Me sorprende la ingenuidad con que muchas personas tienden a creer en la propaganda de Claudia Sheinbaum y quieren verla como opción “moderada”, “seria”, “de izquierda moderna” que anticiparía, si ganara la elección de junio próximo, un gobierno razonable y democrático capaz de enderezar las muchas insensateces de su predecesor y revertir su clara tendencia autoritaria.
Algunas de estas personas son hoy altamente críticas de lo que ha sido el gobierno de la 4T, manifiestan su decepción y se dicen “traicionadas” por el Presidente y su grupo. Pero quieren creer en Claudia.
El caso de algunos empresarios que se alinean fervorosamente con la candidata del Presidente, es notable. Al parecer, no alcanzan a leer los riesgos de otro sexenio de Morena en la presidencia de la República.
¿De dónde sacan semejante optimismo? Si bien es verdad que en reuniones con distinguidos empresarios mexicanos vinculados al CCE y Coparmex en el Club de Industriales, o con empresarios estadounidenses convocados por The American Society of Mexico, a puerta cerrada Sheinbaum les dijo que ”queremos que crezca el bienestar y la inversión extranjera directa” prometiendo impulsar la inversión privada y las energías limpias, haciendo votos por una estrecha relación entre el empresariado y el gobierno, también les dejó claro que su gobierno sería de continuidad respecto al actual y éste es el quid del asunto: ¿Qué implica hacer un gobierno de continuidad con el actual? Usando las palabras de Claudia: ¿qué significa poner “el segundo piso” de la llamada Cuarta Transformación? Analicemos esto con seriedad:
En primer término hay que dejar claro lo que ha sido “el primer piso” de la 4T. En resumen: 1) La destrucción del entramado institucional del estado, al amparo de una ficticia reducción del gasto gubernamental en la llamada “austeridad republicana” proclamada por el Presidente (la realidad es que este gobierno gasta más que cualquier gobierno en sexenios anteriores, pero gasta peor -Ver Nexos, “El Mito de la Austeridad”, Oct.2023); 2) La acentuada concentración del poder en manos del Presidente, quien actúa caprichosamente ignorando groseramente a la Constitución, a la oposición, a la sociedad civil y a los mecanismos legales de transparencia y rendición de cuentas (regresándonos a los años recios del presidencialismo imperial mexicano anterior a 1990); 3) El empeño presidencial de extinguir, hacer inoperantes o controlar directamente a los otros poderes de la República (Legislativo y Judicial) y a los diversos organismos autónomos desarrollados en los últimos 40 años precisamente para ponerle contrapesos y evitar abusos del poder Ejecutivo (o de cualquier otro poder) en perjuicio de la ciudadanía, el estado de derecho y la democracia (INE, TRIFE, INAI, CNDH, COFECE, IFETEL, CRE, etc.); 4) El incremento del poder de las bandas criminales, que controlan ya -según reportes de inteligencia de EEUU- cerca del 40% del territorio nacional al amparo del slogan presidencial (a la delincuencia, “abrazos, no balazos”) convertido en política pública de inacción policial y que tiene asolados a millones de transportistas, comerciantes, agricultores, empresarios, mujeres y jóvenes, en lo que es ya el sexenio más violento de la historia de México después de la Revolución y la Guerra Cristera; 5) En brutal contradicción con el punto anterior, tenemos la profunda militarización de la vida pública, cuando el Presidente le ha otorgado a las Fuerzas Armadas una participación destacadísima no sólo en asuntos de seguridad pública vía la Guardia Nacional, sino en diversas actividades que deberían estar a cargo de profesionales civiles y donde no se justifica la intervención militar: la construcción de obras públicas (aeropuertos -AIFA, Tulum-, Tren Maya, Ferrocarril Interoceánico), la administración de Aduanas, la operación del Banco del Bienestar (con cientos de sucursales), la operación de una línea aérea (Mexicana), construcción y administración de hoteles, distribución de fertilizantes y remodelación de hospitales (y reitero: pero las bandas criminales operan a sus anchas); 6) El lanzamiento de la Nueva Escuela Mexicana como gran iniciativa de revolución educativa notable por el adoctrinamiento ideológico marxista a maestros y niños y la reducción de contenidos en Matemáticas, Ciencias e Historia; 7) Un desastre en el sistema nacional de salud pública que ha dejado a más de 30 millones de personas sin cobertura de atención médica que antes sí tenían y el desmantelamiento del sistema de abasto de medicinas que ha causado alrededor de 200,000 muertes que habrían sido evitables y mucho sufrimiento a quienes no mueren pero carecen de los fármacos que les son necesarios (y la “MegaFarmacia del Bienestar” es un cuento que, al momento, ha surtido 67 pedidos de más de 13,000 que ha recibido). Con decir esto es suficiente y supera con creces alguna cosa buena ocurrida en este sexenio.
