Eutanasia: el principio de no tomar la vida del inocente

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18 de agosto, 2022 Eutanasia: el principio de no tomar la vida del inocente

La presencia de dolores, y otros síntomas, que se producen en pacientes con enfermedades crónicas y terminales, a veces son inevitables. Los síntomas en muchas ocasiones son  tratables. No  obstante, no siempre pueden controlarse o las personas no poseen síntomas manifiestos, pero las enfermedades sufridas disminuyen notoriamente la calidad de vida. ¿Cómo podríamos definir calidad de vida? “Calidad de vida” son las condiciones que permiten el disfrute de la existencia por medio de nuestras capacidades físicas y mentales. 

Así hay enfermedades, terminales o no, que disminuyen nuestras capacidades para disfrutar de las actividades humanas, tan sencillas como un paseo, el poder comunicarse con otras personas, poder comer, por mencionar algunas. 

En el caso de las enfermedades terminales se han ofrecido, y deben ofrecerse, los cuidados paliativos que permiten aliviar los síntomas como los mencionados. No obstante surge la pregunta de si para aliviar el sufrimiento puede optarse por la muerte. ¿Qué no acaso tomamos decisiones sobre otros asuntos de nuestra vida? Dicho de otro modo, ¿no somos acaso seres autónomos?

Sin duda es cierto lo anterior, pero no obstante puede argüirse que el optar por morir no es una acción de vida, sino es el acabar la vida misma. Así acabar con el ser personal no es una decisión más “dentro” de la vida. ¿Cuál puede ser el argumento en contra de esa radical decisión? Alejandro Miranda propone como argumento en contra de la eutanasia el siguiente:

Premisa 1: Es siempre ilícito tratar la vida de una persona como si fuera algo carente de valor o como si fuera algo dotado de un valor meramente instrumental.

Premisa 2: Quien mata intencionalmente a una persona inocente trata la vida de esa persona si fuera algo carente de valor  o, a lo menos, como si fuera algo dotado de un valor meramente instrumental.

Conclusión: Es siempre ilícito matar intencionalmente a una persona inocente (1)

La premisa 1 parece no objetable. De hecho, un derecho humano fundamental es ser respetado como persona. La dignidad humana implica el ser considerado como fin y nunca como medio. Es crucial en este punto no solo que un tercero no trate a alguien como objeto, sino también aplica a uno mismo. No se puede así, por ejemplo, voluntariamente ser esclavo de alguna persona Se considera que la esclavitud es inadmisible en cualquier circunstancia.

La segunda premisa ha sido más debatida. El defensor de la eutanasia podría insistir en que contrario a lo que afirma la misma, el matar a un inocente, que lo solicite por su sufrimiento no significa que no se valore su persona, sino que al contrario, tan valorada es, que se le atiende en su solicitud. No obstante se puede objetar que aunque haya una intención correcta en la acción de valorar a la persona, en el acto de quitarle la vida, no obstante el medio seguiría siendo ilícito, ya que no se puede eliminar un valor fundamental, como la persona, para conseguir otro bien.  

A lo anterior podría volverse a objetar que lo que se respeta en la eutanasia es a la persona al reconocerle el derecho sobre su vida. No obstante, hay que señalar que lo anterior lleva a un dualismo en donde persona y vida humana quedarían separadas, como si los seres humanos tuviésemos añadida la categoría de persona al de la vida biológica. Así, al intentar separarlos se afirma que se defiende la dignidad a través de la eliminación voluntaria de la vida. Pero, en realidad, para ser persona ¿no tenemos que estar vivos?  

La eutanasia, en última instancia, plantea el reto del sufrimiento humano que no puede soslayarse, pero que sólo se puede combatir con todos los medios disponibles lícitos, para así mostrar, dentro de lo posible, el sentido de la existencia y el apoyo solidario que nos debemos todos con todos.    

Referencias

(1).  “Dos mitos sobre la eutanasia y el suicidio asistido”. En La eutanasia y el suicidio asistido. Una mirada multidisciplinaria.  EUNSA, Pamplona, 2021, p. 31. 

