En los últimos días, el principal tema en el ámbito educativo ha sido la propuesta de eliminar el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Enseñanza Media Superior (COMIPEMS), como parte del proceso de ingreso a instituciones de educación media superior en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
El argumento principal para eliminar este examen va en dos sentidos. El primero hace referencia a la injusticia de que elementos cuantitativos como las calificaciones y los resultados de un examen determinen las posibilidades de los estudiantes para acceder al nivel medio superior.
En un segundo término está la expresión de la presidente electa Claudia Sheinbaum de que todas las escuelas deben garantizar la misma calidad y que el hecho de que las mejores calificaciones permitan acceso a mejores planteles es un acto de inequidad, porque los estudiantes con peores resultados deben inscribirse a escuelas menos favorecidas.
Estas dos ideas tienen su peso. Vayamos primero con la idoneidad de los criterios cuantitativos. Hoy en día, el sistema educativo nacional utiliza gran cantidad de indicadores y, para el aprendizaje y certificación de los estudiantes, los resultados cuantitativos siguen siendo los de mayor peso. Por eso no hemos abandonado las boletas escolares.
Una evaluación llamada sumativa, compuesta por esa clase de criterios, no es completa ni puede tomarse como único parámetro. El consenso actual es que el seguimiento a las necesidades de aprendizaje particulares de cada estudiante, la retroalimentación orientada a la mejora y el enfoque en el desarrollo integral de las personas son elementos fundamentales para la educación actual.
Lo anterior, sin embargo, no anula el valor de las evaluaciones cuantitativas. Con las condiciones adecuadas de validez, fundamentación y diseño, los exámenes son herramientas útiles para el diagnóstico y evaluación, especialmente cuando se tiene que realizar con poblaciones tan grandes como la de los estudiantes del Valle de México.
Ahora está el punto de la calidad uniforme en los diferentes planteles de educación media superior. Qué todos los profesores estén igual de preparados, que todas las instalaciones tengan la misma funcionalidad, que todos los programas sean igual de efectivos. Ese es el ideal, por supuesto, pero hay algunos aspectos que deben considerarse.
Para empezar, la educación media superior en México tiene una gran cantidad de subsistemas de distintos modelos y administración. Dentro del sector público, hay bachilleratos financiados y administrados a nivel federal, otros a nivel estatal. Luego están los autónomos, adscritos a alguna institución como el Instituto Politécnico Nacional o a la Universidad Nacional Autónoma de México. En el modelo educativo, tenemos bachilleratos generales, bachilleratos tecnológicos y los colegios orientados a la formación técnica profesional.
En su momento, cada subsistema de educación media superior fue creado para atender a un segmento de la gran demanda de aspirantes a acceder a la educación media superior. Y esa es la cuestión, frente a la gran demanda de espacios y la cantidad limitada de planteles, la solución fue implementar una selectividad para que, los estudiantes que demostraran una mejor trayectoria y conocimientos, pudieran ser los primeros en escoger la institución que más les convenciera.
La consecuencia lógica es que hubo algunas escuelas que, por prestigio o tradición, limitaron sus ingresos a los mejores estudiantes. Otras escuelas se crearon para captar a los menos aventajados y ofrecerles alternativas para que continuaran sus estudios, ya sea para formarse como trabajadores o acceder a estudios profesionales.
La propuesta actual es que ahora, para que no se necesite el examen y no queden de manifiesto las desigualdades académicas, ahora los estudiantes de la zona metropolitana ingresarán al plantel que quede más cerca de su casa. Esto lleva a varios cuestionamientos: ¿Qué se haría en las zonas donde hay gran cantidad de aspirantes y muy pocas escuelas? ¿y en el caso contrario? ¿Y en las zonas de alta marginación urbana? Porque recordemos que hay municipios y alcaldías de la Zona Metropolitana hay una gran desigualdad en lo referente a pobreza, servicios públicos, transporte y seguridad. La propuesta funcionaría en un supuesto donde todas las áreas urbanas estuvieran en igualdad de condiciones socioeconómicas.
Y lo que no se ha discutido aquí tiene que ver con los estudiantes. Como se ha dicho, la perspectiva actual está centrada en la atención a las necesidades y condiciones particulares en el aprendizaje de cada estudiante. La medida de adscribirlos a la escuela más cercana a su vivienda no se traduce en mejorar sus aprendizajes y atención ¿por qué un estudiante con inclinación a los estudios técnicos tendría que ceñirse al bachillerato general cerca de su domicilio cuando su opción preferida está al otro lado de la ciudad?
Estas preguntas todavía no tienen respuesta porque no existe una medida concreta para llevarla a cabo. Construir más escuelas puede ser parte de la solución, pero no se ha abordado la heterogeneidad administrativa de este tipo de educación y mucho menos, la desigualdad socioeconómica de los estudiantes como los grandes obstáculos para la implementación.
Las evaluaciones o exámenes de selectividad no son una solución perfecta, pero, con todo, resultan mucho menos arbitrarios que escoger a qué tipo de educación vas a acceder solo por el lugar en el que vives. Tal vez algún listo piense mudarse justo a un lado de una preparatoria de la UNAM para garantizar su ingreso. La mala noticia es que las preparatorias de la UNAM y otras universidades tienen sus propios criterios de selectividad y no están obligadas a adoptar las medidas federales.
La desigualdad educativa, tan pronunciada en México, es lo que sin duda constituye la falla estructural que queda expuesta con las medidas de selectividad e ingreso. La propuesta más completa para mejorar la educación media superior en México no consistiría en eliminar exámenes o construir muchas escuelas. Si queremos hacer que “todas las escuelas sean igual de buenas”, primero hay que conseguir que todos los servicios públicos tengan la misma calidad para todos los ciudadanos. Mejores profesores, mejores administradores, mejores políticas, mejor gestión y menos simplificaciones. Ese sí sería un cambio educativo genuino.
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