Si este ha sido “el primer piso” de la 4T, ¿qué nos espera para el segundo? Conviene poner atención al documento de Morena llamado “Proyecto de Nación 2024-2030: Por la radicalización de la transformación desde las bases” (https://morenademocracia.mx/proyecto-de-nacion-2024-2030/ ), sobre todo porque Claudia Sheinbaum, entre discurso y discurso, deja claro su alineamiento con este proyecto, enfatizando su compromiso hacia la configuración de un Poder Judicial “popular” alineado con los ideales del morenismo y la destrucción de los contrapesos institucionales que han sido el fundamento de nuestra vida democrática. Entrando en detalles, el proyecto de nación morenista después de destacar “los logros del sexenio actual” (sic), declara como propósito fundamental “la ruptura profunda del sistema político mexicano y la construcción de un régimen político verdaderamente democrático” en que “el pueblo asuma el papel protagónico”. Para ello, se pretende “promover una plataforma antineoliberal, antifascista, anticolonial y antipatriarcal, […]”, siguiendo la inspiración y guía de “[…] las luchas de Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, la juventud rebelde del 68, el movimiento del EZLN, el pueblo movilizado de Atenco, la fuerza combativa sindical del SME y la CNTE, la defensa del voto en 2006, la construcción del obradorismo, la dignidad de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y el movimiento feminista…”. Ya nomás este párrafo debe resultar aterrador para cualquier ciudadano que valore los derechos constitucionales todavía vigentes y el orden político democrático que con tantos esfuerzos pudimos lograr los mexicanos para tener elecciones reales, libres y competidas. ¿O cómo debemos interpretar eso de “una ruptura profunda del sistema político” inspirados en las luchas de guerrilleros marxistas o maoístas y los desmanes organizados por grupos distinguidos por querer subvertir “el orden burgués” que incluye el respeto a la propiedad privada, a las leyes y el ejercicio de diversas libertades civiles?
El documento aclara su afán de construir una democracia popular (que no es la democracia liberal –“burguesa”-), “desde abajo”, a cargo del pueblo auténtico (que no implica a todos los mexicanos -excluye a los de clase media y alta – y que no se concibe propiamente como ciudadanía). Para ello, desarrolla 18 ejes temáticos de los que comento lo que me parece más relevante:
El primer eje habla de “La Revolución Política”: Del pueblo contra “las oligarquías”, promoviendo los movimientos sociales “con los ideales de la izquierda histórica” “para cerrarle el paso a la derecha”. Se quiere convocar a “un nuevo Congreso Constituyente que afirme el poder popular” “y revierta el daño de las reformas neoliberales y antisociales de las últimas décadas”. El segundo se refiere a la “Revolución Económica, Laboral y Fiscal” que plantea “el reconocimiento de que la riqueza es de todas y todos y se produce colectivamente”. Para ello, se pretenden entre otras cosas, poner impuestos progresivos a “[…] las herencias, a las viviendas abandonadas y a los latifundios improductivos”, suspender el pago de la deuda externa, del FOBAPROA, PIDIREGAS y del “rescate carretero”; “desarrollar una robusta política industrial desde el estado”; y hacer una reforma laboral “contra las políticas neoliberales”, que implica desaparecer el régimen de contratación por honorarios y avanzar en un sistema de pensiones para una jubilación digna (que sería onerosísima tanto para empresarios como para el estado). En materia de “Redistribución y Bienestar Social” se busca impulsar el desarrollo de empresas cooperativas, favorecer a las pymes e incrementar los programas sociales del bienestar. Sobre todo, “establecer control de rentas para la vivienda en zonas urbanas. Incrementar los programas públicos de vivienda y regular a profundidad el descontrol de las grandes empresas inmobiliarias. Se habla también de fortalecer “la educación para la revolución de las conciencias”, que implica el impulso de la Nueva Escuela Mexicana en la línea definida en los polémicos libros de texto de la SEP, y el fortalecimiento de las escuelas Normales, donde se impulse la formación ideológica del magisterio para asegurar una educación auténticamente “popular y democrática” compatible con la revolución política y económica de los dos primeros ejes.
A partir de estos fundamentos, el proyecto se sigue abriendo hacia “un gobierno feminista” que “elimine al patriarcado como estructura de dominación”, abra espacio a los jóvenes con el establecimiento de un “salario patriótico universal para la población joven de 15 a 29 años” y una revolución en los medios de comunicación “para arrebatárselos a las oligarquías” mediante “una reforma profunda en materia de telecomunicaciones” que impulse “la formación popular” y “consolidar e incrementar el presupuesto al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con el fin de establecer un potente canal de investigación y difusión mexicano de alcance internacional”. En materia de “Soberanía y Transición Energética”, además de “fortalecer el cambio en la matriz energética e impulsar la generación de energía hidroeléctrica” se plantea la ampliación del uso de energías verdes, y llama la atención “garantizar la distribución del Gas Bienestar en todo el país”, “garantizar la autosuficiencia en gasolinas” y “continuar con la política de no otorgar concesiones a mineras y prohibir la fracturación hidráulica”. El documento se cierra con “Latinoamérica unida e independiente frente a Washington”, en que plantea fortalecer “un proyecto contrahegemónico” para evitar que EEUU “siga tratando a nuestra región como patio trasero”.
Como se aprecia, el proyecto morenista se alinea muy bien con el llamado “Socialismo del siglo XXI” del Foro de Sao Pablo. Y sabemos que los países que han seguido este camino se han arruinado económica, política y socialmente. ¿Eso queremos para México? Que el que tenga oídos para oír, que oiga.
Contacto:
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