Los pasaportes de inmunidad: comentarios

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16 de agosto, 2021

Recientemente se ha generado un debate en torno a la libertad de tránsito en tiempos del Covid. En algunos países como Francia se intenta imponer los llamados “pasaportes de inmunidad” o sea un documento que certifique la vacunación y/o tener una prueba negativa de esta enfermedad para poder acceder a ciertos lugares. El debate es: ¿se debe obligar a las personas a vacunarse para tener acceso a ciertos bienes públicos? El debate no es nuevo. Cuando se combatió y erradicó la viruela era requisito para viajar a otros país el estar vacunado contra la misma y de hecho en el pasaporte debía estar presente un sello confirmatorio. Entonces ¿qué ha cambiado?  Probablemente uno de los problemas es que las restricciones actuales no solo aplican al viajar a otros países sino a actividades cotidianas locales que parecen quedar en el ámbito de decisión individual. Un ejemplo es ir a una cafetería. 

¿Qué razones puede haber para exigir un documento de esa naturaleza dentro de un mismo país o comunidad? Podría argumentarse que conforme al principio de justicia estamos obligados tanto a recibir como dar a cada uno en proporción a sus méritos y responsabilidades (justicia distributiva). En este sentido, en las profesiones especiales que implican un contacto “forzoso” con las personas como la medicina, la enfermería, el trabajo social etc., se tiene el derecho a recibir la vacuna antes porque hay obligación de proteger a las demás personas. Es decir la vacunación y cualquier otro bien humano no se posee como un derecho sin su correspondiente deber. Tengo derecho a la educación porque tengo el deber de ser productivo para mí y para los demás. Desde esa óptica, los pasaportes de inmunidad de una enfermedad que abarcan a todos los estratos sociales no parecen así una demanda excesiva: tengo derecho a movilizarse para cumplir así con mis obligaciones laborales y personales y debo hacerlo sin interferir con los derechos y deberes de los demás. Pero, podría insistirse en que se trata de una “pérdida de libertad”. Por supuesto, si se entiende la libertad como sólo “liberarse de”, no cabe duda de que el pasaporte constituye una atadura. Pero si entendemos libertad como “libertad para” es decir, condiciones para el desarrollo y disfrute de las capacidades y bienes humanos, se constituye en lo opuesto: acorde a nuestra naturaleza humana usamos un recurso, la vacunación, para que todos podamos ejercer nuestros deberes y derechos.

Pero, se ha objetado que la vacunación es voluntaria y por tanto no se me puede obligar, entonces ¿por qué se deben restringir mis otros derechos? La respuesta que daría ya está dada antes: los derechos están correlacionados con deberes: si como maestro no quiero vacunarme, atento contra la obligación de cumplir mi deber de enseñar. Además, guste o no, nuestros derechos individuales no están desconectados de la comunidad: en abstracto tengo derecho a ir donde me plazca, pero en la realidad concreta siempre está delimitada por los derechos y obligaciones de los demás. Por ejemplo, si voy manejando en la ciudad me veo obligado a respetar las reglas de tránsito a pesar de mis intereses. Claro está, pueden discutirse los límites de esa regulación: así pueden objetarse ciertas reglas de tránsito como fuera de lugar o sin sentido, lo que significa que no cumplen con su fin propio que es permitir que todos puedan transitar sin obstaculizarse o ponerse en peligro desmedido. Del mismo modo, los pasaportes sanitarios son eso: regulaciones para poder facilitar el ejercicio de nuestros derechos; dicho de otro modo, el sentido es regulador. Si se está vacunado o se prueba que no se tiene el virus, ayuda a que se normalicen todos los derechos y se puedan ejercer las obligaciones respectivas.  

 

