“Ya no hay impunidad”, dice el presidente. Yo tengo otros datos (y el gobierno también)

Los altos niveles de impunidad en nuestro país y la incapacidad de las autoridades son el perfecto caldo de cultivo para que se incremente el alarmante número de asesinatos.

4 de febrero, 2022

Ayer el presidente encabezó su conferencia matutina en Pachuca (Hidalgo), acompañado del gobernador Omar Fayad, varios secretarios de Estado y el subsecretario de seguridad. El presidente se refirió a los asesinatos de periodistas entre muchos asuntos más. El presidente dijo que el gobierno tiene la obligación de defender a ciudadanos y periodistas y que están trabajando en ello. Subrayó que van a mejorar el sistema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; que no habrá impunidad en el tema de los asesinatos de periodistas; pero la impunidad ha imperado por lustros y no se ve cómo puedan pararla.

El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, dice que hay una política de cero impunidad; pero, de nueva cuenta, ahí están las cifras que son como una bofetada en la cara. Las cifras de los periodistas asesinados en lo que va de este sexenio varían. De acuerdo con la SEGOB van 52 periodistas asesinados; Artículo 19 asegura que son 28 y el Comité de Protección de periodistas pone la cifra en 13.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, aceptó que el nivel de impunidad en estos casos es superior al 90%, que lleva así mucho tiempo y que no ha cambiado. Y que quede claro que eso lo dijo Encinas como alto funcionario de este gobierno.

Víctor Gamboa, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB asegura que el 50% de las agresiones sufridas por periodistas son realizadas por autoridades municipales y que por desgracia las cifras no solo se refieren a los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos; sucede lo mismo en casos de desaparición de personas, tortura, trata, feminicidios y la mayoría de los delitos.

Hay que aclarar que la mayoría de estos casos recaen en las fiscalías de los estados y es ahí en donde hay que trabajar en soluciones. De los 52 asesinatos de periodistas que reconoce el gobierno (tan solo en enero fueron asesinados 4 periodistas), el 60% se concentra en seis estados: Veracruz, Sonora, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Oaxaca. De esos seis estados, cuatro son gobernados por Morena y dos por el PRI.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro acusa a la FGR de no tener la capacidad para aclarar estos casos y asegura que la militarización no ha ayudado en nada. La organización Impunidad Cero presentó en diciembre el índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 en el que aseguran que el 99% de los delitos quedan impunes. En 2019, este índice se encontraba en 98.68%, es decir: no mejoró.

¿Cómo llegaron a estos números? La probabilidad de esclarecimiento del delito se calcula con base en la efectividad de resolución de los casos comparada con el porcentaje de delitos que se denunciaron y de los cuales se inició una carpeta de investigación. Este estudio arrojó que ninguna fiscalía estatal supera el 3% de probabilidad de esclarecer el delito.

Así que tanto a nivel local como a nivel federal, estamos amolados. Si queremos ver un cambio en estas tendencias se tiene que empezar forzosamente por lo local, pero eso no exime a la FGR de sus responsabilidades. ¿Algún día veremos el final de la impunidad en nuestro país? La verdad soy muy poco optimista al respecto.

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No es discriminación contra los que no logran las calificaciones necesarias; no es un sistema arbitrario que deje fuera a unos y admita a otros.  Como todo en esta vida, la formación de médicos cirujanos demanda de manera puntual el cumplimiento de un perfil profesional determinado. Las ciencias médicas tratan con los bienes más preciados del ser humano: la salud y la vida. Para ello requerimos profesionales con la mejor preparación. No aplica jamás una actitud de improvisación, o poner por delante de esta premisa cualesquiera otras. Se ha dicho que los médicos cubanos son “especialistas”, aunque tenemos la experiencia anterior, cuando el pico de la COVID, se trajeron especialistas en salud pública, médicos comunitarios que cumplen funciones básicas con enfoque epidemiológico. Una queja que ha expresado más de una vez el presidente es que los especialistas no quieren irse a las zonas rurales. Lo anterior denota su desconocimiento acerca  del sistema de atención que se maneja desde hace muchos años en México. El primer nivel de atención cubre la mayor parte del territorio nacional, ya sea mediante médicos titulados, pasantes de medicina o técnicos médicos.  Ellos tienen a su cargo la atención general de los pacientes, y deciden cuáles requieren pasar a un segundo nivel de atención, esto es, con especialistas y subespecialistas: Medicina Familiar, Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, y Pediatría.  Más adelante quedan las subespecialidades. Agotado este nivel, se recurre al tercer nivel de atención: Los superespecialistas, dedicados a atender casos menos frecuentes y más complicados, como serían neurocirujanos; oncólogos o hemodinamistas, por citar algunos. Resultaría ocioso, dada la limitación del recurso humano, colocar un pediatra en la Sierra de Guerrero para atender 20 niños enfermos, en lugar de concentrarlo en las urbes para atender una cantidad exponencialmente mayor de pacientes. El anterior es el sistema que ha funcionado para asegurar la adecuada atención de pacientes. En el último año de mi especialidad en Pediatría Médica, efectivamente me tocó pasar cuatro meses en una clínica del entonces IMSS-Solidaridad, en Doctor Arroyo Nuevo León. Los casos de enfermedades infecciosas como gastroenteritis o bronconeumonías se atendían con los recursos al alcance, lo que redundaba en buenos resultados. Casos más complejos se derivaban a hospitales de concentración, para bien del paciente. Así ha sido y así deberá ser, porque es lo que funciona mejor para todos. En nuestro país, para ejercer la especialidad, hay diversos requisitos. En primer lugar, el título de licenciatura expedido por una  universidad reconocida en la que el estudiante cursó sus estudios.  La comprobación de su servicio social.  El pase del examen nacional de residencias médicas (ENARM), para ingresar a hacer la especialidad en una institución debidamente reconocida.  Al término de ésta, la acreditación, tanto por parte de la institución de salud en la que se cursó la especialidad, como de la universidad que avaló el programa de especialidad. La expedición de la cédula profesional; la certificación por parte del consejo correspondiente a la especialidad, y la renovación de la certificación cada cinco años. Algo similar ocurre para la especialidad de Medicina Familiar.  De esta manera se puede garantizar que el médico que atiende a los pacientes cuente con la debida preparación y actualización para hacerlo. Cierto, hablando de especialistas hay cierta concentración del recurso humano. El médico va a buscar una plaza que le permita ejercer, tanto  dentro de una institución, como fuera de ella, en su consultorio particular.  El Estado no puede obligarlo a fijar su residencia en los Altos de Chiapas o en el desierto coahuilense de Laguna del Rey. El sistema democrático le otorga la libertad para establecerse donde más le convenga a sus intereses. Tampoco puede obligarlo a instalarse en regiones en las que el crimen organizado ha sentado sus reales. Corresponde al mismo Estado resolver los problemas de inseguridad y ya luego ofrecer a los médicos egresados una plaza.  Una plaza digna, que le permita al profesional cubrir las necesidades personales y de su familia. 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