Sobre la objeción de conciencia

A continuación se ofrece una reflexión sobre la objeción de conciencia, analizando las posturas a favor y en contra.  

8 de octubre, 2021

En las últimas semanas han vuelto a resurgir las posturas a favor y en contra de la objeción de conciencia. Se ha dicho, por parte de los defensores, que ante un posible mal grave que una persona se vea forzada a cometer por una ley, debe tener derecho a oponerse al mismo individualmente. Los que rechazan la objeción de conciencia han dicho que es como “un cheque en blanco” en donde implicaría negar derechos ganados a otras personas en nombre de una postura individual.

En realidad ambos tienen algo de razón. Los defensores argumentan que no se puede objetar cualquier procedimiento, sino algunos de ellos en los que esté en juego la vida de las personas o de lo que consideran que son personas como en el caso del aborto. Puede plausiblemente suponerse que no hay objetores en todas las áreas críticas; así, sería extraño que un médico que en consulta privada dé anticonceptivos y píldoras del día después fuese un objetor en el ámbito público. Lo anterior lleva a que no tiene por qué darse la situación de una falta de atención a un individuo concreto porque prácticamente siempre habría alguien que atendiese el servicio solicitado.

Los objetores, por otro lado, temen que en situaciones como las urgencias médicas (entendido en un sentido amplio, no sólo restringido a lo que suele suceder en salas de urgencias de hospital), no haya quién atienda el caso. Por ejemplo, una mujer que se presenta a solicitar un aborto en el límite de tiempo legal, alrededor de las doce semanas, y debido a que se presente objeción, durante el transcurso que se resuelve la situación, la mujer ya no pueda acceder al servicio.  

Por supuesto que tener objeción de conciencia complica los procedimientos: el respetar las diferencias y sentidos de vida de las personas impide tratarlas de manera homogénea. De hecho creemos que debe haber ajustes. Por ejemplo, la educación debe adaptarse a las realidades y aspiraciones de grupos determinados de población. La objeción de conciencia por eso se ha presentado no sólo en el ámbito de la atención en salud sino en otros ámbitos como el servicio militar. 

No hay que negar que, pese a lo señalado, se da un auténtico choque de valores: el defensor del aborto cree que el embrión no es una persona sujeta de derechos y el que se opone cree que es una persona. Ese conflicto puede argumentarse en el campo racional, ya que muchos objetores del aborto no son religiosos, sino consideran que los argumentos derivados de la embriología y la ciencia que el desarrollo del embrión no tiene saltos cualitativos sino es un todo continuo: una persona en desarrollo. Los objetores consideran que hasta que no aparecen estructuras necesarias (mas no suficientes), para poder tener conciencia, como los inicios del sistema nervioso no se está ante un sujeto de derechos. No obstante, lo que quiero resaltar es que la objeción de conciencia, aun por motivos religiosos, se funda en la realidad de que las personas necesitan desarrollarse en plenitud conforme a sus propias visiones del mundo. Estas visiones del mundo colisionan y lo que se busca con las leyes es disminuir los conflictos sin sacrificar a los individuos. Por supuesto, hay formas de vivir que no requieren objeción de conciencia como el ser veganos. Puedo considerar erróneo el consumir animales, pero yo puedo abstenerme de ellos. Eso sí, el objetor de conciencia no debe obstaculizar a su contrario, pero pide que no se le obligue a ir en contra de su conciencia en temas, por supuestos que implican valores centrales.  

En materia religiosa es fácil entender por qué se plantea la objeción de conciencia. Por ejemplo, cuando Iglesia Católica plantea el tema de la eutanasia señala:

Ante las leyes que legitiman – bajo cualquier forma de asistencia médica – la eutanasia o el suicidio asistido, se debe negar siempre cualquier cooperación formal o material inmediata. Estas situaciones constituyen un ámbito específico para el testimonio cristiano, en las cuales «es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29). No existe el derecho al suicidio ni a la eutanasia: el derecho existe para tutelar la vida y la coexistencia entre los hombres, no para causar la muerte. Por tanto, nunca le es lícito a nadie colaborar con semejantes acciones inmorales o dar a entender que se pueda ser cómplice con palabras, obras u omisiones (1).

Naturalmente lo anterior tiene supuestos ontológicos y epistemológicos de corte religioso como es la idea de la vida como un don de Dios, donde el hombre sólo puede custodiar, pero no disponer de ese bien. Además, la idea de que es posible conocer “la voluntad de Dios” es de carácter religioso. 

Claro está que también puede objetarse la eutanasia desde una óptica de la ética médica: los actos de dar muerte a alguien como tal no constituyen actos médicos (primero no dañar) ya que no entra en ninguna de las categorías que incluso la Ley General de Salud:

Artículo 33. Las actividades de atención médica son: I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica; II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. (2).

Así que la práctica médica no entra el producir la muerte de alguien, por eso sería lícito oponerse a la eutanasia.

En conclusión lo que se pretende mostrar es que la objeción de conciencia no es un asunto que deba limitarse a creencias religiosas, además entendidas como subjetivas e irracionales, sino que se han planteado argumentos que no presuponen las mismas y que deben de incluirse en la discusión racional del tema. 

