. 119 y ss.

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