Por Xavier Ginebra Serrabou Y Adrián Ruiz de Chávez
AMLO llegó al poder con un gran bono democrático (53% de los votos) y la desaparición de toda oposición, pero en sus ya casi dos años en el poder, su desgaste ha sido notable: la pérdida de 30% de popularidad, un gobierno claramente incompetente, el frenazo de la economía, los claroscuros de su ataque a la corrupción, y quizá lo más importante: que las estructuras de poder del viejo neoliberalismo y “la mafia del poder” siguen intactas. Esta “transformación” sin revolución (a diferencia de lo que opina Aguilar Camín), podría llevar a las mismas consecuencias desastrosas a las que siguieron a la caída del comunismo: un incontrolable desgobierno –exponenciado por El Gran Confinamiento y su pésimo manejo macroeconómico–; nuevos “ricos” en el poder, como consecuencia de la transición hacia el modelo neoliberal; millones de rusos muertos o en pobreza; incremento sustancial del alcoholismo; una democracia que no “echó raíces”, como se comprueba con el advenimiento del autócrata Putin; y una economía sostenida por la exportación de riquezas naturales –el petróleo en el caso de Rusia– . Nada de mejora de las clases pobres ni modelos económicos de un neoliberalismo con rostro humano.
AMLO ha recortado más el gasto social, ha manejado la macroeconomía como el más rampante de los neoliberales –Hayek se hubiera quedado chiquito– con un austericidio que será la causa de que al menos 20 millones pasen a formar parte del “ejército de reserva de criminalidad social”, mientras sobra efectivo por cerca de un billón de pesos (un 5% del PIB) para sus obras faraónicas, que solamente generarán aproximadamente 50 mil empleos mientras dure la construcción.
Pero la derecha, mientras se vaya organizando para hacer un círculo de oposición (los gobernadores como el de Jalisco podrían ser sus barruntos), debe aprovechar las lecciones pasadas para poder convertirse en una auténtica alternativa nacional: gobernar desde una “economía social de mercado”, apoyándose en las comunidades rurales y los municipios como fuentes de creación de empleo y de reconstrucción del tejido social; la apuesta por las tecnologías apropiadas, para que las MIPYMES puedan ofrecer servicios a las clases pobres a través de la adquisición de bienes de producción baratos; reconstruir los programas sociales destruidos por López Obrador; un sistema universal de seguridad social –como ha propuesto Santiago Levy en Buenas intenciones, malos resultados–. Esta medida se podría financiar con un aumento del IVA al 21 % salvo para alimentos y medicinas, en un incremento a las tasas del ISR a personas físicas y sobre todo a empresas hasta tasas del 40 % y un impuesto al patrimonio –como el que propone Thomas Piketty– que podría aportar hasta 4 % del PIB. Y estos ingresos permitirían un incremento generalizado en salud, educación, ciencia y tecnología, así como cambios a la regulación financiera para alcanzar que la oligarquía financiera preste a las MIPYMES en condiciones de mercado para éstas.
Estimamos que un gobierno de oposición con un programa parcialmente de izquierda le quitaría la “bandera social” y el discurso “moralizante” de López Obrador, a cambio de un modelo económico que no se restrinja a “resucitar al modelo neoliberal”, que fue “vomitado” por los más de 60 millones de mexicanos que no se han incorporado a los “mecanismos de mercado”, que se convertirán en 20 millones más al menos, tras la pandemia, y que la sociedad debe poner en el centro de sus políticas públicas, a través de medidas de combate a la pobreza, como las sugeridas por la premio Nobel, Ester Dufllo, enfoque de tecnologías apropiadas para las MIPYMES informales y fuertes gastos en salud, educación e infraestructura, financiados con un aumento de impuestos a las clases ricas (0.46 de la población obtiene más del 40% del PIB), que por justicia deben contribuir al desarrollo social.
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