Referencias:

  1. Carta Samaritanus bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, 9.  14 de julio de 2020. Disponible en: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/09/22/carta.html
  2. Ley General de Salud. (2021). México. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf

 

Comentarios
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Por fortuna me acabo de enterar de que  el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhibió y declaró la inconstitucionalidad del escondidizo artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El proyecto de resolución estuvo a cargo de mi admirado compañero de la Escuela Libre de Derecho, el Ministro Fernando Franco, que de esa manera, sale por la puerta grande de la Suprema Corte y culmina esa etapa de su brillante carrera, que ahora habrá de continuar por otros caminos. A la vista de la inequívoca unanimidad mostrada por la Corte para defender la Constitución, el INE tiene una excelente oportunidad acudir en CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL contra el Poder Ejecutivo Federal, para desenmascarar la farsa propagandística que MORENA “ha sacado del closet” INVITANDO A FIRMAR PARA INICIAR EL  PROCESO DE RATIFICACIÓN DEL MANDATO DE LÓPEZ OBRADOR. El INE no puede autorizar ni sancionar absolutamente NADA que no esté expresamente previsto en nuestra Constitución Federal. El presidente de la República y MORENA se han colocado abiertamente contra la Constitución y fuera de toda legalidad. De acuerdo con nuestra Constitución, la consulta solamente podía ser convocada para la REVOCACIÓN, pero NO para la “RATIFICACIÓN” del mandato presidencial. El INE puede y debe ponerle punto final a la campaña de propaganda personalizada de AMLO que además es un delito flagrante. ¿Cambiar de REVOCACIÓN a RATIFICACIÓN es un DELITO? No es lo mismo una consulta de revocación, que un proceso de ratificación; la Constitución regula EXCLUSIVAMENTE LA REVOCACIÓN. El INE, NI TENIENDO EXCEDENTES presupuestarios desbordantes, podría legalmente financiar a un sólo partido político como MORENA para lanzar una campaña propagandística que busca EXALTAR a López Obrador mediante LA RATIFICACIÓN de su mandato, pidiéndole que NO SE VAYA.  ¿Qué no se vaya NUNCA??? La Constitución Federal no contempla nada parecido a un PROCESO DE RATIFICACIÓN DE MANDATO PRESIDENCIAL. En consecuencia, canalizar un sólo peso para impulsar esa campaña propagandística impulsada por MORENA, convertiría al INE en cómplice del delito federal de PECULADO. El PECULADO del que el INE no debe hacerse cómplice, está tipificado en el artículo 223, fracción II del Código Penal Federal que a la letra dice: Artículo 223.- Comete el delito de peculado II.- “El servidor público que ILÍCITAMENTE UTILICE FONDOS PÚBLICOS u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades CON EL OBJETO DE PROMOVER LA IMAGEN POLÍTICA O SOCIAL DE SU PERSONA, la de su superior jerárquico o la de un tercero, O A FIN DE DENIGRAR A CUALQUIER PERSONA;” USO ILÍCITO DE FONDOS PÚBLICOS López Obrador está haciendo un USO ILÍCITO DE FONDOS PÚBLICOS porque el artículo 35 constitucional habla de REVOCACIÓN de mandato, NO de RATIFICACIÓN. Desviar fondos públicos para financiar un proceso propagandístico NO AUTORIZADO EN LA CONSTITUCIÓN, materializa el primer elemento de este delito. PROMOCIÓN DE LA IMAGEN POLÍTICA DE LÓPEZ OBRADOR. El ilegalmente llamado “proceso de ratificación”  ha sido ordenado  por López Obrador PARA PROMOVER SU PROPIA IMAGEN POLÍTICA, como lo demuestra la propaganda masivamente difundida por todos los medios públicos existentes. Para promover el culto a su propia personalidad, está disponiendo de FONDOS PÚBLICOS, y eso constituye PECULADO. Todo lo que el Consejero Presidente del INE tiene que hacer, es acudir ante la Suprema Corte con base en el artículo 105 de la Constitución, que a la letra dice: Artículo 105.- “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:” L.- “Dos órganos constitucionales autónomos federales, y ENTRE UNO DE ÉSTOS Y EL PODER EJECUTIVO DE LA UNIÓN… El INE no se debe quedar callado ante el asedio que busca arrebatárnoslo; no debe permitir que el presidente y su MORENA lo sometan mediante su BULLYING POLÍTICO CRECIENTE. Nada justifica que se gaste NI UN SOLO CENTAVO en el fraude propagandístico de AMLO, mientras el desabasto de medicamentos para niños con cáncer subsiste sin visos de corregirse. Nada justifica que se gaste NI UN SOLO CENTAVO en la promoción personal de AMLO, mientras hay millones de mexicanos de todas las edades, SIN RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID 19. El INE debe actuar de inmediato y cancelar la campaña INCONSTITUCIONAL de la “RATIFICACIÓN” del presidente que no está autorizada en la LEY SUPREMA QUE NOS RIGE. El Instituto Nacional Electoral es una institución de todos los mexicanos que todos debemos defender. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por fin alzó la voz y dio el ejemplo que debemos seguir. No debe permitirsele a nadie (aunque sobre el sueldo más alto) que haga de la Constitución letra muerta, de la ciudadanía su burla, y de México su circo.  " ["post_title"]=> string(41) "Ni su burla, ni sus payasos, ni su circo" ["post_excerpt"]=> string(127) "El INE puede y debe ponerle punto final a la campaña de propaganda personalizada de AMLO que además es un delito flagrante. 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