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Privilegio de Moreira

Pareciera que hasta en los procesos judiciales los políticos tienen privilegios.

23 de enero, 2016

Pareciera que hasta en los procesos judiciales los políticos tienen privilegios. Para que tengan un proceso a la altura de su “status” de ricos políticos y no de pobres, como categorizaba a esta “clase ciudadana” el también político Carlos Hank González, la justicia a Moreira la hará, faltaba más, un tribunal extranjero, el español y no uno mexicano.

Más allá del sarcasmo, debemos entender que desde luego no ha sido la opción del implicado en varios delitos, sino la iniciativa extranacional mexicana: la fiscalía anticorrupción española.

El territorio mexicano parece que no es la mejor jurisdicción para que los tribunales juzguen a quienes cometen delitos en las más altas esferas de la administración pública, pues el sistema político se encarga de arropar a presuntos implicados en casos de corrupción, lavado de dinero, etcétera, cuando los señalados pertenecen a la élite gobernante. Es lo mismo si el personaje es del PRI, el PAN o el PRD (pronto podremos decir de MORENA, seguro). La estrategia implícita parecería ser “hoy por mí, mañana por ti”, de tal manera que se cubren las espaldas ante futuros aprietos legales.

Tras del arresto de Humberto Moreira en España, el PRI ha dicho lo evidente: “son las personas y no las instituciones quienes comenten los ilícitos”. Sí, pero esa verdad de Perogrullo conlleva una serie de proyecciones que van más allá del implicado y que es, justamente, el deterioro de la imagen de los políticos profesionales, de los partidos y del PRI en lo particular y eso nadie lo puede evitar. Deteriora también la percepción de la ciudadanía respecto de las instituciones que tienen que ver con la procuración y la impartición de justicia.

La suspicacia y el enojo ciudadano crece cuando es necesario que una instancia extranjera actúe y haga la tarea de las instituciones de la República: en el caso del Chapo Guzmán, la ciudadanía tiene más confianza en la justicia norteamericana y prefieren la extradición, misma que evidenciaría las debilidades de las instituciones mexicanas; en el caso Moreira, la ciudadanía abierta o calladamente aplaude la intervención española, por la inacción que ha mostrado el gobierno mexicano ante un caso más de abuso de poder en beneficio personalísimo.

Parece pues que en el sistema de justicia mexicano no hay términos medios, o mejor dicho, términos justos: o se da una sobreprotección a la crema y la nata de la política, o una infraprotección al ciudadano común.

Lo curioso del asunto es que estos dos versiones de México han aprendido a convivir, no obstante la indignación y el enojo ciudadano. Aunque el andamiaje jurídico parece abarcar la calificación de acciones constitutivas de delito, la maquinaria política ha evitado que la justicia termine llevando a proceso y finque responsabilidades a servidores públicos con evidencias de haber delinquido.

El caso Moreira es sin duda un asunto que merece la atención no sólo de la ciudadanía, insisto, enojada, sino de los gobiernos que deben sentar precedentes de que no debe haber un caso más de corrupción a esos niveles de escándalo. Va en favor de las instituciones –incluyendo la presidencial-, pero es como pedir peras al olmo.

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