Las palabras de AMLO ahuyentan a los inversionistas

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28 de octubre, 2020

“A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos y por eso tengo que defender el interés público” dijo el presidente López Obrador en respuesta a la carta que 40 legisladores americanos enviaron al presidente Trump reclamando los cambios en la política energética desplegada por el gobierno mexicano en defensa de los intereses de las dos grandes empresas públicas de México: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

En su respuesta y posterior discurso, López Obrador demostró su desdén por la realidad que enfrenta su gobierno tanto en el ambiente internacional, como nacional, al resaltar: “no vamos a violar ningún acuerdo, ningún contrato. Vamos, apegados al marco legal que se tenga, a darle preferencia tanto a la CFE como a Pemex, que son empresas públicas. Sin violar la ley, vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas y que se pueda comprar más carbón y apoyar a los productores de esta región”. Y terminó con la siguiente frase contundente: ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los públicos

En esas tres expresiones, quien hoy gobierna a México, dejó en claro que su obsesión es ser reconocido como el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, obsesión que le ciega de reconocer el período histórico en que le tocó gobernar a nuestro país. Emblemático de lo que podría depararle el futuro es el haber pronunciado esas palabras en la Termoeléctrica que lleva el nombre de José López Portillo, otro presidente quien, por también desdeñar la realidad internacional y nacional que le tocó encarar, defendió en vano la riqueza petrolera de nuestro país terminando por ser clasificado como uno de los peores presidentes que ha gobernado a México.

Dejando fuera el juicio que la historia hará del período de López Obrador, en lo inmediato, las tres frases ponen en riesgo tanto la competitividad futura de nuestro país, como la atracción de inversión extranjera, la modernización de nuestra estructura productiva y la relación de los sectores privado y público en el país.

En un artículo reciente, Gonzalo Hernández Licona* analiza el impacto de la última frase presentada. Dice con claridad que el presidente no entiende la relación público-privada de nuestra economía. Hernández Licona explica que del total de 55 millones de trabajadores que había en México al inicio del año 2020, 49.6 millones laboraban en empresas del sector privado. En su análisis, Hernández Licona deja en claro que de acuerdo a las palabras vertidas por López Obrador, debemos entender que no solo no va a apoyar a las empresas privadas donde trabajan la mayoría de los mexicanos, sino que además va a hacer lo posible por regresar al concepto de que es el Estado quien determina el rumbo de la economía y el papel del sector privado es ajustarse a esa rectoría pública como lo hacía en los años 70s del siglo pasado, años que tanto admira el actual presidente de nuestro país. Como en esa época, el riesgo es que al finalizar el sexenio de la 4T México quede con una estructura debilitada e incapaz de hacer frente a la competencia internacional que enfrentaremos. 

Decir que Repsol no paga su salario muestra tanto la posición de López Obrador respecto al papel de la inversión extranjera en México, como las garantías legales para inversionistas extranjeros operando en México durante el resto de su administración. Tanto la preocupación expresada por los congresistas americanos en su carta al presidente Trump, como la carta dirigida al presidente mexicano por la American Bar Association, expresan la inquietud de empresas extranjeras respecto a la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. La carta de la barra de abogados americana deja en claro que la percepción internacional es que el estado mexicano viola los derechos de representación legal y defensa imparcial con que debe contar todo imputado (empresa o persona). La respuesta del presidente mexicano deja claro, en primer lugar, que confunde las quejas provenientes del extranjero al mezclar lo dicho por empresas españolas con lo dicho por congresistas americanos y la profesión legal de ese país; y en segundo, no comprende la relevancia de estas quejas para la atracción de inversión extranjera hacia México. El mensaje enviado a la comunidad internacional es que durante su administración no se respetará el Estado de Derecho en México. El efecto será negativo y anulará cualquier posibilidad de atraer inversiones procedentes de los Estados Unidos y la Unión Europea.   

Por último, las palabras del presidente mexicano evidencian que su gobierno no tiene intención ni de impulsar el desarrollo de tecnología moderna en México, ni cumplir con los compromisos contraídos por nuestra nación en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Mencionar la compra de más carbón para la producción de energía eléctrica, así como su insistencia en favorecer a CFE y Pemex en la utilización de plantas anticuadas para le generación de energía en México, refuerzan su rechazo al uso de fuentes alternas de energía dejando en claro que no está dispuesto a cumplir con los compromisos contraídos por México dentro del acuerdo mencionado. Esta actitud no solo trajo ya como reacción las palabras del presidente de Iberdrola en referencia a su desistimiento de invertir en México, también traerá el rechazo de la mayoría de los países europeos y el condicionamiento del tratamiento favorable hacia nuestro país en el TLCUEM al cumplimiento futuro de metas ambientales acordadas por nuestra nación. 

