El Meollo del Asunto
La consulta para juzgar a los expresidentes y “actores” políticos se llevará a cabo el próximo 1 de agosto. Para quienes no sean morenistas o seguidores de don presidente, los 500 millones de pesos que se gastarán en llevarla a cabo es una estulticia, una chunga, una vacilada. Estamos seguros de que a ninguno de los expresidentes se les va a llevar a juicio.
La llamada consulta es una parodia en la que don presidente, que es el principal promotor, no participará, pero le ordena a sus empleados y seguidores lo hagan. Nada raro en ello. Hace lo mismo para todo lo relacionado con la pandemia por el Covid que se vive en el país. Recomienda, pero no cumple con los protocolos que su administración promueve. Pero él es así.
Uno de los argumentos en contra más expuestos es la pregunta que se hace en este llamado o considerado ejercicio democrático:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Quien la entienda a cabalidad o no, podrá responder Sí o No.
La pregunta fue aprobada en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión. La pregunta es ambigua a más no poder. No define, no aclara y presenta errores garrafales.
Primero que nada, es de todos conocido que los legisladores no conocen la Constitución, menos la ciudadanía en general. Si la conocieran sabrían sobre el Artículo 13, que establece: “el que no se puede juzgar a nadie a través de leyes privativas, que son leyes que refieren a personas de manera nominal, y esto aplica también en el caso de una consulta popular”. Es decir, la ley indica que no se puede preguntar de manera específica si queremos juzgar a alguna persona, en este caso los expresidentes. Si los mexicanos conociéramos nuestros derechos, no tendríamos los gobiernos que hemos tenido. Es una minoría la que conoce los derechos constitucionales.
¿Juzgar para esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados? ¿Decisiones políticas?
Esas las tomamos todos los ciudadanos diariamente. No ir a votar es una decisión política. Votar por determinado partido, es una decisión política. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente la consulta? No lo aclara la pregunta. La intención está muy disfrazada.
¿Juzgarán o buscan esclarecer de qué año a qué año se esclarecerá? No lo dice.
Quisiera que se incluyera también a los actores de los años, 2018, 2019, 2020 y 2021. Porque también nos han afectado las decisiones políticas. Como esa del “detente” para combatir el Covid o la de no realizar pruebas PCR, para detectarlo y cosas similares. Como la asignación directa de contratos a diversas empresas por parte del actual régimen. Y otras más, como el que se incluyera la cuestión de género que tanto reclaman y no incluye la pregunta.
¿Cómo es eso de que se esclarezca lo que han hecho los actores políticos y no las actrices, o “actoras”? Como que la equidad de género convenientemente se les olvidó. ¿A poco no?
La realidad, como sabemos, es que don presidente busca enviar un mensaje a su base electoral, a su voto duro, a sus seguidores incondicionales de que se pretende juzgar a quienes él considera enemigos de la nación o de su persona. A los expresidentes de la República. Para lo que no necesita hacer una consulta. Solo presentar una denuncia y que la autoridad federal los lleve a juicio. Presentar las pruebas correspondientes.
Tiene todo para hacerlo. Pero no, no lo hace y no lo hará. “No hay loco que coma lumbre”, dice el dicho. Aunque se han dado casos.
“La justicia no se consulta”. Esa es la frase que han repetido abogados y activistas en distintos espacios mediáticos, “insistiendo en que el gobierno engaña prometiendo que un “sí” pondría a un paso de la cárcel a expresidentes, dejando de lado todo el proceso judicial que se requeriría para ello y que, además, sin una consulta de por medio ya se podría denunciar a los expresidentes y presentar pruebas en su contra”.
Y ese es el mensaje que don presidente quiere enviar. Sabe bien que va a ninguna parte con esa consulta, en eso de meter a la cárcel a los expresidentes.
Pero la gente que no conoce la Constitución, tampoco conoce la imposibilidad legal de tal consulta. Total, una chunga que cuesta, al menos 500 millones al erario público. O sea, a nosotros. En el país se instalarán 57 mil casillas y la consulta necesitaría, para ser válida, casi 40 millones de votos o el 40% del listado de votantes.
En Chihuahua serán 1748 mesas; 771 en Ciudad Juárez.
Se dice, se rumora y se comenta, que se ve difícil, si no, imposible, que se obtengan los votos necesarios. Que en caso de que se obtengan, ya sabe, servirán para dos cosas: para nada y para una más y también para otra, para nada más.
La consulta será un petardo más para la masa que apoya este régimen autonombrado, la cuarta transformación. Ahí El Meollo del Asunto.
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