Comentarios
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Asi una larga lista de despropósitos  que llevan a que  quien tiene dinero y contactos salga airoso de este caos de Justicia. Pobres niños mexicanos, no saben lo desamparados que están. Un país que no protege a sus niños es un país condenado al ostracismo y al más absoluto de los fracasos. Hago un llamamiento a las Autoridades mexicanas para que hagan algo por este niño mexicano, hagan justicia y se lo pido por el bien de todos los niños mexicanos, no solo por DLLDB, mi hijo mayor. 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Ante esas manifestaciones de Anaya, el presidente pidió en su “mañanera” a la Fiscalía General de la República (FGR) que hiciera pública la causa de acusación contra el panista. En “cumplimiento” a la petición, la Fiscalía "autónoma" emitió un comunicado, en el que se lee: “... Emilio "N", en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo "N", para que votara a favor de la Reforma Energética que privatiza la producción petrolera mexicana, en favor de las empresas extranjeras como Odebrecht Brasil (…) Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo (...) en el año 2014 (…) Posteriormente (...) quedó constancia de que Ricardo "N" votó a favor de la misma.  “La secuencia de todas las diligencias señaladas (...) evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido...” Lo expuesto por la FGR es de lo más aberrante jurídicamente que puede darse en un Estado de Derecho, ya que en su comunicado público se advierte que se inició una investigación en contra del ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por haber recibido dinero (es hipótesis) para votar en favor de la reforma energética constitucional, promulgada en diciembre del año 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de ese mismo mes y año, sosteniéndose en la acusación que, tal acto, constituye el delito de cohecho, lo que de acreditarse sería cierto.   En efecto, el cohecho es una conducta delictiva que se traduce en la recepción de dinero u otros bienes por parte de un servidor público, por hacer o dejar de hacer sus funciones, resultando, en este caso de muy difícil comprobación, en cuanto a que habría que demostrarse que, antes de la votación a esas reformas, se le ofreció a Anaya un pago por su voto, siendo extraño que, según la propia carpeta de investigación, en la parte que se ha hecho pública, ese pago se le hizo varios meses después de que emitió su voto, a saber, el voto en diciembre de 2013 y el pago en agosto de 2014.  Además de tal hipótesis, relativa al delito de cohecho, se expuso en el comunicado de la FGR, que la reforma a la constitución, tuvo por objeto la entrega del patrimonio petrolero a los extranjeros y que tal, le ha traído consecuencias de sufrimiento social y económico a México, lo que resulta en una opinión insostenible e ilegal. Así es, la reforma a la Carta Magna en materia energética de finales de 2013, se realizó en cumplimiento al artículo 135 de la misma Constitución que determina que, para su reforma, debe aprobarse por las dos terceras partes del Congreso, es decir, de cada cámara legislativa, lo que se conoce como “mayoría calificada” y, adicionalmente, se requiere el voto de por lo menos la mitad de los congresos de las 32 entidades federativas, para que, en su conjunto, Congreso Federal y legislaturas de los Estados, formen el “Poder Constituyente”, único que puede reformar nuestro Máximo Cuerpo Legal. En el caso, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una votación en el Senado con 95 votos a favor y 32 en contra y, posteriormente en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma con una votación de 354 a favor y 134 en contra, y uno de esos trescientos cincuenta y cuatro votos fue el de Ricardo Anaya Cortés. Después de ello, el proyecto de reforma se turnó a los Congresos de los Estados, emitiéndose votaciones en cada una de las legislaturas locales, para que al final la reforma constitucional quedara aprobada por la votación a favor de 26 Estados de la República.    Luego entonces, casi cien Senadores, que sumados a más de trescientos cincuenta diputados y otros cientos de legisladores estatales, aprobaron las reformas constitucionales. ¿Y así la Fiscalía General de la República pretende que se sancione penalmente a Anaya y, al parecer a otros investigados, por votar a favor de la reforma energética? Una pretensión aberrante ya que, como está plenamente documentado en el proceso legislativo, esta reforma se aprobó por el “Poder Constituyente”. La Constitución Política, siendo la Ley Suprema es incuestionable jurídicamente, esto es, que no existe ninguna autoridad, ni organismo público, ni autónomo, ni de cualquier especie, que tenga facultades para que, oficialmente, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, pueda tachar de incorrectas o ilegales las reformas constitucionales; es más, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida para emitir resolución alguna que determine que alguna Norma Constitucional es ilegal, incorrecta o dañina para el país, ni siquiera emitir opinión que la descalifique, ya que la principal función de la Corte es la de ser el Órgano Máximo de Control Constitucional, que le obliga a defender nuestra Carta Magna en su integridad y sin calificarla de buena o mala. 