LA OCUPACIÓN ILEGÍTIMA DE INMUEBLES EN MÉXICO

La ocupación de inmuebles se trata de un delito creciente en las zonas urbanas del país y claramente tipificado en el artículo 395 del Código Penal Federal.

13 de julio, 2022

La ocupación ilegítima de inmuebles tiene en los artículos 1136 y 37 del Código Civil vía la percepción positiva o negativa, una opción de salida para quienes después de ocupar un inmueble en forma pacífica, continua e ininterrumpida si se comprueba la posesión, que no la propiedad.

La prescripción negativa establece que ocupantes en forma pacífica pero ilegal pueden solicitar el título de propiedad si no es reclamada en forma legal por sus dueños luego de un plazo de 10 años.

¿Qué origina este fenómeno de invasión de inmuebles?

En el país, según el último censo del INEGI (2020), existen 35 millones 219 mil viviendas, incluyendo unifamiliares y multifamiliares. Según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) hay 5 millones de casas abandonadas en el país, muestra de una muy errática política de vivienda en los últimos 20 años.

Casitas que vistas desde el aire, todas idénticas pueden encontrarse en Ecatepec, Querétaro, Monterrey o en otra ciudad son muestra del terrible fracaso de la vivienda como política social. Esas viviendas abandonadas, han sufrido procesos graves de vandalización o invasión difíciles de enfrentar. Un gran quebranto para las hipotecarias sociales incluyendo por supuesto al Infonavit.

Por su parte distintos grupos aprovechan:

  • La inagotable demanda de espacios habitables por parte de amplios sectores de la población.
  • La creciente presencia de la delincuencia organizada dispuesta a impulsar la invasión en predios o edificios en favor de grupos sociales de bajos ingresos.
  • La falta de oferta ordenada de suelo urbano con servicios para impulsar programas de autoconstrucción.
  • El oscuro pero rentable negocio que resulta de la invasión de inmuebles.
  • La presencia de organizaciones denominadas “sociales”, que son verdaderas mafias, sumamente organizadas que se dedican al despojo de viviendas y predios.

Estos grupos, cobijados por partidos políticos o por funcionarios públicos se hacen llamar sindicatos o asambleas. “Descubren” predios o viviendas en lugares de plusvalía creciente y las ocupan sin miramientos.

Tienen dos modus operandi:

El primero, con información de la boleta predial que se recibe vía correo, el dueño del inmueble recibe una notificación por parte de un juzgado de lo civil de la ciudad que pide el desalojo en un plazo de la propiedad de la que se trate.

Se alega en la notificación que esa propiedad fue vendida a otra persona, acto seguido llegan unos individuos que sin miramientos amenazan a quienes viven ahí con la exigencia de que salgan de la propiedad. Presentan un contrato de compraventa, una escritura “certificada” por alguna “notaría” de otra ciudad, lo que obliga a los legítimos propietarios a acudir a la policía y a presentar una denuncia por fraude. Mientras tanto los invasores vía amenazas logran echar de su propiedad a sus legítimos dueños.

El segundo procedimiento de invasión, aunque parezca descabellado se da en colonias de alta plusvalía. Los delincuentes organizados como “asamblea de barrios” coludidos con personas del Registro Público de la Propiedad, seleccionan predios con algún problema legal, estando intestados o en litigio. Con los datos del inmueble lo registran  en el R.P.P a su nombre con documentación falsa. En unos meses amanecen como propietarios.

¿Difícil de creer?   ¡Cuidado!   Cualquier inmueble de cualquier ciudad está sujeto a procesos de invasión con la consecuencia de una enorme pérdida patrimonial para miles de personas y familias en el país.

Este es un delito que está creciendo en las distintas ciudades del país. Es una muestra de corrupción que impera en el país donde delincuentes y autoridades del Registro Público de la Propiedad con base en procedimientos ilegales despojan de su patrimonio a ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos.

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En Puebla, el valor de la producción del sector manufacturero sumó entre enero y julio de este año un total de 315 mil 142.4 millones de pesos; en tanto que el valor de ventas se ubicó en 305 mil 959.7 millones, reflejo de la dinámica de la industria y demanda de productos en los mercados local, nacional y de exportación, informa la Secretaría de Economía.

La industria manufacturera creció en los primeros siete meses del 2022 en 18.5 por ciento en valor de la producción y 16.9 por ciento en ventas, con base en cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tan solo en julio de 2022, el valor de la producción sumó más de 52 mil 105 millones de pesos; es decir, aumentó 42.7 por ciento respecto al mismo mes del 2021 y 20 por ciento comparado con junio de 2022, por lo que ocupó el cuarto lugar entre los estados en ambos periodos a nivel nacional. Mientras, el valor de las ventas, aumentó 30.4 por ciento respecto de julio de 2021, con un monto de 44 mil 612 millones de pesos.

Las remuneraciones totales crecieron 27.3 por ciento respecto de julio de 2021, al registrar un monto de 2 mil 773.24 millones de pesos y, el personal ocupado, aumentó 0.5 por ciento con un total de 115 mil 437 puestos de trabajo.

Los subsectores que más incrementaron en julio 2022 en valor de la producción respecto al mismo mes de 2021 fueron fabricación de equipo de transporte con 55.1 por ciento, fabricación de maquinaria y equipo con 51.1 por ciento y fabricación de productos metálicos con 50.3 por ciento.

