En México la verdad ha sido un terreno pantanoso. Cada gobierno promete transparencia, justicia y rendición de cuentas, pero la opacidad sigue siendo una sombra difícil de disipar. Durante décadas, las cifras de violencia se han maquillado, la corrupción se ha diluido en narrativas ambiguas y las desapariciones han quedado atrapadas entre la burocracia y la indiferencia oficial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que su gobierno no construirá “verdades oscuras”. Lo dijo con firmeza tras el hallazgo de fosas clandestinas en Teuchitlán, Jalisco, un caso que reavivó el debate sobre la crisis de desaparecidos en el país. Con esta declaración, busca diferenciarse de administraciones pasadas, aquellas que ofrecieron justicia, pero solo dejaron más dudas que respuestas.
Hablar de “verdades oscuras” en México es recordar Ayotzinapa, donde el gobierno de Peña Nieto fabricó una versión oficial que fue desmantelada por organismos internacionales sin que su sucesor lograra esclarecer el caso. Es hablar de la Estafa Maestra, que desvió miles de millones de pesos a través de instituciones públicas. Es el encubrimiento del derrame tóxico en el río Sonora o la manipulación de cifras durante la pandemia del COVID 19. Episodios en los que la verdad se ocultó, distorsionó o disfrazó para evitar la rendición de cuentas.
El reto para Sheinbaum no es menor. No basta con decir que su gobierno será distinto; la ciudadanía necesita pruebas. ¿Cómo evitar que se repitan los mismos patrones de opacidad? La respuesta no está en el discurso, sino en fortalecer fiscalías independientes, garantizar acceso a información pública —ante la desaparición del INAI y una institucionalidad debilitada— y permitir que medios y organizaciones civiles fiscalicen sin censura ni represalias.
Romper con las verdades oscuras implica desafiar intereses arraigados y estructuras diseñadas para proteger a unos cuantos. La transparencia no puede ser solo una promesa de campaña, sino un compromiso real.
Frente al caso escandaloso del centro localizado de “adiestramiento y exterminio” en el Rancho Izaguirre en Jalisco, las osamentas, las ropas y los casquillos, y los más de 125 mil desaparecidos, no hay espacio para la simulación o el desvío de la atención.
En un país donde la verdad ha sido tantas veces negociada, el gobierno de Sheinbaum tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que un México sin sombras es posible. Llegar a la verdad para hacer justicia es el único camino para recuperar la confianza perdida.
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