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El órgano judicial en materia penal debe buscar la VERDAD MATERIAL, no una  mera VERDAD FORMAL  y sobre todo cuando estén involucrados niños(as) y adolescentes, interpretar las normas a la luz del principio de  INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, principio de rango constitucional y multideclarado por los convenios y tratados internacionales  de los que México es parte y que se ha positivizado recientemente en la Ley General de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (LGDNNA art..106). Hemos conocido el escándalo sucedido  en la escuela internacional LICEO FRANCO MEXICANO AC , con sede en Polanco, donde un niño (DLLDB) tuvo un gravísimo percance en el gimnasio de la escuela, jugaba sin supervisión alguna en una zona abierta al acceso de niños menores de 12 años durante el recreo , y donde el niño jugando cayó de una altura de 2.5 metros fracturándose ambas manos , con fracturas expuestas , y que fue ̈atendido ̈ en el Consultorio de la escuela donde le retuvieron 3 horas en una camilla con un caramelo sabor a limón, hasta que fue derivado al Hospital español distante unas cuadras.(ahí fue intervenido quirúrgicamente de urgencia)  Presentaba las manos en  escalera, hasta un boy scout se hubiera percatado de la gravedad de las fracturas. La tortura fue horrible. Por increíble que parezca, la carpeta de investigación  núm. CI-FMH/MH-4/UI-2 S/D/00503/02-2018 lleva más de tres años y apenas se le ha examinado al niño las manos por un médico forense, no se ha practicado reconstrucción judicial alguna de los hechos, ni ha habido prueba de careo alguno (contradicción en las declaraciones de víctima y denunciado). La escuela Liceo Francés ha impedido la entrada a la policía ministerial, no se han confiscado las cintas de video… en fin, un despapaye de carpeta, así jamás de los jamases  se le podría fincar responsabilidades a ningún agente de delito. Además, la defensa jurídica de la escuela usa todo tipo de argucias y artimañas  para dilatar la carpeta, para incidentarla mediante amparos indirectos infundados, retrasos de todo tipo .y otras prácticas que se están investigando por si pudieran ser constitutivas de delito, aunque claro tampoco aquí se espera una acción eficiente del MP.  A este paso se destruirán pruebas, se concertaran declaraciones hasta se podrían sustraer a la acción de la justicia. Uno de los delitos de negación del servicio médico (art. 324 CPCMX) tiene aparejada hasta 36 años de prisión para la ̈doctora ̈ del consultorio. ES UNA VERGÜENZA QUE NO HAYA JUSTICIA PARA ESTE NIÑO A QUIEN SE LE HAN ROTO NO SOLO LAS MANOS, SINO LA VIDA ¿NO SE SUPONE QUE EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN INICIAL BASTA CON ACREDITAR INDICIARIAMENTE LOS HECHOS Y LOS PRESUNTOS AUTORES? ¿POR QUÉ NO SE JUDICIALIZA LA CARPETA??  Que no vengan con la monserga de que no hay computadoras, no hay personal, etc. Hace 28 años no había informática y los países aplicaban la justicia penal con certeza y contundencia… Un 98% de impunidad en México me parece poco para lo que funciona esta Fiscalía de investigación, totalmente inoperante, deficiente e inepta .Tampoco se salvan los jueces de control que deberían tener más capacitación (un  juez de control de CDMX no sabía lo que era la COPRED en otra carpeta por delito de discriminación del art 206 CPCDMX, relacionada con este mismo asunto). Asi una larga lista de despropósitos  que llevan a que  quien tiene dinero y contactos salga airoso de este caos de Justicia. Pobres niños mexicanos, no saben lo desamparados que están. Un país que no protege a sus niños es un país condenado al ostracismo y al más absoluto de los fracasos. Hago un llamamiento a las Autoridades mexicanas para que hagan algo por este niño mexicano, hagan justicia y se lo pido por el bien de todos los niños mexicanos, no solo por DLLDB, mi hijo mayor. Si estás de acuerdo, firma, por favor,  en la presente liga, dando click al recuadro color rojo de abajo: http://chng.it/JNB2jrbv   [email protected]  " ["post_title"]=> string(35) "ESTADO DE DERECHO, ESTADO DE REVÉS" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(33) "estado-de-derecho-estado-de-reves" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-09-07 11:07:02" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-09-07 16:07:02" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=70174" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["comment_count"]=> int(0) ["current_comment"]=> int(-1) ["found_posts"]=> int(44) ["max_num_pages"]=> float(22) ["max_num_comment_pages"]=> int(0) ["is_single"]=> bool(false) ["is_preview"]=> bool(false) ["is_page"]=> bool(false) ["is_archive"]=> bool(true) ["is_date"]=> bool(false) ["is_year"]=> bool(false) ["is_month"]=> bool(false) ["is_day"]=> bool(false) ["is_time"]=> bool(false) ["is_author"]=> bool(false) ["is_category"]=> bool(true) ["is_tag"]=> bool(false) ["is_tax"]=> bool(false) ["is_search"]=> bool(false) ["is_feed"]=> bool(false) ["is_comment_feed"]=> bool(false) ["is_trackback"]=> bool(false) ["is_home"]=> bool(false) ["is_privacy_policy"]=> bool(false) ["is_404"]=> bool(false) ["is_embed"]=> bool(false) ["is_paged"]=> bool(false) ["is_admin"]=> bool(false) ["is_attachment"]=> bool(false) ["is_singular"]=> bool(false) ["is_robots"]=> bool(false) ["is_favicon"]=> bool(false) ["is_posts_page"]=> bool(false) ["is_post_type_archive"]=> bool(false) ["query_vars_hash":"WP_Query":private]=> string(32) "bd0b8ec772fb098824fe8618dab5d1b9" ["query_vars_changed":"WP_Query":private]=> bool(false) ["thumbnails_cached"]=> bool(false) ["stopwords":"WP_Query":private]=> NULL ["compat_fields":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(15) "query_vars_hash" [1]=> string(18) "query_vars_changed" } ["compat_methods":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(16) "init_query_flags" [1]=> string(15) "parse_tax_query" } }

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