Más allá de una multitud de chivos expiatorios (incluidos algunos antiguos facilitadores y miembros del gabinete, los “neoliberales y conservadores” o lo que sea que eso signifique en la dispersa mente del ejecutivo actual, los ricos y poderosos en lo general y otros varios más, incluidos la clase media y distintos periódicos de circulación nacional) aquél que resulte electo a mediados del año entrante para suceder a López Obrador en la silla presidencial se encontrará con la titánica labor de corregir el rumbo del país en muy diversos sentidos, dado que habrá de recibir a modo de legado una administración arbitraria, desinteresada y declaradamente corrupta; desde funciones y labores que se han dejado de lado hasta aquellas a las que la actual administración ha puesto especial énfasis y atención, para mal. Economía, seguridad, salud, educación, obras y proyectos, todo deberá gozar de la mejor capacidad de análisis y decisión del candidato vencedor si lo que se pretende es que México no siga la aberrante trayectoria que lleva en estos cuatro años de gestión morenista.
Y esto incluye recuperar la confianza de socios comerciales, inversionistas y empresarios que, ante la falta de congruencia del gobierno y, sobre todo, el abierto desdén por acuerdos pactados previamente ha mermado seriamente la economía, con ejemplos que van desde el NAICM hasta el T-MEC y el maíz transgénico.
Hace más de 12 años, durante el 2010, el PIB registró un incremento anual del 5.1%, el mayor en los últimos sexenios. Al concluir la administración anterior, durante el 2018, el crecimiento fue de 2.2%, en 2017 fue de 2.1% y en 2016 fue de 2.6%, esto es un incremento inter-sexenal si bien moderado, invariablemente constante.
En el año 2019 el crecimiento del PIB fue de -.2%.
En 2020 fue de -8%.
En 2021 fue superior al 4.5%.
En 2022 fue de cerca del 3%*.
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Esto significa que, en cuatro años, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto ha sido negativo, lo cual implica un retroceso. No sólo lejos, muy lejos del 6% anual “prometido” por el gobierno actual, sino también de los niveles mínimos de los sexenios anteriores. Más inversión implica mayor cantidad de empleos y en consecuencia, mayor consumo, mayor movilidad y un mejor entorno y proyección económica. Y para eso se necesita certidumbre y estado de derecho, que actualmente no existen.
Otro foco rojo de la administración entrante será la seguridad: la actual administración ha abandonado a los ciudadanos a su suerte, sin ninguna estrategia para combatir eficazmente o al menos, tratar de disminuir los índices delictivos en el país, por ello el número de homicidios de este sexenio que aún no concluye (casi 145 000 al inicio de 2023) supera los de Peña Nieto, Calderón y Vicente Fox, sus antecesores inmediatos. Especial y urgente atención merecerán las entidades donde los cárteles y bandas del crimen organizado operan sin intromisión alguna: Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, por mencionar las más importantes.
La salud es otro de los grandes temas en los que se ha retrocedido a pasos agigantados durante la presente administración; el sucesor de López se encontrará con un sistema que funcionaba, desmantelado y otro “nuevo” (Birmex e Insabi) que no funciona en lo absoluto, ni para la adquisición de medicamentos ni para la logística de entrega. De no corregirse, el país comenzará a ver amplificado lo que ya vivimos durante esta administración: muerte de ancianos, adultos, adolescentes y niños con enfermedades crónicas o terminales, padecimientos que terminan por complicarse ante la falta de atención y/o medicación oportuna (diálisis, VIH, diabetes, enfermedades neurológicas, etc), entre muchas otras atrocidades perfectamente evitables. Eso sin considerar otras herramientas relacionadas con el bienestar de los ciudadanos de menores recursos, como lo eran los refugios para mujeres y las escuelas de tiempo completo, ambos programas eliminados por este gobierno.
El vencedor de la elección del 2024 deberá hacerse cargo de un presupuesto de egresos que, en los últimos años, prioriza los “programas sociales” sin que éstos sean revisados o auditados como en sexenios anteriores. Debido a ello, deberá redireccionar miles de millones de pesos dedicados a “ayudas y subsidios” que, hoy, superan en monto a los presupuestados en materia de Salud, Educación y Obra Pública, por mencionar sólo algunos renglones de este.
El gasto social durante el presente año supera el 12% del total del PEF, sin que exista un seguimiento pertinente y transparente del destino de ese dinero. Y en este mismo tenor, el ganador de la rifa del tigre recibirá una refinería en obra que poco o nada aportará, una vez concluida, al proceso interno de abastecimiento de combustibles y que, aún sin cifras precisas derivado de lo que falta aún por construir y adquirir, rondará probablemente el medio billón de pesos. Además de otra refinería en EEUU. Y un tren en el sureste que ha generado un daño ambiental catastrófico (que implicará una deforestación de casi 10 000 hectáreas por año entre el 2018 y el 2030***) que será difícil de corregir o subsanar en los años y décadas posteriores.
El que llegue recibirá no sólo una población polarizada, dividida en posturas a favor y en contra de casi todo y fastidiada de la clase política, sino un tejido social virtualmente destruido; secuestros, violaciones, feminicidios, homicidios, trata y extorsiones son parte de la lamentable cotidianeidad de este país desde el norte hasta el sureste. Retomar las bases del estado de derecho en un país que fue conscientemente abandonado a arreglárselas como mejor pueda, donde predomina sólo el más fuerte, el más corrupto, el más violento no será tarea sencilla.
En lo general el país va mal, muy mal pero siempre se puede estar peor.
El futuro dependerá en buena medida de quién resulte electo por las masas en la contienda del año entrante. El proceso sucesorio habrá de desatar toda clase de codicias, prácticas malsanas, traiciones y confrontaciones derivado de lo que conlleva: demasiado poder.
Y también si aquél elegido, hombre o mujer, del partido en el poder o proveniente de la oposición, decide emprender la tarea, poco redituable políticamente en el corto y mediano plazo, de brindar rumbo, certeza y certidumbre al país tras años de caprichos, inconsistencias, mentiras y necedades presidenciales, apoyadas por numerosos miembros del congreso cuya única función fue decir que si a todo lo que provenía del líder de facto del partido, movimiento y gobierno.
O puede ser que no. En cuyo caso lo anteriormente referido será solo la punta de un iceberg mucho más amplio y profundo que tomará décadas corregir.
Nos leemos la semana entrante.
*World Bank, 2023. El Economista, 2022.
***Observatorio de Deforestación Neta Cero, 2023.
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