La injusticia detrás de la justicia

Son las mujeres olvidadas por todos, en la sombra. Detrás de los muros y las rejas de la cárcel estas mujeres no encuentran consuelo ni apoyo.

9 de agosto, 2022 hombre tras las rejas

“Norma” volvía de trabajar, su madre se hacía cargo de sus tres hijos mientras ella cubre dos turnos en una maquiladora, en el parque contiguo a su calle se encuentra con el hijo de su vecina tirado en el suelo, tenía tres años. Su mamá era prostituta y lo dejaba solo muchas veces sin comida y sin agua; Norma lo levanta en brazos, cree que está desmayado, busca ayuda, la intercepta una patrulla y en el camino a la clínica el niño muere por inanición. Los policías la llevan detenida y en la entrada de la procuraduría le piden 30 000.00 para declarar que ella no tuvo nada que ver con la muerte del menor. Norma no los tiene, no sabe qué hacer. La llevan directamente a Santa Martha Acatitla y es juzgada por homicidio de un menor. Le dan 40 años de cárcel, ya lleva 13. La madre de aquel Niño jamás se presentó, el abogado de oficio que le asignaron dejó el caso por falta de presupuesto, Norma ha intentado quitarse la vida ya en tres ocasiones, lo que dificulta aún más el proceso de su defensa.

El esposo de “María” tomó un cuchillo de su carnicería y tras discutir acaloradamente con su sobrino lo asesina, decide culpar a María que en ese momento va llegando al lugar, es juzgada y condenada, tras siete años e interminables revisiones de su caso logra demostrar su inocencia.

María vuelve a casa pero a ella nadie le devuelve los siete años qué pasó en prisión y nadie la libera del estigma de ser exconvicta y de estar fichada de por vida, de tener antecedentes penales y que esto sea un impedimento para volver a trabajar y poder hacerse cargo de sus hijos.

“Jacinta”, una indígena Otomí, es acusada de haber secuestrado a seis agentes federales. No hablaba español, nadie le explica lo que está pasando. Le construyen una culpabilidad. Con engaños la convencen de firmar un documento que según esto exigía un alto a la tala de árboles en su comunidad, era su declaración de culpabilidad manifiesta.

Como ellas, cientos, miles de mujeres pagan condenas por crímenes que no cometieron. Han sido juzgadas por un sistema legal que prefiere encontrar rápido un culpable y dar carpetazo a cambio de dinero. Muchas veces fueron amenazadas, engañadas y torturadas para aceptar la culpa. Sobre eso muy poco se puede hacer.

Para entender el nivel de injusticia en nuestro sistema penal, primero tenemos que revisar las cifras de personas que están privadas de su libertad sin que se les haya dictado una sentencia.  Es decir, las personas que están encarceladas sin que haya una sentencia judicial que determine que son culpables del delito que se les acusa. Si analizamos los datos oficiales (Cuaderno Penitenciario de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2021), 41% de las personas están en prisión sin haber recibido una sentencia, cifra que es mayor para mujeres, ya que de las mujeres en prisión (52%) no han recibido una sentencia. Esto ocurre dado que nuestro sistema legal permite que una persona sea encarcelada en lo que se investiga el delito del cual se acusa (si es un delito que merece prisión preventiva oficiosa) o si un juez determina que la persona acusada representa algún riesgo de escaparse o de perjudicar al proceso o a las víctimas.

Dado el nivel de impunidad en nuestro país, es urgente analizar si los niveles de impunidad que tenemos en México responden a la falta de sentencias en personas en prisión que están siendo procesadas o a las carencias de investigación de las autoridades responsables de investigar si un delito ocurrió y quién es el probable responsable, en este caso, las autoridades de procuración de justicia. 

Si analizamos las cifras anteriores podemos darnos cuenta que es mucho más probable que haya una falla en las autoridades responsables de investigar los delitos que ocurren. Es decir, que es mucho más probable que la falla esté en las policías y agentes del ministerio público. Para llegar a esta conclusión podemos analizar algunos de los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad o ENPOL 2021.

