En la primera sesión ordinaria de la Comisión intersectorial de gasto público, financiamiento y desincorporación, celebrada el martes 29 de marzo se concretó la extinción del Fideicomiso, luego de 40 años de constituido.
El FONHAPO era una dependencia pública que operaba con cobertura nacional el programa “vivienda digna” y “vivienda rural” dirigidos a familias en condición de pobreza (patrimonial). Su principal objetivo era que las familias que no pudieran acceder a ningún tipo de crédito, vía subsidio adquirieran, construyeran o mejoraran su vivienda.
Todavía, en esta administración federal y antes de que el presidente decidiera la cancelación de 109 fideicomisos, se calificaba a FONHAPO como una de las instituciones del gobierno federal encargado de atender a la población de menores ingresos mediante el otorgamiento de apoyos para hacerse de un patrimonio como lo es la vivienda.
Durante los 40 años que duro su operación se buscó que fuera responsable de abatir el hacinamiento y rezago en la materia, dando prioridad a los grupos vulnerables sin discriminación de ningún tipo… Con un común denominador: Todos sus beneficiarios viven en la economía informal y no pueden acreditar sus ingresos (personas que viven de las propinas en gasolineras, restaurantes o simplemente del comercio informal en todas sus vertientes).
Su universo de beneficiarios eran:
- Habitantes de asentamientos irregulares urbanos y rurales.
- Viviendas vulnerables construidas con materiales inadecuados
- Unidades carentes de condiciones de habitabilidad (con problemas estructurales, carentes de servicios básicos sanitarios, entre otros)
- Viviendas que tienen condiciones de hacinamiento
- Unidades precarias afectadas por fenómenos naturales
Ante la imposibilidad de atender a todo el universo de personas que viven en condición de pobreza que no pueden acreditar el origen de sus ingresos, FONHAPO concentraba sus esfuerzos en aquellos que sobreviven en condiciones que los sitúan debajo de la línea de bienestar mínimo. Así, el CONEVAL apoyó en delinear un programa que diera atención en esta administración federal a 770 000 hogares de las 5 entidades federativas donde el problema de precariedad de las condiciones de habitabilidad era más notable.
Estado de México (15%)
Chiapas (14%)
Veracruz (13.5%)
Oaxaca (10.5%)
Guerrero (10.5%)
Esta atención, desde el punto de vista territorial se concentraba en 101 municipios. Cuando a partir del año 2000 la institución empezó a engrosar su nómina, sus gastos de operación y en esa proporción sus alcances empezaron a diluirse.
Que deja su extinción
Su extinción deja un vacío enorme en la atención de muchos millones de mexicanos que requieren vivienda digna y que no son asalariados, personas muy vulnerables que sobreviven en habitaciones de alto riesgo. También se deja un verdadero tiradero en procesos de titulación de viviendas que dejan en estado de indefensión a sus ocupantes que no alcanzaron ese mínimo sueño de gozar a un precario patrimonio.
¿Qué se debió haber hecho en lugar de extinguirlo?
- Atacar la ineficiencia operativa
- Castigar a los responsables de su mal manejo de años
- Retomar con visión social este instrumento administrativo para combatir la pobreza de millones de personas
- El programa era excelente y tuvo logros importantes a pesar de la incapacidad, ambición y malas prácticas de muchos de quienes estuvieron a cargo de la dirección del fondo.
La desaparición de este fondo cuyo objetivo era apoyar a los más pobres y vulnerables y no ser sustituido por ningún programa nuevo deja en el abandonó a cientos de miles de familias para quienes este subsidió y su dirección técnica era fundamental.
A esta desafortunada decisión se suma la extinción de otros importantísimos instrumentos como lo era el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo de Desarrollo Metropolitano.
Muy malas noticias para los que menos tienen.
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