La semana pasada hacíamos referencia a la contrastante situación que guarda la vivienda en México. Según el INEGI tenemos en el país un déficit de nueve millones de viviendas y como contraparte, por una errática y hasta absurda política en la materia tenemos seis millones que están en el abandono por muy diversas razones: lejanía, creciente inseguridad, carencia de servicios, nulo equipamiento urbano en materia de educación, comercio, salud , espacio público, etc.
El costo social y económico para el país es escandalosamente alto: 15 millones de habitantes que con un gran esfuerzo buscaron la oportunidad de hacerse de un patrimonio familiar y que vieron desvanecerse en un suspiro. Recursos financieros por 2.7 billones de pesos, considerando un valor promedio de 450 mil pesos por unidad, es decir una barbaridad de recursos dilapidados a lo largo de los últimos 20 años.
¿Qué está sucediendo con la vivienda?
Según El Economista, el año 2022 fue el peor año para la identificación de vivienda formal pues según el “Registro Urbano de Vivienda” (RUV) solo se edificaron 135 607 casas en todo el país (una caída del 17% respecto al 2021) y con su nivel más bajo desde el 2013.
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Causales:
- En el inicio de la administración federal se retiró el subsidio a la vivienda,
- Sobrevino la pandemia
- Subieron drásticamente las tasas de interés (a diciembre pasado llegó a 10.50%)
- La inflación en los dos últimos años ha impactado gravemente el costo de los materiales y la mano de obra. En 2022 el promedio del incremento de los precios al consumidor en el sector de la construcción fue del 14.62%.
- Los trámites a realizar ante las autoridades se ha vuelto una tarea titánica, los ayuntamientos de todo el país parecieran haberse puesto de acuerdo para que un trámite puede demorar, ¡hasta 3 años! . Todo por ir creando excesivos elementos regulatorios.
La vivienda social, la más afectada
Resulta muy significativo destacar que del bajísimo total de viviendas producidas en 2022, solo el 12% fueron de interés social, es decir de los casi 137 mil unidades solo 16 440 eran de un precio de 460 mil pesos, cuando la demanda es de millones de unidades..
Con la consecuente negación de una esperanza legitima y de un derecho constitucional a al menos 33 millones de personas mayoritariamente es de escasos recursos.
El reto es enorme
Según la CANADEVI , si se flexibiliza el mercado de las hipotecas, si la perversa tramitología actual se modificara y si se atendiera a los trabajadores del mercado informal, también con una política hipotecaria flexible, podría el sector volver a producir alrededor de 400 mil viviendas al año a partir del año 2024 , con ello el rezago habitacional podría abatirse en 20 años.
¿Entonces quién atiende la demanda?
Obviamente el sector informal, vía la autoconstrucción en terrenos poco aptos, con edificaciones de muy baja calidad y alto riesgo y de alta vulnerabilidad ante desastres naturales. En el país, estamos hablando de que en esa condición se producen cientos de miles de nuevos espacios en la casi absoluta informalidad, a ciencia y paciencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno…
La falta de agua y energía eléctrica un ingrediente adicional
Es innegable la situación de estrés hídrico en buena parte de las ciudades y en general en el territorio, se suma a ello la escasa inversión en obras de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable lo que se agudiza con el muy pobre mantenimiento a las obras existentes. Ante las regulaciones impuestas a la vivienda hoy, “ la factibilidad” de otorgamiento de agua a nuevos proyectos es casi nula. En materia de energía eléctrica, las cosas no pintan mejor y es que al prohibir que los particulares puedan generar la energía que les hace falta….
El sector formal de la vivienda social vive una crisis enorme, si consideramos todo lo antes señalado.
¿Qué hacer?:
- Impulsar el ahorro como nunca antes para crear esquemas crediticios para una población que vive en la economía informal y que es casi del 50% de la PEA del país.
- Fomentar con mucha fuerza la edificación de vivienda en renta.
Trabajar como nunca antes en los procesos de regularización y titulación del suelo y de la vivienda que esta ocupa para hacer posible que sus posesionarios tengan acceso a crédito para ampliación, mejoramiento y modernización de su espacio habitado y hacerlo habitable.
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