Ayer el presidente encabezó su conferencia matutina en Pachuca (Hidalgo), acompañado del gobernador Omar Fayad, varios secretarios de Estado y el subsecretario de seguridad. El presidente se refirió a los asesinatos de periodistas entre muchos asuntos más. El presidente dijo que el gobierno tiene la obligación de defender a ciudadanos y periodistas y que están trabajando en ello. Subrayó que van a mejorar el sistema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; que no habrá impunidad en el tema de los asesinatos de periodistas; pero la impunidad ha imperado por lustros y no se ve cómo puedan pararla.
El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, dice que hay una política de cero impunidad; pero, de nueva cuenta, ahí están las cifras que son como una bofetada en la cara. Las cifras de los periodistas asesinados en lo que va de este sexenio varían. De acuerdo con la SEGOB van 52 periodistas asesinados; Artículo 19 asegura que son 28 y el Comité de Protección de periodistas pone la cifra en 13.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, aceptó que el nivel de impunidad en estos casos es superior al 90%, que lleva así mucho tiempo y que no ha cambiado. Y que quede claro que eso lo dijo Encinas como alto funcionario de este gobierno.
Víctor Gamboa, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB asegura que el 50% de las agresiones sufridas por periodistas son realizadas por autoridades municipales y que por desgracia las cifras no solo se refieren a los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos; sucede lo mismo en casos de desaparición de personas, tortura, trata, feminicidios y la mayoría de los delitos.
Hay que aclarar que la mayoría de estos casos recaen en las fiscalías de los estados y es ahí en donde hay que trabajar en soluciones. De los 52 asesinatos de periodistas que reconoce el gobierno (tan solo en enero fueron asesinados 4 periodistas), el 60% se concentra en seis estados: Veracruz, Sonora, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Oaxaca. De esos seis estados, cuatro son gobernados por Morena y dos por el PRI.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro acusa a la FGR de no tener la capacidad para aclarar estos casos y asegura que la militarización no ha ayudado en nada. La organización Impunidad Cero presentó en diciembre el índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 en el que aseguran que el 99% de los delitos quedan impunes. En 2019, este índice se encontraba en 98.68%, es decir: no mejoró.
¿Cómo llegaron a estos números? La probabilidad de esclarecimiento del delito se calcula con base en la efectividad de resolución de los casos comparada con el porcentaje de delitos que se denunciaron y de los cuales se inició una carpeta de investigación. Este estudio arrojó que ninguna fiscalía estatal supera el 3% de probabilidad de esclarecer el delito.
Así que tanto a nivel local como a nivel federal, estamos amolados. Si queremos ver un cambio en estas tendencias se tiene que empezar forzosamente por lo local, pero eso no exime a la FGR de sus responsabilidades. ¿Algún día veremos el final de la impunidad en nuestro país? La verdad soy muy poco optimista al respecto.
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