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Justicia para María Elena Ríos

26 de enero, 2023

María Elena Ríos Ortiz es una saxofonista que sufrió un ataque de ácido que le desfiguró gran parte de la cara y cuerpo el pasado 11 de septiembre de 2019. Su caso sigue en la palestra nacional al mantener el estigma de la impunidad hacia el autor intelectual, el priista Juan Vera Carrizal, también expareja de la víctima y quien presuntamente habría contratado a dos personas para atacar a la mujer con el líquido corrosivo en su pequeña agencia de viajes.

El exlegislador oaxaqueño es un prominente empresario gasolinero de la entidad con importantes contactos políticos y económicos que le ayudaron a evadirse de la justicia hasta su captura en abril de 2020. El PRI le hizo un tragicómico procedimiento para expulsarlo de sus filas partidistas, cuando el escándalo subió de tono y se volvió políticamente incorrecto para la alicaída institución política. Los abogados de Vera Carrizal han realizado toda clase de triquiñuelas legales para alargar el inicio del juicio, además de aprovechar la pandemia por Covid-19 para evitar que el proceso legal avance de forma natural. Es de conocimiento público que el acusado aunque sigue su proceso en el penal de San Francisco Tavinet, ha tratado de buscar que un juez, reclasifique el delito para poder ser liberado y se minimice el intento feminicida.

En el último intento por lograr la prisión preventiva para Vera Carrizal, el juez Téodulfo Pacheco Pacheco había dictaminado la prisión domiciliaria en contra de toda lógica y en detrimento de la seguridad de la sobreviviente del ataque con ácido. Ante el escándalo mediático del caso, la jueza de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Martha Santiago Sánchez, dejó sin efecto la prisión domiciliaria del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, por lo que la saxofonista exigió la renuncia del juzgador Pacheco.

Dicho juzgador no le importó haber llevado el desaseado proceso de más de 60 horas, donde no se permitió a la víctima hacer uso de la palabra, levantarse al baño, sufrió tener que encarar vía electrónica a su agresor, tampoco se le permitió a la defensa el tiempo de revisión necesario de los números documentos que habrían sido fundamentales para otorgar la prisión domiciliaria al exlegislador priista, con la agravante de revelar datos que deberían haber sido confidenciales para la seguridad de la víctima.

El caso de intento de feminicidio llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el presunto agresor continuaba en el penal de Oaxaca, así como ofrecer que la Fiscalía General de la Nación pudiera coadyuvar en el terrible caso.

El mismo gobernador Salomón Jara se había manifestado en contra de la resolución del juez Pacheco al no dar una perspectiva de género a su fallo, sumado a la terrible imagen que deja en la ya muy deteriorada percepción de la justicia en México. Sobre todo en cuanto a feminicidios y violencia contra la mujer, ya que por desgracia, la revictimización y la falta de empatía es una regla en cada caso que se denuncia.

Como se recordará Rubicel H. R, extrabajador del exlegislador Vera Carrizal, declaró que acudió a la casa de la saxofonista para atacarla cobardemente al presentarse como cliente de la agencia de viajes instalada en su mismo domicilio. Mientras preguntaba por un trámite de visa, aprovecho su indefensión para verterle encima una cubeta con un litro de sustancia corrosiva que le dejó quemaduras a las que sobrevivió, pero que le mantienen en largos y dolorosos tratamientos. Juan Antonio Vera Hernández, hijo del legislador, está prófugo ya que se le considera coautor intelectual. Se mantienen presos Rubicel H.R, Ponciano H, Rubén L. C. El caso no había recibido la atención requerida hasta que la presión social hizo que la Fiscalía oaxaqueña actuara en contra de los agresores.

Los ataques con ácido contra las mujeres son los atentados más cobardes que existen dentro de los delitos que padecen las féminas en el país. Durante mucho tiempo el delito no estaba debidamente tipificado, su persecución se encontraba en el limbo jurídico, hasta que con la reforma de la fracción II del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en octubre de 2022, existen mayores elementos para castigar tan lamentables atentados. A pesar de este avance, las adecuaciones siguen siendo insuficientes según ha expresado la misma María Elena Ríos.

El caso de la saxofonista oaxaqueña ha trascendido muchas fronteras y también ha visibilizado estos cobardes ataques contra las mujeres, el reclamo de justicia a muchas víctimas llegó hasta la popular banda de rock mexicano “La Maldita Vecindad”, que permitió a Ríos Ortiz participar en sus conciertos del Vive Latino y en la plancha del zócalo en julio del 2022.

En la alerta de género que existe a nivel nacional, los ataques con ácido son los más devastadores por su odio feminicida, así como las graves secuelas que dejan en las víctimas que los sobreviven. Sumado al terror psicológico del ataque padecido, las mujeres violentadas enfrentan una larga recuperación con tratamientos dolorosos, difíciles, con secuelas físicas que no siempre son superadas con éxito. Un rostro desfigurado por un arma química es un estigma injusto que las mujeres, bajo ninguna circunstancia, deberían enfrentar, ante la cobardía extrema de un feminicida que decide destruir la vida de una mujer, en la forma más despiadada y alevosa posible.

El caso de la saxofonista Ríos Ortiz debe ser emblemático para que la justicia le repare los años de lucha, sufrimiento, revictimización por parte de juzgadores cómplices y del sistema jurídico en general, que es un agresor más contra este tipo de víctimas. Las amenazas recibidas por el presunto culpable son intolerables y demuestran que nuestro sistema judicial no atiende las demandas de justicia de sus mujeres que tienen la desdicha de padecer agresiones e intentos de feminicidio que cuestan la vida a más de 10 mujeres cada día. El estado de indefensión que desde hace varios sexenios, padecen nuestras ciudadanas mexicanas se ha prologado de forma impune y es la amenaza más grande al debilitado tejido social.

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