Las constantes tensiones entre sindicatos y autoridades por incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales, los conflictos internos, los casos de corrupción, el discurso oficial muchas veces adverso y las denuncias sobre diversas formas de violencia, afectan la credibilidad y opacan una serie de cambios del sistema universitario público que lentamente se vienen gestando y venciendo resistencias.
Las últimas dos décadas han representado para las instituciones de educación superior, en particular para las públicas, una época de modificaciones constantes en varias áreas: modelos de planeación, gestión de nuevas carreras y planes de estudio, reordenamiento del presupuesto y aplicación del gasto, reformas en los sistemas de apoyo a la investigación y para la distribución de plazas de tiempo completo, incorporación de la perspectiva de los derechos humanos a las políticas institucionales y dos aspectos que serán fundamentales para su desarrollo en los próximos años: la acreditación y la internacionalización.
En el primer caso, la acreditación, en términos muy generales implica el cotejo de las evidencias de actividades realizadas por un programa académico en un periodo de tiempo determinado, a las que se les asigna un valor. La serie de puntos obtenidos después de revisar todos los datos y compararla con otras técnicas de recolección de información, determina el resultado y el rango de calidad en la que se ubica el programa académico sometido a evaluación. La evaluación y por consiguiente la acreditación de licenciaturas y los diferentes programas no es un asunto de mercadotecnia educativa, sino de políticas públicas de educación superior a nivel nacional e internacional.
Se han generado asociaciones civiles que mediante comisiones integradas por representantes de diversas instituciones educativas, se dedican a revisar determinados indicadores del trabajo de las universidades, los cuales van desde aspectos jurídicos y administrativos hasta programas de vinculación, intercambio estudiantil y productividad en varias áreas del ejercicio del cuerpo magisterial. Por asuntos vinculados a la transparencia de información, los organismos acreditadores tanto nacionales como internacionales tienen a disposición en sus sitios digitales información relativa a sus actividades.
De igual forma las universidades que han sometido programas educativos a procesos de acreditación a nivel nacional o internacional exponen la información correspondiente en sus páginas de internet.
La cultura de la evaluación entre pares crece, una gran cantidad de programas académicos de todas las ramas del conocimiento de un amplio universo de instituciones de educación superior, se han sometido a procesos de acreditación lo que asegura la revisión externa de la actividad institucional, recomendaciones y compromisos de acciones para modificar lo que haya que mejorar de la dinámica universitaria.
Entre lo mucho que falta por mejorar en las universidades públicas, entre lo difícil que es mover estructuras administrativas, formas de pensar o modificar rutinas laborales ya muy enraizadas, e incluso entre lo complicado que es recomponer relaciones laborales e interpersonales que entran en fricción constantemente, se vienen sentando las bases para modificar a futuro, los procesos y rutinas de productividad así como criterios para establecer la calidad de las instituciones públicas de educación superior.
Particularmente importantes son los cambios vinculados a los estudiantes. La participación de estos en actividades de intercambio estudiantil tanto a nivel nacional como internacional es necesaria tanto por el contexto de globalización en el que vivimos como porque son elementos de política pública ya establecidos con recursos asignados, reglamentación definida y amparados en convenios de vinculación interuniversitarios.
La incorporación del colectivo estudiantil en procesos de internacionalización aún debe ser retomada con mayor impulso y ampliar su concepción no solo a su etapa como alumno, sino a crear condiciones más precisas para que se incorpore al mercado laboral extranjero. De entrada implica mayores recursos para gestionar sus estancias en universidades extranjeras y para lograr que sean más los estudiantes inmersos en convenios de movilidad internacional estudiantil.
Pero las limitantes no están en los recursos únicamente, sino en elementos como el aprendizaje de segundos y terceros idiomas, el desarrollo de competencias hoy llamadas globales en la institución nacional en la que estudian, la base familiar que incluye recursos financieros y de interacción. Ante ello, la aplicación de estrategias de impulso a la movilidad estudiantil se impone como algo que debe ser integral, que se insiste, tenga en su perspectiva la posibilidad de incorporación del estudiante a un mercado laboral internacional.
Si la base conceptual y práctica de la internacionalización se sostiene como un asunto de cooperación internacional para el desarrollo, las universidades públicas expanden sus áreas de oportunidad: profesores incorporados a experiencias binacionales de docencia, más investigadores integrados a grupos con estándares internacionales, estudiantes, planes de estudio y desarrollo curricular, intercambio de información, y una larga lista adicional de factores a influir.
La velocidad de los cambios debe incrementarse y debe renovarse también la responsabilidad social y vocación democrática de estas instituciones en su sentido más amplio. Incrementar la supervisión sobre el ejercicio de los recursos, revisar los mecanismos de ingreso a las universidades, generar actividades de mayor impacto relativas a la inclusión, democratizar la toma de decisiones, impulsar el sistema semipresencial, en realidad son muchos los cambios necesarios, pero es inevitable también valorar lo alcanzado en las diferentes áreas.
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