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La injusticia detrás de la justicia

Son las mujeres olvidadas por todos, en la sombra. Detrás de los muros y las rejas de la cárcel estas mujeres no encuentran consuelo ni apoyo.

9 de agosto, 2022

Barbara Lejtik

“Norma” volvía de trabajar, su madre se hacía cargo de sus tres hijos mientras ella cubre dos turnos en una maquiladora, en el parque contiguo a su calle se encuentra con el hijo de su vecina tirado en el suelo, tenía tres años. Su mamá era prostituta y lo dejaba solo muchas veces sin comida y sin agua; Norma lo levanta en brazos, cree que está desmayado, busca ayuda, la intercepta una patrulla y en el camino a la clínica el niño muere por inanición. Los policías la llevan detenida y en la entrada de la procuraduría le piden 30 000.00 para declarar que ella no tuvo nada que ver con la muerte del menor. Norma no los tiene, no sabe qué hacer. La llevan directamente a Santa Martha Acatitla y es juzgada por homicidio de un menor. Le dan 40 años de cárcel, ya lleva 13. La madre de aquel Niño jamás se presentó, el abogado de oficio que le asignaron dejó el caso por falta de presupuesto, Norma ha intentado quitarse la vida ya en tres ocasiones, lo que dificulta aún más el proceso de su defensa.

El esposo de “María” tomó un cuchillo de su carnicería y tras discutir acaloradamente con su sobrino lo asesina, decide culpar a María que en ese momento va llegando al lugar, es juzgada y condenada, tras siete años e interminables revisiones de su caso logra demostrar su inocencia.

María vuelve a casa pero a ella nadie le devuelve los siete años qué pasó en prisión y nadie la libera del estigma de ser exconvicta y de estar fichada de por vida, de tener antecedentes penales y que esto sea un impedimento para volver a trabajar y poder hacerse cargo de sus hijos.

“Jacinta”, una indígena Otomí, es acusada de haber secuestrado a seis agentes federales. No hablaba español, nadie le explica lo que está pasando. Le construyen una culpabilidad. Con engaños la convencen de firmar un documento que según esto exigía un alto a la tala de árboles en su comunidad, era su declaración de culpabilidad manifiesta.

Como ellas, cientos, miles de mujeres pagan condenas por crímenes que no cometieron. Han sido juzgadas por un sistema legal que prefiere encontrar rápido un culpable y dar carpetazo a cambio de dinero. Muchas veces fueron amenazadas, engañadas y torturadas para aceptar la culpa. Sobre eso muy poco se puede hacer.

Para entender el nivel de injusticia en nuestro sistema penal, primero tenemos que revisar las cifras de personas que están privadas de su libertad sin que se les haya dictado una sentencia. Es decir, las personas que están encarceladas sin que haya una sentencia judicial que determine que son culpables del delito que se les acusa. Si analizamos los datos oficiales (Cuaderno Penitenciario de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2021), 41% de las personas están en prisión sin haber recibido una sentencia, cifra que es mayor para mujeres, ya que de las mujeres en prisión (52%) no han recibido una sentencia. Esto ocurre dado que nuestro sistema legal permite que una persona sea encarcelada en lo que se investiga el delito del cual se acusa (si es un delito que merece prisión preventiva oficiosa) o si un juez determina que la persona acusada representa algún riesgo de escaparse o de perjudicar al proceso o a las víctimas.

Dado el nivel de impunidad en nuestro país, es urgente analizar si los niveles de impunidad que tenemos en México responden a la falta de sentencias en personas en prisión que están siendo procesadas o a las carencias de investigación de las autoridades responsables de investigar si un delito ocurrió y quién es el probable responsable, en este caso, las autoridades de procuración de justicia.

Si analizamos las cifras anteriores podemos darnos cuenta que es mucho más probable que haya una falla en las autoridades responsables de investigar los delitos que ocurren. Es decir, que es mucho más probable que la falla esté en las policías y agentes del ministerio público. Para llegar a esta conclusión podemos analizar algunos de los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad o ENPOL 2021.

De acuerdo con la ENPOL 2021, de las personas privadas de su libertad 44% reportó estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito. De estas personas 43% reportó haber sido detenida sin una orden de aprehensión. Además, de las personas presas que sí fueron interrogadas (ya que no todas fueron interrogadas), 42% fue golpeada o torturada psicológicamente para echarse la culpa de lo que lo acusaban y 34% fue engañado. Por otro lado, de las personas en prisión que no tenían sentencia, 24% pasó más de dos años en lo que se les dictaba una sentencia. Por último, es importante señalar que de las personas en prisión solo 25% de la población con una sentencia tuvo un asesor (abogado) privado.

¿Quién da la cara por ellas? ¿A quién le importa lo que pase con sus vidas? Son las mujeres olvidadas por todos, en la sombra. Detrás de los muros y las rejas de la cárcel estas mujeres no encuentran consuelo ni apoyo, solo albergan rencor en su alma, un resentimiento que lejos de “readaptarlas”, sembrará en ellas un deseo de venganza, un dolor que las anula como personas, que les seca el corazón, que les demuestra que para ellas no hay justicia y que muy poco pueden devolver a la sociedad o nada, tal vez si haya algo que puedan hacer cuando algún día salgan libres, delinquir para que ahora sí el mundo las repudie con razón.

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