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Ricardo Anaya, ¿perseguido político o justicia a secas?

24 de agosto, 2021

La conferencia mañanera del pasado 23 de agosto estuvo dedicada a los señalamientos que vertió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya sobre el proceso penal que le sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de soborno para aprobar la ley energética. Este proceso se inició por la denuncia del corrupto exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El fin de semana pasado el excandidato panista había alertado de una acción penal en su contra y acusó al presidente de intentar encarcelarlo para descarrilar su aspiración presidencial, por lo que anunció su exilio voluntario.

La FGR citó a comparecer a Anaya ante un juez para que aclare los presuntos sobornos en efectivo realizados por el exsenador Jorge Luis Lavalle, quien a través de Rafael Caraveo (increíblemente exonerado) entregó 80 millones de pesos a los legisladores blanquiazules para votar a favor de la reforma energética, según consta en un video entregado por Lozoya. El único personaje que está preso por esta denuncia es el exsenador Lavalle. La FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero brilla por su tortuguismo y por su ausencia en los medios en este caso que debería ser emblemático.

En otros momentos el nombre de Anaya ha estado ligado a los “moches” en la asignación de recursos desde el congreso de la unión cuando fue legislador. Ante el citatorio girado por la FGR el auto victimizado suspirante presidencial huyó del país alegando que sus derechos políticos serían vulnerados; mañosamente omitió explicar que solamente en caso de ser juzgado y sentenciado como culpable, es cuando dichos derechos serían revocados.

Los procesos penales en contra de Ricardo Anaya no son nuevos, con razón jurídica o por simple golpismo político, el excandidato padeció de señalamientos durante la campaña presidencial de acciones ilegales en la compraventa de una nave industrial en su natal Querétaro. Como bien lo señaló AMLO, muchas de las demandas penales fueron realizadas por excompañeros de partido y por los nuevos aliados del frente opositor que antes atacó al panista, y ahora en el pragmatismo político más rancio, salen masivamente en su defensa.

El exsecretario y exsenador por el PAN, Javier Lozano, en la pasada campaña de 2018 apoyó la denuncia que se presentó contra Anaya por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Este personaje oscuro quien mantiene el estilo porril de realizar política, estuvo identificado con el grupo calderonista que buscó regresar al poder mediante la fallida candidatura independiente de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.

Lozano, desde el travestismo político, dinamitó la candidatura de Anaya al que atacó inmisericordemente. Ahora ante la acción legal en contra del queretano, que el mismo exsenador promovió, salió en su defensa y lo denominó perseguido político en un acto demencial.

El exsecretario de Hacienda de Calderón y exsenador, Ernesto Cordero, realizó la demanda contra Anaya por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El nefasto personaje es famoso por sus declaraciones descabelladas de que con un sueldo de 6 mil pesos mensuales es suficiente para que una familia pueda pagar un carro, inscribir a los hijos en una escuela privada y vivir cómodamente.

Si bien Cordero no se pronunció sobre el proceso judicial contra Anaya, si lo hicieron el matrimonio Zavala-Calderón en un acto esquizofrénico de apoyo a quien antes acusaron de todo. Incluso el expolicía federal Javier Herrera Valles dedicó un mensaje en contra de Calderón acusándolo de cínico por haberlo encarcelado cuatro años por denunciar los lazos con el narcotráfico de Genaro García Luna, ahora bajo proceso judicial en los Estados Unidos.

El intrascendente expresidente de lo que queda del PRI, Enrique Ochoa Reza, también acusó al excandidato panista en el nado sincronizado del otrora partidazo para detener el crecimiento en la contienda presidencial. La entonces PGR facciosa acusó a Anaya de lavado de dinero y dos días antes de la conclusión del mandato de Enrique Peña, fue exonerado al no existir suficientes elementos de prueba.

El ascenso meteórico del denominado “joven maravilla” estuvo plagado de traiciones, desencuentros y divisiones al interior de su partido. El clímax del cisma panista ocurrió cuando los Zavala Calderón dejaron el partido cuando entendieron que la candidatura presidencial se quedaría en manos de Anaya, lo cual fue imposible de digerir para el resentido matrimonio que históricamente no sabe aceptar las derrotas.

Anaya siempre fue buen polemista, en la campaña que llevó a la presidencia a AMLO; logró asestarles críticas mordaces a sus contradictorias posiciones; sin embargo, nunca logró hacer mella en imagen de incorruptible y luchador del pueblo del talentoso político tabasqueño. Los resultados electorales para el PAN en 2018 fueron los más adversos en su historia, producto de la desastrosa campaña de Anaya.

Por lo pronto el precandidato ya puso pies en polvorosa y se autoexilió del país acusando una persecución política, que hasta el momento no se puede comprobar sin conocer las pruebas que tiene en su poder la FGR, ausente mediáticamente en este caso.

Anaya no se atreverá a pisar un juzgado sin un amparo o negociar previamente su situación legal, pues teme que la justicia selectiva del régimen morenista le pueda aplicar la prisión preventiva como la que padece la impresentable Rosario Robles, quien nunca ha querido reconocer sus desfalcos millonarios y triquiñuelas tan bien documentados en la estafa maestra.

La carta política de la victimización de Anaya no estaría completa si no sigue los consejos envenenados del presidente AMLO de enfrentar el proceso legal sin amparos y tener la foto en un juzgado que lo transformaría de un precandidato sin muchas opciones, a un presidenciable con todo que ganar y nada que perder. El primer mandatario sabe como nadie jugar el juego político que convierte a simples políticos en poderosos contendientes. Requiere de un talento excepcional el explotar al máximo la imprudencia política de los actores empoderados en un sistema anquilosado que tradicionalmente ha judicializado algunos aspectos políticos de sus opositores.

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