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Desde el 18 de agosto el tema de la tragedia ocurrida a los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Brugos en Tixtla (Guerrero), regreso a ser tema nacional, cuando el subsecretario Alejandro Encinas, aseguró que había elementos suficientes para asegurar que el asesinato de los estudiantes era un crimen de Estado.  Luego de que diera a conocer el informe preliminar de las investigaciones de la comisión de la verdad, se comunicó que el proceso judicial continuaría, destaca que existen hallazgos importantes que dan fe de las complicidades y omisiones que existieron en el ejército mexicano que estuvo informado de la evolución de los hechos sangrientos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, sin que hiciera nada por impedir el asesinato de los estudiantes. Se dio la primicia de que existía un elemento castrense, cuyo nombre era Julio César López Pololtzin, quien estuvo infiltrado en la normal rural de Ayotzinapa. Dicho elemento activo del ejército mexicano fue desaparecido junto con los normalistas que fueron asesinados en diferentes grupos y lugares. Su último reporte sobre las actividades de los estudiantes se dio el 26 de septiembre de 2014  a las 10:00 horas, sus superiores y la institución militar mexicana lo abandonó y negó su existencia.  La denominada falsificación de hechos que aducía que todos los desaparecidos fueron asesinados y quemados vivos por el grupo criminal de guerreros unidos en el basurero de Cocula, fue desechada con las nuevas pesquisas. Días más tarde, Encinas aseguró que debido a la premura con que se pretendió cerrar el caso para no involucrar a autoridades estatales y federales, se omitió informar que existían estudiantes vivos días después de la emboscada. La tragedia de Ayotzinapa es un ejemplo claro de los miles de casos de desaparición forzada que se da en contra de inocentes y miembros de grupos criminales, a los que difícilmente se les puede localizar y brindar justicia por sus muertes. Bajo el estigma de la culpabilidad anticipada, la narrativa oficial, los jueces y las autoridades condenan a las víctimas a ser estigmatizadas como delincuentes que merecían su trágico destino. En el caso de la judicialización del caso de los normalistas, los jueces de siete estados donde se desarrollan los procesos, no tienen criterios comunes para el enmarañado caso lleno de incompetencia en sus investigaciones, corrupción, trabas burocráticas o la increíble liberación de detenidos que fueron sometidos a tortura. A pesar de la urgencia de establecer una necesaria jurisdicción única en torno al caso, la Suprema Corte de Justicia no ha atendido dicha petición de los padres de los normalistas desaparecidos. La denominada “verdad histórica” del gobierno del expresidente Enrique Peña fue impulsada desde varios medios masivos y con comunicadores que sin escrúpulos, buscaron imponer el discurso único de una confusión entre grupos delincuenciales y la complicidad de algunas policías locales. Siempre se pretendió minimizar las protestas de los padres de los normalistas inconformes con la amañada investigación, sumado a que desde el poder político se pretendió olvidar el caso incómodo y ejemplar de la corrupción judicial y criminal en México. A pesar de existir certezas desde el grupo interdisciplinario internacional de que existía manipulación de pruebas y tortura de los inculpados por parte del prófugo exdirector de la Agencia Federal de Investigación, Tomas Zerón de Lucio, fueron desechadas en aras de manipular la investigación. La clase política derrotada en el pasado proceso presidencial siempre ha abonado verdaderas posturas impresentables en torno al caso Ayotzinapa, destacando la del expresidente Vicente Fox que pedía “ya superar” los acontecimientos, o la del polémico publicista Carlos Alazraki  quien desnudó su clasismo y racismo al “llamar comemierdas” a los padres de los normalistas y a todos los que clamaban justicia en torno al caso que derrumbó la credibilidad del régimen priísta peñista. Columnistas y comentócratas impresentables que defendieron la verdad histórica de Murillo Karam, no tienen empacho en revolcarse en el lodo del descrédito y la falacia, al continuar considerando que el nuevo informe de la comisión de la verdad, “no aporta nada nuevo” Luego del salto al precipicio de la oposición que significó el abrazo a “Alito” Moreno contra los “ataques” desde la presidencia, indicó la inviabilidad de Va por México, asegurado su fracaso electoral al sumarse a la defensa velada del exprocurador y exgobernador de Hidalgo. Por lo pronto la radiografía demoscópica de las encuestas, demostró que en ningún  escenario son competitivos contra el régimen morenista en las siguientes elecciones por realizarse. El ansiado esclarecimiento de los hechos de la trágica noche de Ayotzinapa es un pendiente gigantesco del presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres y la opinión pública están ávidos de conocer la verdad. Sin embargo, la judicialización del caso podría empantanarse al no poder probar los dichos de las investigaciones de los fiscales, sobre todo porque la prisión justificada contra Murillo Karam se dio gracias a que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, se sumó a la tesis de que el exprocurador estaba al tanto de la fabricación de los hechos, a pesar no estar señalado directamente por ninguno de los muchos involucrados en las desaseadas investigaciones. El proceso apenas empieza y los informes preliminares testados son indicios de que el esclarecimiento de la desaparición forzada de los normalistas pasará por muchas complicaciones, un ruido político enorme y un ambiente de escepticismo generalizado que siempre persigue a los casos de justicia emblemáticos en la historia del país." 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