De acuerdo con la ENPOL 2021, de las personas privadas de su libertad 44% reportó estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito. De estas personas 43% reportó haber sido detenida sin una orden de aprehensión. Además, de las personas presas que sí fueron interrogadas (ya que no todas fueron interrogadas), 42% fue golpeada o torturada psicológicamente para echarse la culpa de lo que lo acusaban y 34% fue engañado. Por otro lado, de las personas en prisión que no tenían sentencia, 24% pasó más de dos años en lo que se les dictaba una sentencia. Por último, es importante señalar que de las personas en prisión solo 25% de la población con una sentencia tuvo un asesor (abogado) privado.

¿Quién da la cara por ellas? ¿A quién le importa lo que pase con sus vidas? Son las mujeres olvidadas por todos, en la sombra. Detrás de los muros y las rejas de la cárcel estas mujeres no encuentran consuelo ni apoyo, solo albergan rencor en su alma, un resentimiento que lejos de “readaptarlas”, sembrará en ellas un deseo de venganza, un dolor que las anula como personas, que les seca el corazón, que les demuestra que para ellas no hay justicia y que muy poco pueden devolver a la sociedad o nada, tal vez si haya algo que puedan hacer cuando algún día salgan libres, delinquir para que ahora sí el mundo las repudie con razón.

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El 26 de septiembre de 2014, un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, municipio de Tixtla (Guerrero), se reunieron con la intención de dirigirse a la Ciudad de México para la conmemoración del movimiento del 2 de octubre de 1968. En la madrugada del 26 y 27 de septiembre, fueron secuestrados y desaparecidos 43 estudiantes. ¿Cuántas víctimas hubo? Fueron más de 180 personas las víctimas directas. 6 de ellas, fueron ejecutadas. Más de 40 resultaron heridas. Cerca de 80, entre maestros, transportistas y algunos estudiantes, fueron perseguidos. 30 deportistas del equipo Los Avispones sufrieron ataques. Y los 43 estudiantes que fueron desaparecidos. ¿Cuántos informes se han dado? En diciembre de 2014, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam refirió que los estudiantes fueron capturados, privados de la vida, incinerados y sus restos fueron arrojados al río de San Juan en Cocula, Guerrero. Estos hechos, fueron realizados, según la Procuraduría, por integrantes de un grupo delictivo. El 26 de abril de 2015, familiares de los 43 normalistas, colocaron un antimonumento en memoria de los jóvenes desaparecidos, el cual se encuentra ubicado en Paseo de la Reforma en el cruce con Bucareli y Avenida Juárez. En septiembre de 2015, la entonces Procuradora General, Arely Gómez, afirmó que habían sido recolectados más de 63 mil fragmentos óseos en el Río San Juan y el basurero de Cocula. El 15 de junio de este año, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck en Austria, confirmó que los restos hallados en la barranca de “La Carnicería” a 800 metros del basurero de Cocula, correspondían a uno de los normalistas. El pasado 18 de agosto se dio a conocer el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el cual se reconstruyeron los hechos ocurridos el 26 de septiembre, aunque aún no identifican dónde están los cuerpos de las 43 víctimas. Compromiso de AMLO con las familias de los desaparecidos. El presidente López Obrador en su toma de protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, asumió el compromiso de romper el pacto de silencio e impunidad, hacer justicia y castigar a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Compromiso que ha sido reiterativo a lo largo de su administración. Detenidos y su situación actual En septiembre de 2015, el gobierno de Peña Nieto anunció la detención de 111 personas, entre ex funcionarios e integrantes de bandas del crimen organizado. El 19 de agosto de este año, la FGR informó que un juez le había concedido 83 órdenes de detención en el marco del caso Ayotzinapa, 20 de ellas contra militares. 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