Hace unos días la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Rocío Nahle García, solicitó a la Secretaría de la Función Pública, fundamentada, dice ella, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que los 35 diputados de ese partido reciban una “visita guiada” en el nuevo avión presidencial. Aunque la solicitud ha ido por escrito y se entiende por los canales pertinentes, la diputada se dio tiempo para dar a conocer su valiente petición a los medios de comunicación.
Escuché por radio parte de sus declaraciones y en ellas decía que el propósito es mostrar al pueblo mexicano las características del citado avión, evidenciando el lujo y disposición de los espacios como la “recámara presidencial” y sus supuestos lujos; la oficina y la sala de juntas, etc.
Aterricemos la cuestión. Nuestro sistema político y de representación popular en particular, qué duda cabe, emana del Constituyente de Querétaro de 1916-17. Las distintas facciones en pugna pudieron en muchos casos zanjar sus diferencias con el diálogo y el debate en tribuna y no a balazos.
Este sistema representativo se basa en que son los diputados (locales y fererales) los que llevan la voz y el sentir del pueblo a la más alta tribuna de la entidad o del país, respecto a los asuntos que nos competen. A lo largo de los años hemos visto casos lamentabilísimos de legisladores que en su pasar por las Cámaras nunca suben a tribuna o, cuando lo hacen, tienen un desempeño igualmente lamentable por la torpeza al hablar, por el pobre manejo de conceptos o por lo frívolo de los asuntos que abordan. Es el caso que nos ocupa con los de Morena y el avión presidencial.
Que los diputados del partido que preside AMLO, bajo el pretexto de supervisar el gasto autorizado, quieran llevar el asunto del avión presidencial a la discusión pública, resulta intrascendente ante los problemas de fondo y no de forma de la actual administración federal. Es un tema ampliamente comentado, criticado de por decirlo así “cosa juzgada” que viene desde la administración de Felipe Calderón.
Si el prurito de la diputada es en verdad el ejercicio eficiente y sin excesos del presupuesto, tendría que ver otros muchos casos de opacidad en la aplicación de los recursos públicos en asuntos no solamente del poder ejecutivo, sino en los otros poderes, incluyendo, desde luego el legislativo del que ella o ellos son parte.
El sistema político revolucionario que ejercemos cotidianamente ha impuesto prácticas deleznables de compadrazgos, favoritismo, discrecionalidad, agandaye y otros calificativos que lo hacen tremendamente injusto cuando de la repartición de la riqueza se trata.
Al final del cuento, lo del avión presidencial que tanto preocupa a los legisladores morenos, carece de interés verdaderamente, frente a los costos reales que implica el soporte financiero de los partidos políticos, del tremendamente elevado gasto que implican las campañas y los procesos electorales, o la manutención de un Congreso de la Unión tremendamente obeso y con privilegios absurdos como dar boletos de avión a los legisladores que no los necesitan por motivo de la cercanía del distrito electoral al que representan, con el Distrito Federal. Todo ello, evidentemente, con el dinero de los contribuyentes.
Que el avión es ostentoso, hasta donde sabemos, sí; que puede lastimar por ello a las capas sociales más desprotegidas, también. Que lo vale Peña Nieto, no. Lo vale la institución que él representa. Es cuestión de imagen ante el concierto de naciones.
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