No cabe duda de que la expansión urbana ha incrementado la presión sobre los recursos naturales en diversas regiones del mundo. Uno de los más afectados sin duda es el agua. Este hecho demuestra la urgencia de implementar políticas públicas especializadas para garantizar la sostenibilidad de este recurso de cara al futuro. Al igual que el resto de los países, México tiene que hacer frente a este reto, pues las proyecciones de crecimiento poblacional indican que la demanda de agua será cada vez mayor y, por ende, la disponibilidad de recursos hídricos será más limitada.
En nuestro país, la Constitución establece que los municipios son los responsables de proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población;1 sin embargo, la realidad muestra que esto no es suficiente, ya que los gobiernos locales deben buscar alternativas para superar las barreras financieras, técnicas y operativas que dificultan la provisión de un servicio de calidad. A esto debe sumarse la presencia de índices de cobranza en donde en promedio en México, sólo uno de cada tres litros de agua suministrados se pagan. Esto limita, en gran medida, la cuota de ingresos disponibles por parte de los Organismos Operadores de Agua a nivel nacional.2
Ante este escenario, surge la pregunta sobre cómo garantizar que el servicio de agua potable y saneamiento sea eficiente y sostenible si hay un contexto adverso, principalmente en materia financiera, que limita la implementación de soluciones puntuales. La experiencia de otros países nos permite observar que es posible ejecutar proyectos importantes en favor de las y los ciudadanos cuando se consideran tres elementos generales: 1) un enfoque de desarrollo socioambiental; 2) la integración de los proyectos como parte de planes sectoriales de desarrollo; y 3) el apoyo en mecanismos de inversión entre el sector público y privado.
Algunos ejemplos de éxito son el Sistema de Saneamiento y Alcantarillado de Masaya en Nicaragua, donde se construyeron, rehabilitaron e instalaron estaciones de bombeo e infraestructura para la red de alcantarillado local. Gracias a ello, se fortaleció el acceso a infraestructura para el suministro de agua potable a nivel nacional. Por otro lado, el Sistema de Potabilización de Aguas Residuales de Singapur, se posicionó como un pionero en el desarrollo de proyectos hídricos a nivel internacional. Se espera que para 2025 se pueda satisfacer el 40% de la demanda nacional de agua potable por medio del tratamiento de aguas residuales.
Afortunadamente, nuestro país también cuenta con un mecanismo de financiamiento para el desarrollo de proyectos en materia de agua potable y saneamiento urbano a nivel subnacional. Se trata del Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), implementado a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) de BANOBRAS y con el soporte técnico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Este tiene como finalidad destinar recursos federales para el desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica a nivel municipal, intermunicipal y estatal.
Existe un conjunto de ciudades objetivo que se manifiestan como nichos de oportunidad para generar proyectos de infraestructura en materia de agua y saneamiento en México. Estas ciudades y sus respectivas Zonas Metropolitanas -Chihuahua, Puebla y Morelia- se destacan por su potencial en cuanto a modelos de gestión y operación, marcos jurídicos aplicables como leyes y normas en materia de gestión hídrica, así como criterios de eficiencia física y comercial alineados al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el PROMAGUA. De manera general, los problemas que se estarían atendiendo son los altos costos para proveer el servicio de las comunidades más aisladas, así como la disponibilidad, abastecimiento y saneamiento de agua potable.
El reto en materia hídrica es enorme, así como la búsqueda de mecanismos de financiamiento que permitan ejecutar los proyectos de atención a la población. Por ello, resulta conveniente lo siguiente:
- Instaurar mecanismos más rigurosos en el cobro del servicio de agua potable y saneamiento;
- brindar capacitaciones en materia de financiamiento y presupuestación; y
- crear nuevos programas de financiamiento.
Lo anterior permitirá fortalecer la estrategia para apoyar el desarrollo de infraestructura de servicios de agua potable y alcantarillado en localidades con mayor rezago, así como mejorar la gestión bajo un enfoque de desarrollo integral3 de las cuencas y de sitios de extracción de agua para disminuir el impacto ambiental4.
1Acorde con el artículo 115 Constitucional, los municipios tienen a su cargo los siguientes servicios públicos: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
2En 2019 los Organismos Operadores de Agua cobraron en promedio solo el 75% del volumen de agua suministrado.
3Entiéndase por ‘desarrollo integral’ como una visión de desarrollo paralelo en tres frentes: social, económico y ambiental.
4Nota basada en el policy brief “Ciudades Sostenibles: propuestas para el desarrollo de servicios públicos | Sistemas Urbanos de Agua Potable y Saneamiento” publicado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (2022). Obtenido de:
https://www.ethos.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/Ciudades-Sostenibles-Agua.pdf
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