Todo parece indicar que en unos días podrá iniciarse el juicio de procedencia para que la diputada al Congreso de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, sea desaforada y puedan fincársele responsabilidades penales por presuntos nexos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
Como es sabido, después de que fueran difundidas algunas imágenes y supuestas pruebas de que la hoy diputada por la alianza PAN-PRD-PT uso documentación falsa para ingresar al penal y entrevistarse con el chapo, la Procuraduría General de la República ha interpuesto en la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero que ha de recibir curso legal hasta un dictamen.
Al interior del Partido Acción Nacional, el asunto ha generado un conflicto que versa sobre la responsabilidad de haber postulado a una candidata con esos supuestos vínculos con el Chapo, que sin duda ha lastimado la imagen del partido. Tras un periodo en el cual todos buscaban responsables en el propio PAN, se ha llegado a la etapa de control de daños y manejo político, que ya se ha dado a conocer: linchar a la diputada en la escena pública, tratando que no salpique más al instituto político.
Como en todos los asuntos que tocan a los omnipotentes partidos políticos, el PAN, como si fuera moneda de cambio, votará por el desafuero, si el PRI hace lo mismo en el juicio político que podría instruírsele al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
En el caso específico de la diputada sinaloense, se pueden hacer conjeturas y juicios generales sobre su persona y lo que puede representar para su partido, pero también sobre el significado que pueda tener la presencia de una diputada ligada –aún no sabemos hasta qué punto– con el narcotráfico, en uno de los poderes constituidos del Estado de Sinaloa.
La pregunta que salta, como reacción inmediata, es si es un caso único en la República o es uno de varios que faltan por salir a la luz. La historia reciente de cómo el poder del narco se ha infiltrado en las estructuras del poder, nos recuerda el asunto de Michoacán, en la persona de Julio César Godoy Toscano, quien fue señalado como integrante del cártel de La Familia Michoacana, y fue electo diputado federal por el Distrito I de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Las fuerzas políticas mexicanas se han visto forzadas, ante evidencias, a esquivar golpes que dañan más su muy deteriorada imagen. El daño a los partidos es evidente, aunque el propio sistema les permite resarcirse en poco tiempo.
Ante el poder económico que ha demostrado el negocio del tráfico de drogas, la pregunta es si la narcopolítica es rentable. Es probable que en sí misma no lo sea, pues a pesar de los muy altos ingresos que se asignan los políticos, frente al negocio de la droga, quedan muy abajo; sin embargo, de manera indirecta lo es, pues su rentabilidad no se expresa monetariamente sino en los niveles de presión para dejar hacer y dejar pasar las acciones implícitas en el tráfico de sustancias ilícitas.
La narcopolítica es la evolución que se ha dado en la relación crimen organizado-poder público, al pasar de comprar policías a imponer personeros en las estructuras del poder, que puedan cabildear y en su caso definir acciones (por medio del tráfico de influencias, por ejemplo) que beneficien o favorezcan la realización de los diversos pasos en el proceso de la producción, tráfico y consumo de drogas, con el correspondiente blanqueo de dinero. Ahí está el quid del asunto.
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