El ilegal decreto de López Obrador

El régimen presidencial permite a los sujetos que han sido presidentes “decretar” como dioses y gobernar como demonios.

25 de noviembre, 2021

El decreto que emitió hace unos días el presidente López Obrador para “blindar” sus proyectos estratégicos, es tan ilegal como los narcóticos ilegales. No se espante, estoy usando la hipérbole como recurso narrativo, pero el decreto es ilegal y voy explicar las razones.

El pasado lunes 22 de noviembre se publicó este decreto en el Diario Oficial. El texto ordena que los proyectos y obras del gobierno federal (aeropuerto Felipe Ángeles, refinería Dos Bocas, Tren Maya y lo que el presidente añada y quiera) son declarados de “interés público” y “seguridad nacional”, “estratégicos” y “prioritarios”, y por tal motivo se “blindan” contra trabas administrativas.

El presidente invoca la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89 constitucional en su fracción primera. ¿Qué lugar ocupa este “decreto” dentro de la jerarquía normativa nacional? Como usted sabe, el pináculo del sistema jurídico es la constitución y los tratados en materia de derechos humanos. En un segundo nivel están los tratados internacionales en general, y en un tercer nivel, ocupando la misma jerarquía, tenemos al derecho federal, por un lado, y a los derechos de los Estados, por otro lado. En un nivel todavía inferior estarían los reglamentos, que son emitidos por el presidente de la república o por los gobernadores, según se implementen para mejor proveer en la esfera administrativa federal o estatal. 

El decreto del presidente Obrador no es ni siquiera un reglamento. Es un simple y vil acuerdo. No digo “vil” en sentido peyorativo, sino para hacer énfasis en su muy menor jerarquía normativa. Vaya, es prácticamente una circular. Y el problema no es ese. El problema es que a través de este “decreto” el presidente quiere dejar sin efecto el derecho administrativo de la federación. Eso es ilegal como las anfetaminas, o incluso más. ¿Por qué? Porque todo proyecto gubernamental requiere, por ley, permisos, revisiones y dictámenes en lo administrativo, en su viabilidad, en la cuestión ambiental, sanitaria, demográfica, etcétera, y además es susceptible de vulneran garantías y derechos de terceros y de comunidades enteras. Este “decreto” obliga a todas las dependencias y agencias federales a autorizar provisionalmente, “fast track”, y sin revisión alguna, en el plazo de cinco días hábiles, los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras del presidente. Si transcurre el plazo de cinco días sin que la autoridad resuelva, se entiende que autoriza. Desde el punto de vista jurídico esto es tan ridículo que nadie debería reír. Podría hacer nugatorio el juicio de garantías.

Aclaro que lo que estoy diciendo no tiene que ver con las obras insignia de este gobierno. Personalmente veo con beneplácito el Tren Maya, tengo dudas sobre Dos Bocas y me parece un capricho la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que supuestamente se canceló por tremenda corrupción, pero no hay nadie en prisión por esos hechos, sino, al contrario, muchos de los contratistas que construían Texcoco, además de ser prolijamente indemnizados, ahora están participando en los mega proyectos presidenciales. Pero eso es otro tema. Lo que me interesa destacar es el desprecio al Estado de Derecho que supone este “decretazo”.

El presidente Obrador es muy dado a “decretar”. He visto decretos malos y chirriantes, como aquel de 23 de abril de 2020 (en su momento lo comenté), según el cual, para salir avante en la pandemia, se iban a crear “por decreto” al menos dos millones de empleos para antes de que terminara aquel año. Todos sabemos que no se crearon esos empleos. Al contrario, se perdieron millones. Aquel “decreto” fue producto de la fantasía y muestra lo ridículo que puede llegar a ser el presidencialismo mexicano (no lo digo por Obrador, sino por todos los presidentes mexicanos que son siempre abusivos y ególatras: nacionalizan por decreto, privatizan por decreto, “crean” empleos por decreto, regulan la paridad por decreto, se dan a sí mismos honores, pensiones y seguridad por decreto… etcétera).

 Yo entiendo que el presidente Obrador sienta frustración al ver cómo las trabas administrativas y los amparos ralentizan sus proyectos, y tampoco soy tan ingenuo para pensar que muchas de esas trabas y amparos son utilizados por quienes se oponen a dichos proyectos, con la intención de que fracasen y para hacer ver mal al presidente. Pero la forma de combatir este, digamos, “boicot jurídico”, no es un “decretazo” al estilo de república bananera que rompa la jerarquía normativa. Ahí está la normatividad que rige la administración pública federal, y todas esas leyes no pueden ser pasadas por alto a través de una circular o acuerdo del presidente, pues la facultad reglamentaria nunca permite al jefe del ejecutivo ir más allá de las leyes.

