El decreto que emitió hace unos días el presidente López Obrador para “blindar” sus proyectos estratégicos, es tan ilegal como los narcóticos ilegales. No se espante, estoy usando la hipérbole como recurso narrativo, pero el decreto es ilegal y voy explicar las razones.
El pasado lunes 22 de noviembre se publicó este decreto en el Diario Oficial. El texto ordena que los proyectos y obras del gobierno federal (aeropuerto Felipe Ángeles, refinería Dos Bocas, Tren Maya y lo que el presidente añada y quiera) son declarados de “interés público” y “seguridad nacional”, “estratégicos” y “prioritarios”, y por tal motivo se “blindan” contra trabas administrativas.
El presidente invoca la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89 constitucional en su fracción primera. ¿Qué lugar ocupa este “decreto” dentro de la jerarquía normativa nacional? Como usted sabe, el pináculo del sistema jurídico es la constitución y los tratados en materia de derechos humanos. En un segundo nivel están los tratados internacionales en general, y en un tercer nivel, ocupando la misma jerarquía, tenemos al derecho federal, por un lado, y a los derechos de los Estados, por otro lado. En un nivel todavía inferior estarían los reglamentos, que son emitidos por el presidente de la república o por los gobernadores, según se implementen para mejor proveer en la esfera administrativa federal o estatal.
El decreto del presidente Obrador no es ni siquiera un reglamento. Es un simple y vil acuerdo. No digo “vil” en sentido peyorativo, sino para hacer énfasis en su muy menor jerarquía normativa. Vaya, es prácticamente una circular. Y el problema no es ese. El problema es que a través de este “decreto” el presidente quiere dejar sin efecto el derecho administrativo de la federación. Eso es ilegal como las anfetaminas, o incluso más. ¿Por qué? Porque todo proyecto gubernamental requiere, por ley, permisos, revisiones y dictámenes en lo administrativo, en su viabilidad, en la cuestión ambiental, sanitaria, demográfica, etcétera, y además es susceptible de vulneran garantías y derechos de terceros y de comunidades enteras. Este “decreto” obliga a todas las dependencias y agencias federales a autorizar provisionalmente, “fast track”, y sin revisión alguna, en el plazo de cinco días hábiles, los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras del presidente. Si transcurre el plazo de cinco días sin que la autoridad resuelva, se entiende que autoriza. Desde el punto de vista jurídico esto es tan ridículo que nadie debería reír. Podría hacer nugatorio el juicio de garantías.
Aclaro que lo que estoy diciendo no tiene que ver con las obras insignia de este gobierno. Personalmente veo con beneplácito el Tren Maya, tengo dudas sobre Dos Bocas y me parece un capricho la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que supuestamente se canceló por tremenda corrupción, pero no hay nadie en prisión por esos hechos, sino, al contrario, muchos de los contratistas que construían Texcoco, además de ser prolijamente indemnizados, ahora están participando en los mega proyectos presidenciales. Pero eso es otro tema. Lo que me interesa destacar es el desprecio al Estado de Derecho que supone este “decretazo”.
El presidente Obrador es muy dado a “decretar”. He visto decretos malos y chirriantes, como aquel de 23 de abril de 2020 (en su momento lo comenté), según el cual, para salir avante en la pandemia, se iban a crear “por decreto” al menos dos millones de empleos para antes de que terminara aquel año. Todos sabemos que no se crearon esos empleos. Al contrario, se perdieron millones. Aquel “decreto” fue producto de la fantasía y muestra lo ridículo que puede llegar a ser el presidencialismo mexicano (no lo digo por Obrador, sino por todos los presidentes mexicanos que son siempre abusivos y ególatras: nacionalizan por decreto, privatizan por decreto, “crean” empleos por decreto, regulan la paridad por decreto, se dan a sí mismos honores, pensiones y seguridad por decreto… etcétera).
Yo entiendo que el presidente Obrador sienta frustración al ver cómo las trabas administrativas y los amparos ralentizan sus proyectos, y tampoco soy tan ingenuo para pensar que muchas de esas trabas y amparos son utilizados por quienes se oponen a dichos proyectos, con la intención de que fracasen y para hacer ver mal al presidente. Pero la forma de combatir este, digamos, “boicot jurídico”, no es un “decretazo” al estilo de república bananera que rompa la jerarquía normativa. Ahí está la normatividad que rige la administración pública federal, y todas esas leyes no pueden ser pasadas por alto a través de una circular o acuerdo del presidente, pues la facultad reglamentaria nunca permite al jefe del ejecutivo ir más allá de las leyes.
Y no solo este “decreto” va más allá de las leyes federales, a las cuales de facto deroga, sino también se alza contra la constitución. Mire usted que por mandato constitucional toda obra, todo proyecto, toda acción, todo lo que haga el gobierno federal debe ser absolutamente público y transparente, y solo podrá ser reservada información por razones de interés público y seguridad nacional (artículo 6, A, I). Este “decretazo” es un cheque en blanco, pues faculta al presidente para decir de manera discrecional y sin rendir cuentas a nadie, cuáles de sus obras, acciones y proyectos son de interés público y seguridad nacional, no solo Felipe Ángeles, Dos Bocas y Tren Maya, sino prácticamente cualquier obra o proyecto que el presidente quiera. El “decreto” es una estaca clavada en el corazón de la transparencia, y, por tanto, un salvoconducto a la corrupción, que, según el presidente, es lo más horrible que existe en el planeta.
El presidente dice con mucha frecuencia algo que sus seguidores recitan de memoria: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, pero el “decreto” mismo está al margen de la ley, y de facto ensalza a Obrador por encima de la ley. Es cuestión de tiempo para que la Suprema Corte de Justicia lo declare anticonstitucional.
Y para terminar, ¿se ha preguntado por qué México está desde siempre estancado, sumido en la violencia, la corrupción y la pobreza? Si es usted simpatizante de Obrador, en automático dirá que por culpa de los conservadores neoliberales, y si usted es de los que no soporta a Obrador dirá, también en automático, que es por culpa de él. A ese nivel está la discusión, la obcecación y la polarización. La historia de México muestra una y otra vez que siempre hay culpables del fracaso perenne: los realistas en la Independencia, los conservadores en la intervención francesa y en la Reforma, los extranjeros, terratenientes y empresarios en la Revolución; la oposición durante el régimen priísta; y ahora los malvados neo-liberales. Es muy fácil señalar culpables cuando tus políticas no funcionan. Insisto, no lo digo por el actual presidente, sino por todos.
En mi opinión, y ya escribiré sobre ello más adelante –estoy preparando un texto grande y sustancioso–, el verdadero problema de nuestro país es el régimen presidencial. La historia no se cansa de mostrarnos que cuando el poder político se concentra tanto en una persona, las posibilidades de abuso, estupidez y error crecen exponencialmente. El régimen presidencial permite a los sujetos que han sido presidentes “decretar” como dioses y gobernar como demonios. Mientras exista nuestro presidencialismo, los mexicanos seguiremos siendo víctimas del abuso, la sinrazón y la prepotencia, y el país seguirá sumido en la desgracia.
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