El gobierno mexicano ya usa inteligencia artificial para decidir a quién fiscalizar, a quién evaluar como riesgo, a quién resolver un trámite. Y no existe ninguna ley que regule cómo debe usar esa herramienta, ni qué debe poder explicar.
Eso no es solo una laguna académica: es un vacío que vuelve esas decisiones legalmente vulnerables, impugnables ante un juez. El gobierno está decidiendo hoy con una herramienta que, si alguien la lleva a tribunales, tendría serias dificultades para defender. Y mientras eso no pasa, el riesgo lo carga el ciudadano.”
Por qué el vacío es jurídicamente grave
- El gobierno sí tiene facultad legal para fiscalizar, vigilar, resolver trámites. Eso no está en duda.
- Lo que no tiene es una sola norma que diga cómo debe usar un algoritmo para ejercer esa facultad, ni qué debe poder explicar cuando lo hace.
Aquí está el fundamento jurídico exacto, no una interpretación libre: existe una tesis de jurisprudencia mexicana —“Fundamentación y Motivación de los Actos Administrativos”— que establece que una decisión de autoridad es insuficientemente motivada cuando las razones que da son tan escasas que le impiden al ciudadano conocer plenamente los elementos que se consideraron para decidir. El estándar, derivado del artículo 16 constitucional, exige que el afectado pueda conocer “el por qué” con detalle suficiente para poder controvertir esa decisión.
La consecuencia es directa: si el criterio real detrás de una decisión de gobierno es un algoritmo que nadie puede explicar del todo, esa decisión difícilmente cumple ese estándar. Es, en los términos que ya usa el propio derecho mexicano, un acto impugnable.
También hay que reconocer que ningún tribunal mexicano ha aplicado todavía este estándar a un caso de inteligencia artificial. Es un argumento sólido, respaldado por doctrina especializada, pero es una tesis — no un precedente ya sentado. Eso no lo debilita: significa que el riesgo existe desde ahora, aunque nadie lo haya litigado todavía.
Los riesgos concretos para el ciudadano:
1. Decisiones que nadie puede explicar del todo. Si el sistema tiene un sesgo o un error, hoy no hay norma que obligue a explicarlo ni corregirlo.
2. Sin ruta clara para defenderse. La persona afectada casi nunca sabe que un algoritmo participó en la decisión, y no hay procedimiento para impugnarlo específicamente por esa razón.
3. Datos sensibles sin gobernanza. Reportes especializados documentan que estos sistemas ya procesan información fiscal, de seguridad e incluso clasificada, sin estándares públicos de auditoría.
4. Vacío institucional adicional. Desde 2025, las funciones del extinto INAI en protección de datos del sector público pasaron a una unidad dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reacomodo que, según especialistas, todavía tiene tareas pendientes de definición.
El ciudadano carga hoy con el riesgo de un sistema que el propio gobierno no podría defender del todo si alguien lo llevara a juicio. No digo que el gobierno esté actuando fuera de la ley cada vez que usa inteligencia artificial. Lo que digo es que está tomando decisiones con una herramienta que, si alguien las impugna, el propio gobierno tendría serias dificultades para defender ante un juez. Ese vacío no lo carga el gobierno, lo carga el ciudadano, que hoy no sabe cuándo un algoritmo decidió por él. No se trata de frenar la tecnología. Se trata de cerrar, antes de que alguien pague el costo, un vacío legal que ya sabemos que existe y nos puede dejar vulnerables.
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