En conclusión, la ignorancia reflejada en las palabras pronunciadas por López Obrador pone en riesgo el futuro de la recuperación de nuestra economía; refuerza la percepción de inversionistas extranjeros y nacionales de que no existe seguridad legal en sus inversiones reduciendo con ello la perspectiva de crecimiento de México; y empeora la relación político-social de los sectores privado y público deteriorando la gobernabilidad del país. 

*/”Sin Iniciativa Privada”, Periódico Reforma de octubre 25 de 2020, página 10. 

 

Comentarios


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Luego de las filtraciones de los audios de líder tricolor, quien no ha negado la autenticidad de los materiales ilegales, se ha demostrado un modus operandi dignos de un gánster político que abusa de su poder para beneficio propio, como fue el fraude inmobiliario, las amenazas a empresarios para que aporten de manera ilegal recursos económicos a campañas, el cuasi manual para lavar dinero con la principal televisora del país mediante el pago en efectivo de entrevistas y apariciones en programas de espectáculos tendientes a favorecer la imagen de los candidatos de la alianza opositora. Así como la presunta posesión ilegal de fotos privadas de sus compañeras legisladoras. Se especuló que Alito se fugaba del país, luego del segundo cateo del 4 de julio a su faraónica mansión. Por lo pronto la imagen del político campechano no soporta el mínimo escrutinio sobre su riqueza inexplicable, ya que los ingresos económicos del exmandatario estatal solamente provienen de su salario como funcionario, pues su origen social es modesto y nunca ha tenido una actividad empresarial previa. La tradición priísta marcaba que luego de los descalabros electorales de su líder nacional, este renunciaba para irse al ostracismo político, esperando mejores tiempos por un premio de consolación. Alito, así como Marko Cortés del PAN son inmunes a la crítica y mientras sean útiles al proyecto aliancista ideado y dirigido por las cúpulas empresariales nacionales, seguirán al frente de sus institutos políticos sin importar el fracaso electoral. El descontento de las elites empresariales nacionales con Alito y de la agrupación política amparada en el periodismo de investigación a modo, ya le asestó una publicación en contra por su negocio inmobiliario. 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Pero infectado por el mentado sospechosismo, es probable que nos pueda aclarar por qué en 2004, me imagino estuvo de acuerdo con el presidente Fox y lo impulsó o convenció, para  expedir un “Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos” en vez de redactar una nueva Ley, ya que la actual, vigente desde 1947, es la reina de la discrecionalidad, convirtiendo al Reglamento en un manjar para hacer negocios, entre empresarios y servidores públicos . Ahora, siendo Diputado Federal tal vez debería de impulsar una nueva Ley de Juegos para dar certidumbre a los participantes. ¡Buen falta hace! Ahora bien, vayamos al grano. La Industria hípica de carreras de caballos con apuesta se vigilan, en todo el mundo que conozco, por una “autoridad hípica”. Se denominan “Comisiones”. En nuestro país, por decreto del extinto presidente Luis Echeverría se creó la Comisión Nacional de Carreras, organismo que bajo la “Rectoría del Estado” era la encargada de vigilar y sancionar este espectáculo. Darle certidumbre. Durante los primeros años del sexenio de don Vicente, la “Comisión Nacional de Carreras” funcionó bajo la vigilancia de un individuo que conocía todos los aspectos de la actividad, el Dr. Carlos Guzmán Clark. Por allí del 2002, don Santiago, en una ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Cobián dio posesión, como nuevo presidente de la “Comisión Nacional de Carreras” a su amigo Manuel Pacheco Hinojosa que, por solo el hecho de ser muy “su amigo” lo designó. Empezó a ejercer el cargo, sin realmente conocer el medio, el cual es muy especializado. Esto me consta porque fui invitado a la toma de posesión. “Ahora las patas de los caballos galoparán con certeza hacia la meta…” algo así decía el cursi discurso pronunciado por el señor secretario. Días después, dos amigos míos invitaron a Mr. Pacheco a comer para presentármelo con la idea de que, tal vez, podía asesorarlo en su función. Por supuesto, tenían otros planes. Y digo “tenían” otros planes por lo que relato a continuación. ¡Soy muy mal pensado! El Reglamento fue sujeto a una controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, el cual, para entenderle, hay que ser doctor en derecho. Lo que sí logró es que un ente privado autorregulara la actividad de los caballos de carrera y en donde nuevamente el sospechosismo se hace presente. Y lo más importante ―y es el meollo del asunto― es que, con la creación del Reglamento en cuestión, se permitió el paso al establecimiento de las casas de juego: los casinos. 