Y no solo este “decreto” va más allá de las leyes federales, a las cuales de facto deroga, sino también se alza contra la constitución. Mire usted que por mandato constitucional toda obra, todo proyecto, toda acción, todo lo que haga el gobierno federal debe ser absolutamente público y transparente, y solo podrá ser reservada información por razones de interés público y seguridad nacional (artículo 6, A, I). Este “decretazo” es un cheque en blanco, pues faculta al presidente para decir de manera discrecional y sin rendir cuentas a nadie, cuáles de sus obras, acciones y proyectos son de interés público y seguridad nacional, no solo Felipe Ángeles, Dos Bocas y Tren Maya, sino prácticamente cualquier obra o proyecto que el presidente quiera. El “decreto” es una estaca clavada en el corazón de la transparencia, y, por tanto, un salvoconducto a la corrupción, que, según el presidente, es lo más horrible que existe en el planeta.

El presidente dice con mucha frecuencia algo que sus seguidores recitan de memoria: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, pero el “decreto” mismo está al margen de la ley, y de facto ensalza a Obrador por encima de la ley. Es cuestión de tiempo para que la Suprema Corte de Justicia lo declare anticonstitucional. 

Y para terminar, ¿se ha preguntado por qué México está desde siempre estancado, sumido en la violencia, la corrupción y la pobreza? Si es usted simpatizante de Obrador, en automático dirá que por culpa de los conservadores neoliberales, y si usted es de los que no soporta a Obrador dirá, también en automático, que es por culpa de él. A ese nivel está la discusión, la obcecación y la polarización. La historia de México muestra una y otra vez que siempre hay culpables del fracaso perenne: los realistas en la Independencia, los conservadores en la intervención francesa y en la Reforma, los extranjeros, terratenientes y empresarios en la Revolución; la oposición durante el régimen priísta; y ahora los malvados neo-liberales. Es muy fácil señalar culpables cuando tus políticas no funcionan. Insisto, no lo digo por el actual presidente, sino por todos. 

En mi opinión, y ya escribiré sobre ello más adelante –estoy preparando un texto grande y sustancioso–, el verdadero problema de nuestro país es el régimen presidencial. La historia no se cansa de mostrarnos que cuando el poder político se concentra tanto en una persona, las posibilidades de abuso, estupidez y error crecen exponencialmente. El régimen presidencial permite a los sujetos que han sido presidentes “decretar” como dioses y gobernar como demonios. Mientras exista nuestro presidencialismo, los mexicanos seguiremos siendo víctimas del abuso, la sinrazón y la prepotencia, y el país seguirá sumido en la desgracia.

