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Muerta (por el momento) la Ley Fayad

Murió la llamada “Ley Fayad” y la puntilla la puso su autor, el senador priísta Omar Fayad, al retirarla de la agenda legislativa.

7 de noviembre, 2015

Rafael Orozco Flores

Murió la llamada “Ley Fayad” y la puntilla la puso su autor, el senador priísta Omar Fayad, al retirarla de la agenda legislativa. En realidad el proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, murió de muerte natural al ser política y socialmente inviable.

Parece mentira que en el senado no se hayan establecido los criterios de reflexión y asesoría mínimos para desalentar, desde un principio, la redacción de un proyecto nada nuevo en sus alcances y de una materia sobre la que se ha escrito y discutido mucho: la conveniencia o inconveniencia de legislar, de manera específica sobre los delitos en y por internet.

Aunque Fayad ha dicho que las pretendidas consultas públicas se aplazan para “convocar a un mayor número de especialistas, académicos y cibernautas interesados en el tema”, lo cierto es que más bien parece una discreta salida que pare las críticas y con ello que el tema, su tema, desaparezca del imaginario colectivo. ¿Cuándo el senador Fayad intervendrá en la construcción o debate de un asunto de esta naturaleza? Nunca.

A lo largo de la historia de la internet, se han conocido diversas propuestas para legislar de manera específica sobre la red de redes y con más o menos estrépito, las iniciativas se han caído, al no encontrar los asideros que la teoría dicta para crear una norma, es decir, no hay “materia” sobre la que se pueda bordar un nuevo ordenamiento jurídico.

La mayoría de las acciones –si no es que todas– que pudieran tipificarse como delitos o transgresiones a derechos de terceros, ya están contenidas y contempladas en cuerpos legales vigentes desde antes de la llegada de la internet o se han modificado en la forma, más no en el fondo, para adaptarse a esta herramienta tecnológica.

Pensemos en los usos que damos a la red, que básicamente se reducen a comercio electrónico y a difusión de contenidos en forma de textos, sonidos, música, imágenes fijas o en movimiento o la combinación de algunas de estas formas. Es decir, estamos frente al concepto de la libre expresión y manifestación de las ideas, que es el principio básico de todas las democracias, y un derecho constitucional y humano.

En esta última parte radica la importancia de lo que ha pasado. Ha muerto provisionalmente, un proyecto que se antojaba, a la luz de sus postulados más trascendentes, como una forma clara de imponer la censura en nuestro país. Respecto a los usos genéricos de la internet ya existen en las normativas nacionales, leyes, códigos y reglamentos que tipifican delitos y sobre los que hay sanciones pecuniarias o penas corporales.

Por esto es trascendente hablar de este proyecto que, hay que insistir, ha muerto por el momento. Es importante hablarlo aun cuando su trato mediático compita con la resolución de la Suprema Corte en relación con el uso de la marihuana. La llamada Ley Fayad le falló al sistema y es previsible que en el futuro se intente nuevamente ir contra la libertad de expresión por otros caminos.

Las sociedades democráticas, frente a los usos de la red de redes, prefieren un sistema de liberalidad, antes que la censura. Los abusos y delitos que se cometen a través del recurso tecnológico (fraudes, robo de identidad, pornografía infantil, violación a los derechos patrimoniales –piratería- sobre derechos de autor, etc.) los podemos encontrarlos tipificados en las normas jurídicas ya existentes, pero antes que la censura a la expresión, debe anteponerse la tolerancia y la autorregulación.

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