La consulta para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no es una ocurrencia más del presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata de mantener la agenda mediática lejos de la oposición y demostrar que cuentan con un aval mayor que el porcentaje de Morena del 6 de junio.
Se calcula que la consulta del domingo 1 de agosto tendrá un costo de 505 millones de pesos, una cantidad tirada a la basura, con una pregunta diseñada por la Suprema Corte de Justicia que necesita traducción amañada para redundar en un SÍ o NO como plebiscito para aplicar la ley.
Indudablemente es innecesaria porque el trasfondo es que el gobierno cumpla con su obligación constitucional para denunciar el delito cuando existan elementos probatorios. De hecho la consulta no es tanto para enjuiciarlos sino para tomar “acciones pertinentes y esclarecer acciones políticas tomadas por actores políticos”, con una redacción mucho más compleja.
La justicia de este gobierno es totalmente discursiva. Salvo Rosario Robles, el gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra servidores públicos de alto rango de la administración peñista en la que centra la corrupción.
Si la participación de la consulta es menor a 40% de la lista de electores, la consulta no será vinculante y no se habrán tirado más de 500 millones de pesos a la basura, sino a “gastos de campaña” de la permanencia de la Cuarta Transformación.
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