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Hoy que México tiene un presidente autoritario para el que LA LEY ES COSA DE CUENTO, necesitaríamos tener al frente del Poder Judicial, a un clásico impartidor de JUSTICIA capaz de actuar en  coordinación con Alejandro Gertz Manero, que, a partir de su experiencia y sus facultades, lleve a los delincuentes ante los tribunales, sin importar que se trate de  López Obrador o quien quiera que fuere. Un IMPARTIDOR y un PROCURADOR DE JUSTICIA son personajes cuyas principales virtudes deben ser LA FIRMEZA, LA SERENIDAD, LA ECUANIMIDAD, LA DIGNIDAD, LA SABIDURÍA, LA COMPASIÓN, LA DILIGENCIA, LA EMPATÍA, LA SOBRIEDAD, LA HONESTIDAD, LA CONFIABILIDAD Y EL AMOR POR EL DERECHO AL SERVICIO DE LA PATRIA. Arturo Zaldívar, es el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Alejandro Gertz Manero es el primer Fiscal General Autónomo en la historia de México.  Arturo Zaldívar, en el cargo que ocupa, podría haber optado por servir a México cumpliendo con una de sus principales funciones, que es la de servir como contrapeso al autoritarismo del todavía presidente de la República. Cuando López Obrador quiso violentar la Constitución extendiendo el periodo de Zaldívar al frente del Poder Judicial Federal, el Ministro Presidente debió salir de inmediato al paso del intento del Ejecutivo Federal desechándolo y exponiéndolo como INCONSTITUCIONAL. Con su silencio, Zaldívar debilitó al Poder Judicial Federal, haciéndolo más vulnerable ante los embates autoritarios del tabasqueño. Cada vez que López Obrador ofende a jueces, ministros y magistrados y Zaldívar guarda silencio, debilita aún más al Poder Judicial, y le aleja de  la confianza ciudadana. Las maniobras de AMLO en torno a la llamada Guardia Nacional, deberían ser expuestas y rechazadas de oficio por el Ministro Zaldívar, como se lo autoriza y se lo ordena la Constitución en sus artículos 29 y 136. Según datos oficiales, hay un cúmulo de controversias constitucionales sin resolver, porque el Ministro Zaldívar ha optado por mandarlas al congelador para complacer al Ejecutivo Federal. Entiendo que hay nueve controversias presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica; hay cinco promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; cinco interpuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y cuatro por el Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de 28 iniciadas por gobiernos municipales y 12 por gobiernos estatales. Una de las más relevantes ha sido la presentada por el INAI contra la declaración de que las obras de infraestructura del Gobierno Federal son cuestión de seguridad nacional según decreto publicado el 22 de noviembre de 2021. Arturo Zaldívar y sus ministros cómplices pasan por alto que si bien es cierto que la Ley que reglamenta las Controversias Constitucionales y las Acciones de Inconstitucionalidad NO TIENEN MARCADOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN, debe regirse aplicando las normas sobre plazos contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles que es de aplicación supletoria a todos los procedimientos federales SIN EXCEPCIÓN, INCLUYENDO LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esto significa que tan luego como les fueron presentadas las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, DEBIERON DICTAR AUTOS DE ADMISIÓN a trámite, turnándolas al ministro que correspondiese y fijándoles fecha de audiencia para resolución.  En vista de lo anterior,  NADA JUSTIFICA que la Suprema Corte, sometida a la voluntad de López Obrador, congele las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, DEMORANDO DOLOSAMENTE SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN. La congelación de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad que hace la Suprema Corte, TIPIFICAN DOS DELITOS FEDERALES: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. Artículo 225.- SON DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, cometidos por servidores públicos los siguientes: VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida; La omisión de estudiar y resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, daña al estado de derecho y concede ventajas indebidas al presidente de la República. VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia; Zaldívar y sus ministros cómplices, retardan maliciosamente la administración de justicia, al mantener desatendidas todas las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que he mencionado; y lo hacen para favorecer los caprichos de López Obrador. ARTURO ZALDÍVAR NO ACTÚA SOLO. Arturo Zaldívar, actúa en connivencia con el Ejecutivo Federal (López Obrador); actúa en complicidad con los otros ministros de la Corte; los legisladores de MORENA, PT y Partido Verde, son igualmente copartícipes; entre todos ellos, conforman una COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS según la describe el Código Penal Federal en su artículo 216, que a la letra dice: Artículo 216.-Cometen el delito de COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas…”. Todos estos servidores públicos, desde el presidente de la República, los ministros de la Corte y los legisladores federales mencionados, se han coaligado para impedir el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Federal, dejándola sin efecto, y abriendo la puerta al autoritarismo descarado del tabasqueño que habita OPULENTAMENTE EL PALACIO NACIONAL. ¿Qué podría hacer la oposición para ponerle remedio a esta delincuencia impune? Cualquier legislador, e incluso cualquier ciudadano, pueden denunciar ante la Fiscalía General de la República los delitos aquí mencionados; el Fiscal Gertz Manero está obligado a actuar incluso de oficio contra estos delincuentes. El destino de México no depende de los procesos electorales, sino de nuestras instancias de impartición de JUSTICIA; la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la República que deberían y podrían asumir su función autónoma y soberana, y ponerle un alto inmediato al autoritarismo y a la violación sistemática de la ley que ha caracterizado al actual régimen. La Fiscalía General de la República tiene la obligación de actuar de oficio en tratándose de delitos como los atribuidos al senador José Narro Céspedes, Américo Villarreal y Mario Delgado entre otros. Aquí no se trata de una simple filtración de información de la DEA sobre los vínculos de MORENA y el narcotráfico. PORFIRIO MUÑOZ LEDO LO HA DENUNCIADO LO MISMO QUE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS; EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR SE HA ALIADO CON EL CRIMEN ORGANIZADO PARA RETENER EL PODER Y DESCARRILAR LAS ELECCIONES DEL 2024, en caso de que sus corcholatas no ganen por la buena. Tanto Arturo Zaldívar como Alejandro Gertz Manero SON EGRESADOS DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO. Ambos deberían recordar el lema que encabeza NUESTROS títulos de abogado: “JUS NEQUE INFLECTI GRATIA; NEQUE PERFRINGI POTENTIA, NEQUE ADULTERARE PECUNIA DEBET”. EL DERECHO NO FAVORECE LAS INFLUENCIAS; NO SE SOMETE AL PODER NI SE CORROMPE POR EL DINERO. La lealtad del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República no son ni deben ser para con el presidente de la República, ni para con un movimiento o un partido; SU ÚNICA LEALTAD DEBE SER  PARA CON LA PATRIA Y PARA CON LOS MEXICANOS. *LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LOS ARTÍCULOS DE ESTA PÁGINA SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES. DE NINGUNA MANERA REFLEJAN LA POSTURA EDITORIAL DE ESTE PORTAL." 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