La idea del presidente López de traer un contingente de 500 médicos cubanos, argumentando que en México no hay suficiencia de especialistas, ha causado gran malestar en el gremio. Nosotros, como profesionales de la salud sabemos, con base en información comprobable, que sí hay forma de dar la cobertura necesaria para la atención de salud de los mexicanos. En un par de ocasiones López Obrador ha afirmado de manera pública que no hay especialistas que quieran irse a zonas remotas, como sería la sierra de Guerrero, y que por esa razón vendrán los caribeños.
Hay varias aristas a revisar. Lo primero es partir de un análisis preciso y documentado del número de médicos que egresan periódicamente de nuestras universidades. Vayamos un poco más atrás para señalar que la cifra de egresados va en relación con el número de aspirantes que ingresan a la licenciatura. En cuestión médica no aplica el paternalismo tan procurado por el primer mandatario. No funciona que ingresen en forma indiscriminada estudiantes carentes del perfil requerido. Y menos aún, que egresen a la práctica profesional quienes no cuenten con las competencias necesarias para atender un paciente. No es discriminación contra los que no logran las calificaciones necesarias; no es un sistema arbitrario que deje fuera a unos y admita a otros. Como todo en esta vida, la formación de médicos cirujanos demanda de manera puntual el cumplimiento de un perfil profesional determinado.
Las ciencias médicas tratan con los bienes más preciados del ser humano: la salud y la vida. Para ello requerimos profesionales con la mejor preparación. No aplica jamás una actitud de improvisación, o poner por delante de esta premisa cualesquiera otras. Se ha dicho que los médicos cubanos son “especialistas”, aunque tenemos la experiencia anterior, cuando el pico de la COVID, se trajeron especialistas en salud pública, médicos comunitarios que cumplen funciones básicas con enfoque epidemiológico.
Una queja que ha expresado más de una vez el presidente es que los especialistas no quieren irse a las zonas rurales. Lo anterior denota su desconocimiento acerca del sistema de atención que se maneja desde hace muchos años en México. El primer nivel de atención cubre la mayor parte del territorio nacional, ya sea mediante médicos titulados, pasantes de medicina o técnicos médicos. Ellos tienen a su cargo la atención general de los pacientes, y deciden cuáles requieren pasar a un segundo nivel de atención, esto es, con especialistas y subespecialistas: Medicina Familiar, Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, y Pediatría. Más adelante quedan las subespecialidades. Agotado este nivel, se recurre al tercer nivel de atención: Los superespecialistas, dedicados a atender casos menos frecuentes y más complicados, como serían neurocirujanos; oncólogos o hemodinamistas, por citar algunos. Resultaría ocioso, dada la limitación del recurso humano, colocar un pediatra en la Sierra de Guerrero para atender 20 niños enfermos, en lugar de concentrarlo en las urbes para atender una cantidad exponencialmente mayor de pacientes.
El anterior es el sistema que ha funcionado para asegurar la adecuada atención de pacientes. En el último año de mi especialidad en Pediatría Médica, efectivamente me tocó pasar cuatro meses en una clínica del entonces IMSS-Solidaridad, en Doctor Arroyo Nuevo León. Los casos de enfermedades infecciosas como gastroenteritis o bronconeumonías se atendían con los recursos al alcance, lo que redundaba en buenos resultados. Casos más complejos se derivaban a hospitales de concentración, para bien del paciente. Así ha sido y así deberá ser, porque es lo que funciona mejor para todos.
En nuestro país, para ejercer la especialidad, hay diversos requisitos. En primer lugar, el título de licenciatura expedido por una universidad reconocida en la que el estudiante cursó sus estudios. La comprobación de su servicio social. El pase del examen nacional de residencias médicas (ENARM), para ingresar a hacer la especialidad en una institución debidamente reconocida. Al término de ésta, la acreditación, tanto por parte de la institución de salud en la que se cursó la especialidad, como de la universidad que avaló el programa de especialidad. La expedición de la cédula profesional; la certificación por parte del consejo correspondiente a la especialidad, y la renovación de la certificación cada cinco años. Algo similar ocurre para la especialidad de Medicina Familiar. De esta manera se puede garantizar que el médico que atiende a los pacientes cuente con la debida preparación y actualización para hacerlo.
Cierto, hablando de especialistas hay cierta concentración del recurso humano. El médico va a buscar una plaza que le permita ejercer, tanto dentro de una institución, como fuera de ella, en su consultorio particular. El Estado no puede obligarlo a fijar su residencia en los Altos de Chiapas o en el desierto coahuilense de Laguna del Rey. El sistema democrático le otorga la libertad para establecerse donde más le convenga a sus intereses. Tampoco puede obligarlo a instalarse en regiones en las que el crimen organizado ha sentado sus reales. Corresponde al mismo Estado resolver los problemas de inseguridad y ya luego ofrecer a los médicos egresados una plaza. Una plaza digna, que le permita al profesional cubrir las necesidades personales y de su familia.
Más que resolver un problema médico que no es tal sino producto de la falta de planeación, pareciera que traer médicos cubanos obedece a cuestiones políticas.Y que, en lugar de mejorar los salarios de nuestro personal de salud, las exorbitantes sumas a pagar a Cuba por la facilitación de su personal profundizará los problemas económicos del país.
Médicos sí hay, señor presidente. Médicos generales y especialistas debidamente preparados. Una legión de profesionales que buscan desesperadamente trabajo, a falta de oportunidades. Bien dice el dicho: “El buen juez por su casa empieza”. Vamos viendo primero por nuestros profesionales, y ya luego pasamos a otras cosas.
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