Las palabras de AMLO ahuyentan a los inversionistas

“A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos y por eso tengo que defender el interés público” dijo el presidente López Obrador en respuesta a la carta que 40 legisladores americanos enviaron al...

28 de octubre, 2020

“A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos y por eso tengo que defender el interés público” dijo el presidente López Obrador en respuesta a la carta que 40 legisladores americanos enviaron al presidente Trump reclamando los cambios en la política energética desplegada por el gobierno mexicano en defensa de los intereses de las dos grandes empresas públicas de México: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

En su respuesta y posterior discurso, López Obrador demostró su desdén por la realidad que enfrenta su gobierno tanto en el ambiente internacional, como nacional, al resaltar: “no vamos a violar ningún acuerdo, ningún contrato. Vamos, apegados al marco legal que se tenga, a darle preferencia tanto a la CFE como a Pemex, que son empresas públicas. Sin violar la ley, vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas y que se pueda comprar más carbón y apoyar a los productores de esta región”. Y terminó con la siguiente frase contundente: ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los públicos

En esas tres expresiones, quien hoy gobierna a México, dejó en claro que su obsesión es ser reconocido como el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, obsesión que le ciega de reconocer el período histórico en que le tocó gobernar a nuestro país. Emblemático de lo que podría depararle el futuro es el haber pronunciado esas palabras en la Termoeléctrica que lleva el nombre de José López Portillo, otro presidente quien, por también desdeñar la realidad internacional y nacional que le tocó encarar, defendió en vano la riqueza petrolera de nuestro país terminando por ser clasificado como uno de los peores presidentes que ha gobernado a México.

Dejando fuera el juicio que la historia hará del período de López Obrador, en lo inmediato, las tres frases ponen en riesgo tanto la competitividad futura de nuestro país, como la atracción de inversión extranjera, la modernización de nuestra estructura productiva y la relación de los sectores privado y público en el país.

En un artículo reciente, Gonzalo Hernández Licona* analiza el impacto de la última frase presentada. Dice con claridad que el presidente no entiende la relación público-privada de nuestra economía. Hernández Licona explica que del total de 55 millones de trabajadores que había en México al inicio del año 2020, 49.6 millones laboraban en empresas del sector privado. En su análisis, Hernández Licona deja en claro que de acuerdo a las palabras vertidas por López Obrador, debemos entender que no solo no va a apoyar a las empresas privadas donde trabajan la mayoría de los mexicanos, sino que además va a hacer lo posible por regresar al concepto de que es el Estado quien determina el rumbo de la economía y el papel del sector privado es ajustarse a esa rectoría pública como lo hacía en los años 70s del siglo pasado, años que tanto admira el actual presidente de nuestro país. Como en esa época, el riesgo es que al finalizar el sexenio de la 4T México quede con una estructura debilitada e incapaz de hacer frente a la competencia internacional que enfrentaremos. 

Decir que Repsol no paga su salario muestra tanto la posición de López Obrador respecto al papel de la inversión extranjera en México, como las garantías legales para inversionistas extranjeros operando en México durante el resto de su administración. Tanto la preocupación expresada por los congresistas americanos en su carta al presidente Trump, como la carta dirigida al presidente mexicano por la American Bar Association, expresan la inquietud de empresas extranjeras respecto a la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. La carta de la barra de abogados americana deja en claro que la percepción internacional es que el estado mexicano viola los derechos de representación legal y defensa imparcial con que debe contar todo imputado (empresa o persona). La respuesta del presidente mexicano deja claro, en primer lugar, que confunde las quejas provenientes del extranjero al mezclar lo dicho por empresas españolas con lo dicho por congresistas americanos y la profesión legal de ese país; y en segundo, no comprende la relevancia de estas quejas para la atracción de inversión extranjera hacia México. El mensaje enviado a la comunidad internacional es que durante su administración no se respetará el Estado de Derecho en México. El efecto será negativo y anulará cualquier posibilidad de atraer inversiones procedentes de los Estados Unidos y la Unión Europea.   




Por último, las palabras del presidente mexicano evidencian que su gobierno no tiene intención ni de impulsar el desarrollo de tecnología moderna en México, ni cumplir con los compromisos contraídos por nuestra nación en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Mencionar la compra de más carbón para la producción de energía eléctrica, así como su insistencia en favorecer a CFE y Pemex en la utilización de plantas anticuadas para le generación de energía en México, refuerzan su rechazo al uso de fuentes alternas de energía dejando en claro que no está dispuesto a cumplir con los compromisos contraídos por México dentro del acuerdo mencionado. Esta actitud no solo trajo ya como reacción las palabras del presidente de Iberdrola en referencia a su desistimiento de invertir en México, también traerá el rechazo de la mayoría de los países europeos y el condicionamiento del tratamiento favorable hacia nuestro país en el TLCUEM al cumplimiento futuro de metas ambientales acordadas por nuestra nación. 

En conclusión, la ignorancia reflejada en las palabras pronunciadas por López Obrador pone en riesgo el futuro de la recuperación de nuestra economía; refuerza la percepción de inversionistas extranjeros y nacionales de que no existe seguridad legal en sus inversiones reduciendo con ello la perspectiva de crecimiento de México; y empeora la relación político-social de los sectores privado y público deteriorando la gobernabilidad del país. 

*/”Sin Iniciativa Privada”, Periódico Reforma de octubre 25 de 2020, página 10. 

 

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