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En fin, la denominación de “testamento político” es absurda, máxime que fue escrito en un pequeño pedazo de papel*. Y bueno, hablemos de México, en el que Antonio López de Santa Ana, en su testamento dictado el 29 de octubre de 1874, en sus cláusulas vigésima octava, vigésima novena y trigésima, expone, declara y refiere situaciones que tienen que ver con su  imagen ante la Nación. Pide que se divulgue públicamente su testamento para “destruir la propaganda de sus enemigos” relativas a su supuesta fortuna, así como también manifiesta que desde 1821 había servido a su patria “con esmero y lealtad”.  Anteriormente a este testamento, López de Santa Ana emitió un decreto el 16 de diciembre del año de 1853 por el que además de hacer saber que deberá llamársele "Alteza Serenísima"; que  quedaría en su cargo de presidente y "por todo el tiempo que lo juzgue necesario", también hizo saber: "Art 1. Se declara que por voluntad de la nación... "2. 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En realidad, la historia ha demostrado que no pasan de ser deseos sin ningún alcance jurídico.  Por lo anterior, prestarle atención a López Obrador con esta ridiculez, solo nos desvía, una vez más, de los grandes problemas que sigue sufriendo nuestro país en materia de salud, seguridad, economía e infraestructura, en fin, la lista sigue. *He aquí el famoso y venerado por sus fieles "testamento político" de Fidel Castro: “Al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande: la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero”." 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Justo después de recibir la dosis de refuerzo a efecto de combatir los estragos de la COVID y tras haber soltado su perorata mañanera sin cubrebocas (que siempre dura horas) medio ronco y agripado, El Único nos informó que siempre sí, que ómicron se había alojado en su organismo.  Lo que para El Supremo pintaba para ser un fin de semana de goce sin igual, paseando (de gira oficial) por las hermosas tierras nayaritas, pronto se convirtió en días de aislamiento en Palacio acompañado de Beatriz y sus canciones y poesías. Quizás debido a ello, no desaprovechó oportunidad para grabar hartos videos (también sin cubrebocas) desde su escritorio, donde lo mismo hablaba de una cosa que de otra, se tomaba sus tecitos de anís, se apuntaba con un termómetro digital la sien y hasta mandó llamar a los secretarios de Hacienda y Gobernación para que le sirvieran de animadores, importándole poco un posible y/o probable contagio de los colaboradores antes mencionados. El Licenciado recomendaba hace ya un tiempo no mentir, no robar y no traicionar para evitar el Coronavirus. Él ya lleva dos de tres caídas con dicho virus, vaya usted a saber por qué.  También esta semana Grupo Citi, en parte como plan de negocio y en parte porque ve a La Patria sumamente estable económica y políticamente y confiable como nunca, decidió que era momento de partir y más pronto que tarde, dejó a sus cuentahabientes tirados en espera de que aparezca algún comprador que se haga cargo de ellos, agarrando sus clientes más importantes, dos o tres camisas y poco más que cabía en la maleta.  Lo anterior, hizo que se relamieran los bigotes personajes tan afamados y queridos como Ricardo Salinas Pliego (sí, ese que pasa más tiempo peleándose en redes sociales que poniendo algo de orden en sus negocios, si no lo creen, revisen cómo andan sus pasivos), Carlos Hank González o “El Manitas” Javier Garza Calderón. Bueno, hasta Pablo Gómez se aventó a hablar del tema para decir que lo mejor, sería que el banco se lo quede alguien que no tenga uno. Así pues, ¿no quiere usted un banco? ¿O alguno de sus amigos o vecinos? Recuerde que, en el México de la tetransfromación, todo es posible.  Otros que traen pleito son el INE y el Gobierno desde todos sus frentes. El Instituto necio quiere anteponer la ley a los caprichos de El Único con respecto a su multimillonaria consulta de revocación. Y también Lorenzo y compañía quieren que les den dinero para llevar la pregunta de los sesenta y cuatro mil a todos los rincones de la nación. Del otro lado, ya salieron los paleros del régimen a tildar a los miembros del Instituto de gandallas, neoliberales, abusivos y demás por no querer organizar la farsa revocatoria nomás con la morralla que traen en los bolsillos. 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Ni Adán Augusto López ni el nuevo presidente, que eventualmente sería designado por el Congreso, tienen obligación legal ni tampoco moral de hacer caso a lo que AMLO haya escrito en su “testamento político”. López Obrador puede disponer de sus bienes, derechos y obligaciones que tenga como persona, pero jamás podrá disponer del destino del país, de su gobernabilidad, de proyectos, de su sustituto, ni nada relativo a su cargo, por lo que su dicho es una tomadura de pelo. Existen antecedentes, documentos “post mortem” que se han llegado a reconocer como “testamentos políticos”. Uno de ellos lo fue la carta que dictó Francisco Franco para después de su muerte en la que agradecía, ofrecía disculpas y exponía pensamientos de “unidad”. 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En fin, la denominación de “testamento político” es absurda, máxime que fue escrito en un pequeño pedazo de papel*. Y bueno, hablemos de México, en el que Antonio López de Santa Ana, en su testamento dictado el 29 de octubre de 1874, en sus cláusulas vigésima octava, vigésima novena y trigésima, expone, declara y refiere situaciones que tienen que ver con su  imagen ante la Nación. Pide que se divulgue públicamente su testamento para “destruir la propaganda de sus enemigos” relativas a su supuesta fortuna, así como también manifiesta que desde 1821 había servido a su patria “con esmero y lealtad”.  Anteriormente a este testamento, López de Santa Ana emitió un decreto el 16 de diciembre del año de 1853 por el que además de hacer saber que deberá llamársele "Alteza Serenísima"; que  quedaría en su cargo de presidente y "por todo el tiempo que lo juzgue necesario", también hizo saber: "Art 1. Se declara que por voluntad de la nación... "2. Que para el caso de fallecimiento o imposibilidad física y moral del mismo actual presidente, podrá escoger sucesor, asentando su nombre en pliego cerrado y sellado y con las restricciones que creyere oportunas, y cuyo documento con las debidas precauciones y formalidades se depositará en el Ministerio de Relaciones”. De los antecedentes de los llamados "testamentos políticos" parece que López Obrador está emulando al de López de Santa Ana,  quien pretendió dejar a su sucesor con instrucciones de gobernabilidad para después de su muerte. Es evidente que los llamados “testamentos políticos” solo son ocurrencias expresadas en papel por aquellos líderes antidemocráticos que piensan que sus ideas serán leídas y respetadas para después de su muerte. En realidad, la historia ha demostrado que no pasan de ser deseos sin ningún alcance jurídico.  Por lo anterior, prestarle atención a López Obrador con esta ridiculez, solo nos desvía, una vez más, de los grandes problemas que sigue sufriendo nuestro país en materia de salud, seguridad, economía e infraestructura, en fin, la lista sigue. *He aquí el famoso y venerado por sus fieles "testamento político" de Fidel Castro: “Al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande: la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero”." 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