Lo ocurrido en días recientes en Hermosillo, con la muerte ya de seis personas tras recibir sueros vitaminados, no es un caso aislado. Es una alerta para todo el país.
La Fiscalía de Sonora ya investiga. Pero lo más relevante no está solo en la investigación, sino en lo que revela: la ausencia de protocolos claros para alertar de inmediato a la población ante riesgos sanitarios de este tipo.
En México ha crecido una industria paralela de la salud. Un sector que, en su versión formal, supera los 54 mil millones de dólares anuales, pero donde una parte importante opera en la informalidad, sin supervisión efectiva.
Sueros, terapias de bienestar y tratamientos “alternativos” se ofrecen en ciudades de todo el país. Se promocionan en redes sociales, se recomiendan entre conocidos y se venden como soluciones rápidas para sentirse mejor.
Y ahí está el problema. Muchos de estos servicios operan sin reglas claras: sin personal certificado, sin control sobre los insumos y sin protocolos médicos adecuados. Mientras no pasa nada, parecen inofensivos. Pero cuando algo falla, el riesgo es alto. Hoy, en Hermosillo, ese riesgo ya se convirtió en tragedia.
Las cifras lo confirman: autoridades han asegurado millones de productos milagro y cientos de toneladas de insumos ilegales. No es marginal. Es un mercado amplio, rentable y difícil de controlar.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la autoridad?
La realidad es que el Estado va detrás del problema. Actúa, pero casi siempre después: investiga cuando hay víctimas y clausura cuando detecta irregularidades, pero no alcanza a prevenir. Y además, no cuenta con mecanismos eficaces de alerta inmediata para proteger a la población en tiempo real.
Regular este mercado no es sencillo. No son hospitales ni clínicas formales. Son servicios que operan en espacios privados, cambian de lugar y se mueven con rapidez, muchas veces desde redes sociales.
Pero también hay que decirlo: este mercado crece porque hay demanda. Cada vez más personas buscan soluciones rápidas para su salud o su apariencia, sin verificar quién ofrece el servicio ni en qué condiciones.
Por eso, lo de Hermosillo debe entenderse como una advertencia nacional. La salud no puede tratarse como cualquier producto de consumo.
Se necesita una respuesta más clara: mayor supervisión, protocolos de alerta inmediata, reglas más estrictas e información accesible para la población.
Pero también algo básico: sentido común. Preguntar, verificar y desconfiar de lo “milagroso”.
Porque en salud, lo rápido y lo fácil puede salir muy caro. Lo ocurrido en Hermosillo deja una lección directa: cuando la salud se mueve sin control, deja de ser solución. Se convierte en riesgo.
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