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Como es lógico, el anuncio se queda en el terreno político, con pocas posibilidades de ser un proceso judicial real, ya que las acusaciones parecen muy menores en comparación con la aberrante corrupción en la que estuvo envuelto el sexenio peñista. La investigación se da cuando el proceso sucesorio en el Estado de México se empieza a preparar ya que se dice, se comenta y se rumora, que para afianzar la alianza opositora el principal interlocutor con quien se realizarían los amarres para definir la candidatura aliancista, es el expresidente Peña.  El triunfo del actual gobernador Alfredo del Mazo estuvo operado desde la federación en lo que fue una elección de Estado, donde el entonces presidente EPN hizo todo por retener el estado bastión del poderoso grupo Atlacomulco. Recursos económicos ilimitados, ilegalidades cometidas contra operadores de Morena, participación indiscriminada de exsecretarios de Estado y el aparato de gobierno priísta utilizado para mantener la entidad federativa con mayor número de votantes en el padrón electoral. Por otra parte, el show, cómico, mágico musical político de “Alito”, incluida su participación en salones de la ONU vacíos y la obtención de la presidencia de la internacional socialista, es ya de proporciones tragicómicas. A su regreso al país fue detenido por migración al notificarle que tenía una alerta, lo que fue aprovechado por el político campechano en desgracia para engallarse y asegurar que no detendría su labor opositora.  Como se recordará fue EPN quien impuso a Alito al frente del PRI nacional en detrimento del candidato natural José Narro, aquel popular ex rector de la UNAM. Luego de las filtraciones de los audios de líder tricolor, quien no ha negado la autenticidad de los materiales ilegales, se ha demostrado un modus operandi dignos de un gánster político que abusa de su poder para beneficio propio, como fue el fraude inmobiliario, las amenazas a empresarios para que aporten de manera ilegal recursos económicos a campañas, el cuasi manual para lavar dinero con la principal televisora del país mediante el pago en efectivo de entrevistas y apariciones en programas de espectáculos tendientes a favorecer la imagen de los candidatos de la alianza opositora. Así como la presunta posesión ilegal de fotos privadas de sus compañeras legisladoras. Se especuló que Alito se fugaba del país, luego del segundo cateo del 4 de julio a su faraónica mansión. Por lo pronto la imagen del político campechano no soporta el mínimo escrutinio sobre su riqueza inexplicable, ya que los ingresos económicos del exmandatario estatal solamente provienen de su salario como funcionario, pues su origen social es modesto y nunca ha tenido una actividad empresarial previa. La tradición priísta marcaba que luego de los descalabros electorales de su líder nacional, este renunciaba para irse al ostracismo político, esperando mejores tiempos por un premio de consolación. Alito, así como Marko Cortés del PAN son inmunes a la crítica y mientras sean útiles al proyecto aliancista ideado y dirigido por las cúpulas empresariales nacionales, seguirán al frente de sus institutos políticos sin importar el fracaso electoral. El descontento de las elites empresariales nacionales con Alito y de la agrupación política amparada en el periodismo de investigación a modo, ya le asestó una publicación en contra por su negocio inmobiliario. El INE de Lorenzo Córdova llegó muy tarde para informar que la unidad técnica de fiscalización del órgano colegiado ya investiga la andanada de posibles delitos electorales que se prefiguran en los audios filtrados. Al interior del PRI Alito mantiene muchos frentes en lo que queda del partidazo de Estado que aún mantiene importantes liderazgos representados en las cúpulas de poder económico y social que no ven con agrado, la terrible gestión de su alicaído líder. Si bien es cierto que las reglas del partido han sido la verticalidad, la unidad en torno al poder y la claudicación de la ideología a favor del despojo nacional y del agandalle personal, en las elites priistas entienden que al existir un nuevo partido hegemónico, su destino podría estar marcado para extinguirse. Los aliados de Alito en Va por México han hecho mutis ante lo contundente de los abusos de poder, al parecer dejarían que Alito sea el chivo expiatorio de esta serie de escándalos que trastocan la vida institucional de la oposición que no sabe cómo deslindarse de un caso de corrupción e impunidad rampante al interior de eso que llaman bloque opositor. No es que sea un descubrimiento inédito como se practica la real política, llena arreglos y transas desde el poder, el pase de charola a empresarios, el rebase de los topes de campaña mediante el uso de dinero en efectivo sin importar su origen en prácticas fraudulentas, que se han perfeccionado para saltar la fiscalización selectiva del INE. Las transas y abusos no se han ido de los partidos opositores que solo buscan recuperar el poder por el poder." 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Recadito a Peña y Alito a por cigarros

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