Las Procuradurías de Justicia: instituciones diseñadas para perjudicar

Encima de que un camión te embiste, destruye tu auto y casi te mata, la autoridad de la CDMX te lleva a un calabozo…   Encima de que un camión te embiste, destruye tu auto y casi...

25 de julio, 2018
RHT
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Encima de que un camión te embiste, destruye tu auto y casi te mata, la autoridad de la CDMX te lleva a un calabozo…

 

Encima de que un camión te embiste, destruye tu auto y casi te mata, la autoridad de la CDMX te lleva a un calabozo, te encierra, te incomunica y te trata inhumanamente durante más de treinta horas. Para que se dé usted una idea, si alguno de los automovilistas –al menos siete automovilistas fueron embestidos– quería ir al baño, tenía que hacerlo ahí, en ese calabozo, enfrente de todos los demás.

Es una pena reconocerlo, pero es verdad: lejos de la misión de perseguir delitos y procurar justicia –basta con ver los índices de impunidad en los delitos del fuero común–, las Procuradurías de los Estados y la de la Ciudad de México parece que fueron diseñadas para causar la mayor molestia posible a los ciudadanos.

Me pasó a mí, hace un par de años, cuando sufrí el robo de un auto. Una vez que la unidad fue recuperada y realicé el trámite para que me la devolvieran, el agente del Ministerio Público abiertamente me pidió siete mil pesos: «para que salga rápido la nave y sin problema», dijo; de otra forma podrían detenerme en mi propio auto, «y mientras aclara las cosas –prosiguió– se lo van a atorar». Desde luego no le di nada y seguí con el trámite. Me tardé varios días más, pero finalmente recuperé la unidad. La sensación de ser víctima de un delito y encima sufrir la extorsión de la autoridad, es algo difícil de explicar.

El pasado día lunes 23 de julio de 2018, aproximadamente a las 20:30 horas, un camión embistió a varios automovilistas en el kilómetro 19 de la carretera federal México-Cuernavaca, delegación Tlalpan. Al menos siete conductores, todos ellos víctimas cuyos autos fueron dañados, fueron detenidos por más de treinta horas. Y pudieron haber sido las cuarenta y ocho horas que señala la ley, de no ser por la presión que se ejerció sobre la procuraduría –así, con minúscula– en twitter y otras redes sociales. Como suele suceder, la autoridad le dijo a los siete automovilistas que se encontraban en calidad de imputados, o sea, probables responsables. ¿Para qué? Para que se asustaran y fueran vulnerables a una posible extorsión por parte de los agentes del Ministerio Público. Siempre hacen lo mismo, conozco varios casos, y siempre es el mismo modus operandi. Lo peor de todo es que muchas personas sí llegan a ofrecer dinero al sentirse amenazadas con ir a un reclusorio, ¡cuando ellos han sido las víctimas!

Por lógica elemental, no podrían ser imputados, es decir, probables responsables, los siete automovilistas embestidos en este caso concreto. Así que no hay otra explicación más que la extorsión burda y grosera y la consigna oficial de causar el mayor número de contratiempos y molestias a los ciudadanos. El Ministerio Público se escuda en que primero deben realizarse los peritajes, y con ese pretexto retienen a las víctimas. Lo que podrían hacer en unas horas, lo hacen agotando las cuarenta y ocho que marca la ley. Claro que a las víctimas no les informan de las cuarenta y ocho horas: no les dicen nada, los tienen en la incertidumbre, haga usted de cuenta como lo que sucede en El proceso de Kafka, pero peor. El Ministerio Público siempre actúa lo más lento posible, para que las víctimas se desesperen y en su desesperación ofrezcan dinero para salir. De todos modos la autoridad a final de cuentas los tiene que liberar, pero no se priva de la oportunidad de humillar. En el Ministerio Público el personal aplica el hostigamiento psicológico diciendo a las víctimas que todo indica que se ejercerá la acción penal contra ellos, y que ya un juez en el reclusorio definirá la situación después de agotar un procedimiento que podría durar varios meses. «Pero si yo iba de lo más normal manejando mi coche cuando un camión me arrolló y casi me mata», dirá la víctima; «eso se lo explica usted al juez penal en el reclusorio», replicará el agente del MP. Conozco muchos casos. Hace poco uno de mis hermanos fue víctima exactamente de este modus operandi, y ahora mismo un importante miembro de la comunidad artística –el guitarrista y compositor Jorge Ritter– fue uno de los siete automovilistas detenidos y retenidos indebidamente por más de treinta horas.




Me parece que hay que denunciar estas prácticas con energía. Algunos de los automovilistas detenidos estaban lesionados; como no se estaban muriendo no los mandaron al hospital, pero eso no quita que estuvieran lesionados y padecieran dolor. El examen médico que supuestamente les practicaron fue un chiste. Los tuvieron incomunicados, sin comer, sin dormir, en separos sucios, oscuros e insalubres, durante unas treinta horas ¡cuando ellos eran las víctimas!

Los detenidos fueron llevados a la Coordinación Territorial Tlalpan 4, que está en Coapa. El agente del Ministerio Público que “atendió” el asunto y que tuvo detenida a toda esta gente se llama Johnathan González Medrano. La fiscal desconcentrada en Tlalpan (y lo de desconcentrada es literal) es Alicia Rosas Rubí. El delito que se les imputaba indebidamente a los siete automovilistas era el de lesiones culposas por tránsito de vehículos. El abogado del seguro del camión que embistió a los automovilistas hizo que el chofer de dicha unidad se querellara en contra de ellos, y como el agente Johnatan González es un Ministerio Público muy solícito y eficaz, actuó y ordenó la detención de todos. El número de expediente es: CI-FIL/TLP-4/UI-1/C/D/01927/07-2018.

En la medida en que difundamos la injusticia acotaremos la avidez desmedida de las autoridades que, créame, es mucha.

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